La Contraloría General le pidió al fiscal general, Nestor Humberto Martínez, que investigue los delitos que habrían sido cometido por parte de funcionarios de la Gobernación de Sucre, así como por parte de médicos y funcionarios de una IPS que participaron en el ‘cartel de la hemofilia’, en donde se efectuaron pagos irregulares con falsos pacientes por más de 2.900 millones de pesos.
BLU Radio tuvo acceso a documentos, entre ellos dos carta enviadas por el contralor general, Edgardo Maya, al fiscal Martínez, el 21 de diciembre del año pasado y el pasado 19 de enero, en las que pide al fiscal que “en el marco de sus competencias se determinen si las situaciones evidenciadas comportan incidencia penal y se inicien, en caso de proceder, las investigaciones correspondientes con mayor celeridad”.
Se trata de un hecho de la mayor gravedad, pues significa en plata blanca, que usando pacientes falsos, se robaron $2.900.778.500 del sistema general de participaciones del departamento de Sucre, dinero que pudo haber salvado centenares de vidas de pacientes que no contaron con esos recursos para sus tratamientos.
El “modus operandi” de esta organización delictiva es muy similar al que implementaron en el departamento de Córdoba, y se utilizó entre el 2012 y el 2015, mientras fue gobernador de Sucre el veterano exsenador Julio César Guerra Tulena y está marcado en el expediente: “hallazgo 38: Pago tratamientos y medicamentos hemofilia y/o Von Willebrand”, catalogadas como enfermedades huérfanas, es decir, con una prevalencia de una entre 5 mil personas.
Dice el documento de la Contraloría: “en las vigencias 2012, 2012, 2013, 2014 y 2015, la Gobernación del departamento de Sucre reconoció y autorizó el pago por 2.900.778.500 a la IPS identificada con el NIT 812.008.XXX (los tres últimos números los omite el informe mientras tiene el documento definitivo) y representada legalmente por la persona identificada con cédula de ciudadanía 92.558.XXX por el trámite integral y suministro del medicamento para el tratamiento de la hemofilia y la enfermedad de Von Hillebrand de siete pacientes que no padecen ese tipo de coagulopatías y un paciente diagnosticado con hemofilia que no requiere tratamiento profiláctico”.
Luego viene la relación de pagos con cédulas, años y explican los cinco tipos de documentos que utilizó la IPS para hacer los recobros a la Gobernación y posteriormente la actuación de la Contraloría, que dice que le solicitó a las EPS Coosalud, Comfacor, Mutual Ser, Coomeva, Comfasucre, Comparta y Nueva EPS, que informaran si los ocho pacientes por los que se hicieron los recobros irregulares, habían sido diagnosticados con hemofilia y/o enfermedad de Von Hilldebrand.
Las respuestas fueron demoledoras: Coosalud dijo que el paciente en mención es “no diagnosticado, no identificado como hemofílico”; Saludvida dijo que sus pacientes “no hacen parte de programa de atención integral para hemofilia y otras coagulopatías asociadas a déficit de coagulación y Coomeva reportó a la Contraloría: “en nuestra base de datos de coagulopatías no se encuentran relacionados los pacientes”.
En otro caso se falsificó un acta expedida por un médico autorizando el tratamiento contra la hemofilia y otra inconsistencia con un paciente al que le modificaron misteriosamente su tipo de hemofilia de tipo A a B.
Agrega el documento: “la Gobernación de Sucre reconoció y autorizó el pago por ocho presuntos pacientes con hemofilia y/o Von Hilldebrand, con soportes presuntamente falsos, toda vez que no han sido diagnosticados por ninguna EPS, ni se evidencia que hayan recibido tratamiento para este tipo de enfermedades asociadas a la coagulación, sin embargo, la IPS identificada con el NIT 812.008.XXX presentó documentos presuntamente falsos e hizo recobros durante esas vigencias al departamento de Sucre”.
Concluye señalando que “no existen elementos que justifiquen el gasto realizado por la Gobernación de Sucre en las vigencias 2012 a 2015 para reconocer el tratamiento integral y suministro de medicamentos a estas personas”.
Detenidos por cartel de la hemofilia en Córdoba
El exsecretario de Salud de Córdoba Alfredo Aruachán Narváez, el epidemiólogo y exsecretario encargado Alexis Gaines Acuña y la médica auditora Marcela Sofía Suárez Luna.
También el exsecretario de Salud Edwin Preciado Lorduy, el auditor médico Juan David Náder Chejne y el funcionario de la misma secretaría Alfredo Ceballos Blanco.
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