Fiscal Martínez radica proyecto de ley para combatir la corrupción

El proyecto de ley que radicó en la Cámara de Representantes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, contiene medidas para sancionar eficazmente la corrupción y herramientas procesales para facilitar la investigación y judicialización de los corruptos.

La propuesta de la Fiscalía General de Nación busca que, a través de una ley, se actualice los procedimientos para enfrentar y castigar las formas de corrupción existentes y las que han sido descubiertas en los últimos meses.

Estas son las medidas que propone la Fiscalía:
 

1. En primer término, la medida propone la penalización de nuevas formas de criminalidad o adecuaciones de los delitos existentes frente a la gravedad de las conductas que hoy no tienen sanciones condignas.

2. Se penaliza la omisión de denuncia cuando los particulares no adviertan de delitos de corrupción de los que tengan conocimiento.

3. Se sanciona a las personas que sirvan de testaferros, es decir que presten su nombre para adquirir u ocultar bienes con dineros procedentes de la corrupción.

4. Se penaliza a los profesionales (contadores, revisores y jefes de control interno) que presten sus servicios para evitar la identificación o rastreo de propiedades o dinero que tengan origen ilícitos.

5. Contadores, revisores y jefes de control interno que sospechen de un acto de corrupción, en desempeño de sus funciones, deberán reportarlo a la UIAF. De no hacerlo estarán expuestos a penas que van entre los tres (3) y seis (6) años de cárcel.

6. Se tipifica como concierto para delinquir agravado las actuaciones articuladas contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. En este punto, además de multas, se propone cárcel de 8 a 18 años.

7. Se proponen penas privativas de la libertad para los delitos en los que se divulguen documentos e información reservada, o se utilice indebidamente información privilegiada o asunto sometido a reserva, que en la actualidad son sancionados con multa.

Asimismo, el proyecto de ley se encarga de establecer sanciones en función de la gravedad del delito, de las que se carece en la actualidad, haciendo irrelevante la lesividad de la conducta.

Frente a los fenómenos que se han venido advirtiendo que afectan la administración de justicia, el ente acusador propone tipificar como delito autónomo la manipulación del reparto judicial, imponer pena privativa de la libertad para la violación de la reserva judicial y aumentar las penas para que el poder disuasivo de las mismas sea más efectivo.

Sobre la financiación de las campañas y nuevos instrumentos procesales, la Fiscalía advierte la necesidad de introducir algunas reformas.

Sanción a corruptos

En esta iniciativa será duramente castigados no solo los funcionarios públicos sino también civiles y profesionales que resulten involucrados en hechos en lo que se comprometen dineros de la nación.

Así las cosas, si usted como ciudadano no denuncia hechos de corrupción de los que tiene conocimiento podría ser castigado con el delito de omisión de denuncia que le podría dar una pena de hasta tres años de prisión.

Los profesionales (contadores o abogados) que no reporten hechos de corrupción de las entidades públicas o privadas para las que trabajan podrían enfrentar una pena de tres a seis años de prisión.

El castigo electoral

Las personas que sean encontradas con dineros durante la jornada de elecciones o incluso tres días antes de los comicios, serán sancionados con cárcel.

De igual forma, serán sancionadas la violación de los topes de aportes particulares en las campañas.

Una pena de hasta 12 años de cárcel, para el servidor que utilice su función o patrimonio público para apoyar campañas electorales.

El proyecto busca frenar que servidores elegidos por voto popular contraten o subcontraten con empresas o personas naturales que financiaron campañas políticas del respectivo nivel administrativo.

Enriquecimiento ilícito

El ente investigador propone una dura sanción para los servidores públicos que aumenten su capital con actividades ilegales, así los que superen en 100 salarios mínimos su fortuna, recibirán un aumento en la mitad de la pena, es de circulación, de pagar diez años de prisión, quedaría en 15 años.

Lo mismo para quienes sean acusados del delito de cohecho la pena aumentará en un 50% cuando el valor del cohecho sea mayor a 100 salarios mínimos.

Este proyecto será discutido en la nueva legislatura del Congreso quién tendrá la última palabra para que pueda ser implementado.

Este es el proyecto completo: