Las maniobras para modificar ilegalmente los POT en Cundinamarca

BLU Radio conoció en exclusiva la denuncia completa presentada por el senador Carlos Fernando Galán al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno sobre irregularidades en los Planes de Ordenamiento Territorial de Cundinamarca, las cuales sólo comenzaron a ofrecer resultados luego de la captura del funcionario inmerso en un escándalo de sobornos con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.

El asunto tiene que ver con un lote ubicado en Mosquera, el cual pasó de ser un predio rural en 2006 a una zona de expansión urbana en 2009, en la que estaba previsto el desarrollo de más de 12 mil viviendas mediante el llamado plan parcial Rosales.

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La transformación se desprende del Acuerdo 028 de 2009, sancionado en enero de 2010 por 13 concejales del mencionado municipio, tras una convocatoria hecha por el alcalde de la época, Álvaro Rincón.

Esa norma permitió cambiar el trazado y ampliar la vía Tomás Cipriano de Mosquera, asegurando su paso por los predios del alcalde Rincón y elevando el avalúo del terreno de 1.200 a 3.800 millones de pesos.

El interés ilícito y evidente del exmandatario se demostraría en las pruebas aportadas por Galán, según las cuales el concejal Víctor Castellanos habría servido como intermediario recibiendo dos cheques por una comisión cercana a los 40 millones de pesos en medio de una estrategia que incluyó la firma de promesas de compraventa por valores distintos al inspector de Policía de Mosquera, William Romero Castro, a la esposa del mandatario Edith Rocío Peñuela Contreras y al ingeniero Ernesto Pinto Salazar, quien de acuerdo con los documentos allegados a la Fiscalía obtuvo contratos por más de 20 mil millones de pesos con el municipio entre 2008 y 2011.

El objetivo, que era sobrevaluar el predio y cambiar el uso del suelo de manera arbitraria mediante esos cambios de comprador y tenedor del lote, habrían terminado con la modificación del POT en el Concejo y el favorecimiento a los intereses de Álvaro Rincón. La última palabra la tiene ahora la Fiscalía.