Terremoto judicial por escandalosa red de corrupción con senadores y magistrados

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló este martes que la justicia de Estados Unidos le entregó pruebas que implican a tres congresistas y dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia en una gigantesca red de corrupción en Colombia.

Los congresistas Hernán Andrade (Partido Conservador) y Musa Besaile (Partido de La U), el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y los exmagistrados Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Francisco Ricaurte, estos tres expresidentes de la Corte Suprema, entre los salpicados.

Según explicó el fiscal Martínez, recibió una serie de conversaciones entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el exfiscal anticorrupción Luis Moreno, en donde mencionan “solicitudes de sumas de dinero o pagos que se habrían hecho con intervención o conocimiento de los referidos abogados, en el ejercicio de su profesión, con anterioridad en el año 2017”.

El fiscal reveló que, en las conversaciones que le entregó Estados Unidos, el abogado Leonardo Luis Pinilla menciona los nombres de los aforados Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos, entre otros y el de los exmagistrados José Leónidas Bustos, Camilo Tarquino y Francisco Ricaurte.

Según las evidencias obtenidas por el ente de investigación, los ofrecimientos de sumas de dinero tienen relación con procesos ante la Corte Suprema de Justicia contra aforados constitucionales.

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Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Eugenio Fernández Carlier, confirmó que el fiscal le entregó un documento con las conversaciones grabadas en junio de 2017, por lo que se atribuyen “conductas de corrupción a los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos Martínez y Francisco Javier Ricaurte Gómez.

Así las cosas, el presidente del alto tribunal dice que remite el documento a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de investigar a los aforados.

En el caso de los exmagistrados, “se ocupará inmediatamente una Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal”.

Finalmente, la Corte le pide a la Comisión de Acusación de la Cámara que “obre con prontitud, diligencia y absoluto rigor”.

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