Uribe defendió la operación Orión en la Comuna 13

El expresidente Álvaro Uribe hizo una nueva defensa ante las acusaciones por su presunto favorecimiento de grupos paramilitares en el marco de la operación Orión en la comuna 13 de Medellín, hechos por los cuales es investigado.

La paz de Medellín empezó a los pocos días de haber llegado yo a la presidencia, y ahora un sector politizado de la justicia al servicio de la extrema izquierda con un juez, antiguo guerrillero, dicen que quién, el presidente de Colombia que le dio la paz a Medellín cual criminal de la comuna 13”, dijó Uribe.

El senador del Centro Democrático agregó que "estamos enfrentando esto en todas partes, ya sabemos que es la justicia al servicio de la política y sabemos todo lo que están haciendo para maltratarnos”. (Vea también: Justicia muestra al uribismo como una empresa criminal: Óscar Iván Zuluaga ).

Entretanto, el Centro Democrático se pronunció a través de un comunicado y aseguró que las grabaciones reveladas en distintos medios de comunicación “confirman que en Colombia hay persecución sistemática contra la oposición política por parte de algunos sectores de la justicia”.

“Un notable grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en lo que a personas cercanas al uribismo se refiere, opera como órgano político, guiado por la "conveniencia" y no por el derecho y, por lo tanto, sus decisiones en tales casos constituyen actos de persecución”, señala un aparte del comunicado. (Vea también: La operación Orión fue un gran servicio para Medellín: Álvaro Uribe ).

Dice también que el alto tribunal no podrá ser juez imparcial del expresidente Uribe y que este violó “el debido proceso en las condenas contra Diego Palacio, Sabas Pretelt, Alberto Velásquez, Andrés Felipe Arias, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera, así como con la detención ilegal de Luis Alfredo Ramos”.

Este es el comunicado completo

Las grabaciones a la Corte Suprema de Justicia que nunca fueron ordenadas por el gobierno del Presidente Uribe, pero que ahora han sido reveladas a través de los medios de comunicación, confirman para quien tuviera dudas que en Colombia hay persecución sistemática contra la oposición política por parte de algunos sectores de la justicia.

Dichas grabaciones confirman que:

1. Un notable grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en lo que a personas cercanas al uribimos se refiere, opera como órgano político, guiado por la "conveniencia" y no por el derecho y, por lo tanto, sus decisiones en tales casos constituyen actos de persecución.

2. La Corte Suprema de Justicia nunca ha sido ni será jamás juez imparcial del Presidente Uribe, su familia o los exfuncionarios de su gobierno. Es imposible ser imparcial respecto de la persona contra quien algunos magistrados planearon dar un golpe de Estado.

3. La Corte Suprema de Justicia ha violado el debido proceso en las condenas contra Diego Palacio, Sabas Pretelt, Alberto Velásquez, Andrés Felipe Arias, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera, así como con la detención ilegal de Luis Alfredo Ramos. Además de las fallas procesales propias de cada uno de estos casos, las grabaciones ratifican los motivos políticos que animaron a varios miembros de la Corte en sus decisiones.

4. Las grabaciones tiñen de ilegitimidad no sólo las decisiones de los magistrados de la época, sino la credibilidad institucional de la Corte misma, por cuanto los magistrados actuales que no ostentaban la magistratura en aquel momento, de todas maneras fueron elegidos por los mismos que conspiraron contra el presidente Uribe y su gobierno. Si ser antiuribista era requisito para ser elegido Fiscal ad hoc en la llamada "Yidispolítica," es de inferirse que con más veras lo fue para todos los magistrados elegidos posteriormente por la misma corporación golpista.

5.  En vista de que algunos magistrados de la Corte Suprema actúan como partido político cuando juzgan a los exfuncionarios del gobierno Uribe, reclamamos que quienes han sido condenados por ella no sólo accedan a una segunda instancia, como lo exige el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino a una primera instancia en derecho, que claramente nunca tuvieron.

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