Sigue el pulso político por la objeción de la ley estatutaria de la JEP

A más tardar el próximo lunes se conocerían las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Entre tanto, su partido, el Centro Democrático, contrató una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para tomar el pulso sobre el tema en la opinión pública.

Según el sondeo, el 22% de los ciudadanos consultados considera que el jefe de Estado debe objetar la ley totalmente, y otro 25% de forma parcial, es decir algunos artículos.

Conforme al sondeo, el 40 por ciento está de acuerdo con la sanción de la norma para que se convierta en ley de la República. Dice el uribismo que el 48 por ciento de los encuestados tiene una opinión desfavorable de la JEP, frente a un 40 por ciento con opinión favorable.

El tratamiento de penas por delitos contra menores, la ausencia de cárcel para abusadores, que no haya penas privativas de la libertad para responsables de narcotráfico y la posibilidad de que los reincidentes mantengan los beneficios, serían las principales razones de la preocupación ciudadana frente a la JEP.

Le puede interesar: Martha Lucía Zamora renunció a su cargo en la JEP

El expresidente Álvaro Uribe anunció esta semana que su partido tramitará ocho reformas ante el Congreso para corregir estos y otros temas.

¿Cuál es el escenario para la ley estatutaria de la JEP?

Una vez se concrete la objeción por inconveniencia a la ley estatutaria, la iniciativa regresará al Congreso donde tendrá que someterse a votación en las plenarias de Cámara y Senado, requiriendo mayoría absoluta.

El exmagistrado Juan Manuel Charry explicó que como la norma ya surtió la revisión de constitucionalidad en la Corte, el asunto se convierte en un tema de carácter netamente político.

Por lo anterior, hay dos escenarios: que el Congreso acoja las objeciones y tumbe esos artículos, o que las rechace obligando a la sanción vía presidente o vía Congreso.

¿Qué dicen los otros partidos?

El Partido Conservador ya decidió respaldar las objeciones en temas puntuales y los liberales dicen que el único camino posible debe ser que el primer mandatario sancione la ley, pero otras colectividades aún no definen una posición definitiva sobre el asunto.

La senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, señaló que hay falencias en algunos temas, como el logro de excluir de penas alternativas los delitos sexuales contra menores, “lo que deja un mal sabor y ha hecho que la norma pierda respaldo popular”.

Sin embargo, la parlamentaria reconoció que “no es fácil tomar una decisión, ante la incertidumbre en la que podría quedar buena parte del procedimiento y el piso jurídico del acuerdo de paz”, por ello su partido se reunirá para analizar los distintos escenarios.

Cambio Radical tampoco tiene una decisión de bancada, pero en principio varios congresistas consultados señalan que apoyarán aquello que coincida con las preocupaciones expresadas por el fiscal general de la Nación.

Los sectores alternativos (Alianza Verde, Farc, Polo Democrático, UP y Colombia Humana) se opondrán a cualquier tipo de objeción que haga el presidente, pues advierten que podría quedar en una especie de limbo la Jurisdicción Especial de Paz y consideran que la Corte Constitucional ya dio la última palabra.