Un accidente de tránsito en el que iban 30 menores se registró este jueves en el municipio de Lourdes, en Norte de Santander. Todos resultaron lesionados y uno de ellos presenta heridas de gravedad.En desarrollo.
Una visita de inspección realizada en Bucaramanga por el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, dejó en evidencia presuntas irregularidades en la entrega de medicamentos por parte de dispensarios que atienden a usuarios de EPS en la capital santandereana.Según denunció el funcionario, durante los recorridos encontraron medicamentos almacenados en cajas dentro de las instalaciones, mientras cientos de pacientes continúan enfrentando demoras y negativas en la entrega de sus tratamientos.El superintendente aseguró que esta situación hace parte de un “modelo fracasado” en el que, según afirmó, a algunas EPS y gestores farmacéuticos les resulta más rentable retrasar la entrega de medicamentos y tratamientos.“Que a la gente no se le nieguen las medicinas, que las EPS cumplan su misión, pero además que cumplan la ley. La salud es una orden constitucional y un derecho humano”, afirmó Quintero durante su visita a los dispensarios.El funcionario señaló que la Superintendencia de Salud prepara nuevas medidas sancionatorias contra las entidades que incumplan con la entrega oportuna de medicamentos, especialmente en casos de menores de edad y pacientes con enfermedades de alto riesgo.“Un niño que pierda la vida por la falta de una medicina ya no será simplemente un dato más. Esto va a tener consecuencias penales, disciplinarias y fiscales. Vamos a ser implacables”, advirtió.Durante la jornada de inspección, Quintero aseguró que evidenciaron cambios inmediatos en la atención apenas comenzó la presencia de las autoridades.“Cuando llegábamos había cinco o seis personas atendiendo, pero después ya estaban los 20 cubículos funcionando. Es decir, si no tienen la presión encima, no atienden”, cuestionó.El superintendente calificó como “la carrera de la muerte” las largas filas y madrugadas que deben enfrentar los usuarios para intentar acceder a sus medicamentos.“El resultado es gente haciendo fila desde las cinco de la mañana, corriendo por su vida para ver quién alcanza medicina y quién no”, sostuvo.Uno de los testimonios que conoció la Superintendencia fue el de Marta Eugenia Parra, usuaria de la Nueva EPS afectada por la falta de entrega de medicamentos para tratar múltiples patologías crónicas.“Siempre me decían que no había medicamentos, pero hoy con la visita del superintendente sí hubo. Me revisaron los pendientes y me dijeron que me enviaban los medicamentos a la casa, aunque eso siempre nos lo dicen y nunca llega nada”, relató la paciente.La mujer aseguró que actualmente recibe atención de siete especialistas debido al deterioro de su salud por enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, insuficiencia renal, osteopenia y neuropatías.Según denunció, durante meses tuvo que comprar por su cuenta algunos medicamentos básicos, mientras otros tratamientos de alto costo, como la insulina, le resultaban imposibles de adquirir.“La insulina vale entre 800 mil y un millón de pesos. No tengo cómo comprarla y me dejaron avanzar la enfermedad porque nunca me la entregaban”, afirmó.Marta Eugenia también señaló que medicamentos como la empagliflozina, formulada para controlar el azúcar en la sangre, solo le fue entregada por primera vez después de un año de espera, mientras que otros tratamientos continúan pendientes.La Superintendencia Nacional de Salud anunció que continuará adelantando operativos de inspección y vigilancia en diferentes regiones del país para verificar el cumplimiento en la entrega de medicamentos y evitar nuevas afectaciones a los usuarios del sistema de salud.
Las demoras en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS en Santander tendrían un alivio en los próximos días tras los acuerdos alcanzados entre el interventor Jorge Iván Ospina y los principales dispensarios farmacéuticos del departamento.El compromiso fue anunciado durante la visita de Ospina a Bucaramanga, quien sostuvo reuniones con Offimédicas, Disfarma y Cafán para garantizar mayor abastecimiento y mejorar la oportunidad en la dispensación de fórmulas médicas.De acuerdo con el interventor de la Nueva EPS, con los operadores farmacéuticos se pactó mejorar la oportunidad en los pagos y garantizar una cobertura superior al 90% en la dispensación de medicamentos en el mes de mayo.“Se acordó que en un plazo de ocho días los niveles de cumplimiento en la entrega de medicamentos estarán entre el 90% y el 100% en los diferentes puntos de distribución. Lebrija, Socorro y Bucaramanga son algunos de los puntos donde Offimédicas tiene dispensación y esos puntos van a estar al tope”, afirmó el funcionario.El interventor precisó que la prioridad será garantizar la entrega de fórmulas médicas recientes y tratamientos urgentes, teniendo en cuenta que muchos usuarios tienen pendientes reclamaciones de medicamentos formulados hace varios meses.“Queremos decirle a la ciudadanía que vamos a proveer lo actual, porque quizás alguien tenga recetas de hace cuatro o cinco meses, pero hoy la prioridad es atender lo agudo”, explicó.A esto se suma que desde la capital santandereana se abastecen regiones como la Costa Caribe, Antioquia, Caldas y Cauca, por lo que calificó como fundamental fortalecer las relaciones con los operadores farmacéuticos para evitar retrasos y normalizar el suministro de medicamentos.“Desde Bucaramanga se tienen provisiones farmacéuticas muy importantes para todo el país. Aquí están algunos de los proveedores más importantes de medicamentos de la Nueva EPS para el resto de Colombia”, aseguró Ospina.Finalmente, Ospina reconoció las actuales deudas que tiene con la red hospitalaria, principalmente con el Hospital Universitario de Santander, IPS con las que se comprometió a saldar cuentas y realizar pagos oportunos.
Un nuevo golpe contra las redes de narcotráfico del ELN propinaron el Ejército y la Policía Nacional tras ubicar un depósito ilegal con más de 14 toneladas de insumos químicos utilizados para el procesamiento de cocaína entre Santander y Cesar. El operativo fue realizado por tropas del Batallón de Infantería N.°14 Capitán Antonio Ricaurte, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, mediante una diligencia de allanamiento que permitió localizar el lugar donde eran almacenadas grandes cantidades de sustancias químicas.De acuerdo con información de inteligencia militar, el depósito pertenecería presuntamente al grupo armado organizado ELN y hacía parte de la red logística utilizada para abastecer laboratorios clandestinos dedicados a la producción de clorhidrato de cocaína en el sur del Cesar y otras zonas del nororiente del país."Durante el procedimiento, las autoridades encontraron más de 11.000 kilogramos de cloruro de calcio y cerca de 3.000 kilogramos de bisulfito de sodio, además de más de 2.500 galones de insumos líquidos como acetato de napropilo, xileno, isobutanol y cloruro de acetilo", dijo el coronel José Darío Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército. con sede en Bucaramanga. Según las autoridades, estos químicos tendrían capacidad para producir aproximadamente 11,3 toneladas de cocaína, lo que representa una afectación significativa para las finanzas y la capacidad logística de esa estructura armada ilegal.El Ejército indicó que con este resultado operacional se genera un impacto económico superior a los 325 millones de pesos contra las redes de narcotráfico del ELN, debilitando sus fuentes de financiación y el abastecimiento de laboratorios clandestinos.La ofensiva ocurre en medio del aumento de operaciones militares en departamentos como Cesar, Norte de Santander, Santander y Arauca, donde las autoridades han intensificado acciones contra economías ilegales relacionadas con narcotráfico, minería ilícita y extorsión, consideradas las principales fuentes de financiación de grupos armados organizados.
A menos de un mes del comienzo del Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, hay nuevas reglas que seguramente impactarán el desarrollo y el funcionamiento de los partidos, incluyendo los de la Selección Colombia.Medidas para combatir el racismo en el campo de juegoEl primer gran cambio es la llamada “Ley Vinícius”, una nueva norma que castigará a los futbolistas que se tapen la boca para conversar con rivales o árbitros. La medida surge porque era una práctica utilizada por algunos jugadores para evitar que les leyeran los labios cuando se referían a contrincantes o jueces. Toda la polémica alrededor de esta norma nació tras la desavenencia en Champions League entre Vinícius Júnior y el argentino Gianluca Prestianni, quien realizó un insulto racista contra el brasileño y posteriormente fue sancionado por la UEFA.En ese sentido, ningún jugador podrá taparse la boca para hablar con sus rivales o con el árbitro. Asimismo, a finales de febrero, la IFAB, organismo encargado de dictar las reglas del fútbol, anunció que a partir de la cita mundialista se sancionará a los jugadores que retrasen “deliberadamente” un saque de banda o un saque de arco. En el caso del saque de banda, el balón será entregado al rival; mientras que en el saque de puerta se concederá un tiro de esquina al equipo contrario.Estas reglas buscan darle mayor agilidad a los partidosConcretamente, si el árbitro considera que un jugador intenta perder tiempo en alguna de esas situaciones, iniciará una cuenta regresiva visual de cinco segundos, al término de la cual aplicará la sanción correspondiente. Esta regla ya se aplica actualmente cuando un arquero retiene el balón con las manos durante demasiado tiempo. En cuanto a los jugadores que finjan lesiones para perder tiempo, cuando el cuerpo médico ingrese al campo para asistirlos, deberán abandonar el terreno de juego y, si finalmente están en condiciones de continuar, no podrán regresar hasta un minuto después de la reanudación del partido.Relacionado con el manejo del tiempo, los jugadores dispondrán de diez segundos, una vez el árbitro anuncie el cambio, para abandonar el terreno de juego. En caso contrario, el sustituto deberá esperar un minuto en la banda y luego aguardar la siguiente interrupción del juego para ingresar. Además, la IFAB anunció que el VAR podrá intervenir cuando exista duda tras una segunda tarjeta amarilla mostrada a un mismo jugador o en acciones polémicas relacionadas con tiros de esquina.
El chance Paisita Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más populares entre los jugadores en Colombia, especialmente en Antioquia. Cada día, miles de personas consultan los resultados oficiales de este tradicional juego de azar, que se transmite a través de Teleantioquia y ofrece distintas modalidades de apuesta para los participantes.Resultado del Paisita Noche del 13 de mayo de 2026El resultado oficial del chance Paisita Noche de este miércoles 13 de mayo de 2026 dejó como número ganador el: 3752. Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar cuidadosamente sus tiquetes y confirmar cualquier premio únicamente en puntos autorizados.Estos fueron los resultados principales del sorteo:Dos últimas cifras: 52.Tres últimas cifras: 752.¿A qué hora juega el Paisita Noche?El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la fecha:De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números apostados deben coincidir exactamente con el resultado oficial anunciado y respetar el orden de izquierda a derecha.Modalidades de apuesta del Paisita NocheUno de los aspectos que mantiene la popularidad del Paisita Noche es la variedad de opciones de juego disponibles. Estas son las principales modalidades:Cuatro cifras directo o superpleno: el jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial.Combinado cuatro cifras: la apuesta gana si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden en el que salgan.Tres cifras directo: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: se gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras en el orden correcto.Una cifra o uña: el jugador gana si acierta la última cifra del sorteo.¿Cómo reclamar premios del Paisita Noche?El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios para todos los casos.Documentos básicos obligatoriosTodos los ganadores deben presentar:Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos según el valor del premiosPremios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el Formato SIPLAFT en un punto autorizado.Premios superiores a 182 UVT: también será necesaria una certificación bancaria a nombre del titular registrado en el tiquete. Este documento debe haber sido expedido con máximo 30 días de anticipación.El Paisita Noche continúa siendo una de las loterías más seguidas del país, gracias a la facilidad de sus apuestas y a las múltiples oportunidades de ganar que ofrece diariamente.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre las garantías de seguridad para los candidatos presidenciales de cara a la primera vuelta y aseguró que el Gobierno ha reforzado los esquemas de protección para todos los aspirantes a la Casa de Nariño.Las declaraciones se dieron luego de una alerta reportada por la campaña del candidato Abelardo De La Espriella durante un evento en Envigado, Antioquia, donde integrantes de su esquema de seguridad habrían identificado a un hombre armado en medio de la actividad política.“Del 8 de marzo para acá más de 460 policías se han ajustado en los esquemas de los candidatos, con más de 260 hombres de la UNP y 94 vehículos blindados. Además de ello, ha habido 450 eventos donde se han dado más de 11.400 hombres. Empezamos siete meses antes de que fueran candidatos”, aseguró el ministro.El jefe de la cartera política también rechazó señalamientos sobre una supuesta participación del Gobierno en actividades proselitistas. “El Gobierno no está haciendo campaña ni se han usado recursos públicos para constreñir el voto. No hemos presionado alcaldes, gobernadores o funcionarios públicos ni pedido el voto por alguien. Quien diga eso está jugando con la democracia”, sostuvo.La controversia surgió después de que la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, apareciera en una entrevista con un medio de comunicación haitiano hablando favorablemente del candidato Iván Cepeda. Durante la conversación, la diplomática aseguró que Cepeda “es un hombre bueno” y que “está con el pueblo”.Tras conocerse el video, el propio Cepeda rechazó cualquier intervención de funcionarios públicos en su campaña y pidió que se investigue.“De ser cierta esta información, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político ni en actividades de mi campaña electoral. Corresponde a las autoridades competentes investigar disciplinariamente si se ha incurrido en estas conductas”, escribió en su cuenta de X.
Usuarios de TransMilenio se llevaron una gata sorpresa en la tarde de este miércoles, 13 de mayo, cuando en una ruta que conectaba la Avenida El Dorado con el estadio El Campín apareció el cantante puertorriqueño Nicky Jam, quien rápidamente acaparó la atención de todos y generó congestión en un articulado que necesito apoyo de las autoridades.La noticio se viralizó al ver de manera sorpresiva al reconocido artista puertorriqueño en el articulado y compartiendo con sus fans, además que estaba como cualquier otro usuario sentado en el borde de una de las sillas.Durante el viaje, el interprete de canciones como "Travesuras", "Voy a beber", "Te busco", "Piensas en mí", entre otras, cantó varias de sus canciones y contó anécdotas al lado de su equipo hasta que llegó al coloso de la 57 en donde tendría un encuentro con la prensa como parte de la antesala de su concierto del próximo 6 de junio."Elegí Bogotá por ustedes, los fans"Llegó sobre las 3:00 de la tarde al estadio, en donde atendió a diversos medios de comunicación para hablar de lo que será este show en El Campín a inicios de junio. Allí, expresó su felicidad de estar en Bogotá y aeguró que se animó a hacer este concierto porque el mismo público se lo pidió."No es un secreto para nadie que Colombia me dio la segunda oportunidad de mi vida y de mi carrera, y lo único que tengo es gratitud por Colombia. La razón por la cual yo estoy en el Campín el 6 de junio es porque el público de Bogotá lo pidió, porque yo canté en el concierto de Ryan Castro, yo canté en el concierto de Belly, también canté en el concierto de Balvin, y después en las redes la gente empezó a escribir: Nicky Jam tiene que hacer un Campín, Nicky Jam, porque no sé si fue que le dio nostalgia a todos estos temas de la vieja escuela, Las gatas, marido, obviamente el perdón", dijo.La expectativa alrededor del espectáculo ha sido alta desde su anuncio, especialmente por tratarse de una gira enfocada en los grandes éxitos que marcaron una generación dentro del reguetón latino. El repertorio incluiría canciones emblemáticas que consolidaron a Nicky Jam como una de las figuras más importantes de la música urbana en español.El sold out de Nicky Jam en El Campín también confirma el buen momento que atraviesa Bogotá como epicentro de grandes conciertos internacionales. En los últimos años, artistas del género urbano han logrado llenar estadios y arenas en la capital colombiana, consolidando a la ciudad como una de las plazas más fuertes para el mercado latinoamericano.
Durante la décimo segunda edición del evento empresarial Innovation Land Summit, en Medellín, se alertó sobre la necesidad de que el Gobierno nacional atienda rápidamente la situación del diésel, a la que se suma el aumento de los precios internacionales.El presidente de ANDI, Bruce Mac Master, lanzó una advertencia sobre el crecimiento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), luego de que Ecopetrol revelara un aumento del 40 % en la deuda asociada a este mecanismo durante el primer trimestre de 2026.“Tenemos un déficit en este momento en el diésel que el Gobierno ha decidido no cubrir. Ese déficit ha venido creciendo y se nos presenta otro relacionado con el incremento de los precios internacionales. Ese es un ejercicio que toca atender lo más rápidamente posible para evitar que los acumulados se vuelvan inmanejables”, afirmó el líder gremial.Mac Master recordó que el país ya enfrentó una situación similar, cuando el saldo del fondo llegó a cerca de $37 billones, y aseguró que evitar un nuevo desbalance debe ser una prioridad fiscal.La alerta surge luego de que Ecopetrol reportara que la cuenta por cobrar del FEPC cerró marzo en $4,2 billones, es decir, $1,2 billones más frente al saldo de diciembre de 2025. Según la compañía, este incremento responde a las obligaciones causadas entre enero y marzo de este año.En medio de ese panorama, la petrolera anunció además un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para avanzar en el pago de parte de la deuda acumulada. El convenio contempla desembolsos por $1,6 billones correspondientes a obligaciones del primer trimestre de 2025, además del reconocimiento de costos financieros por el aplazamiento de esos pagos.
La presencia de hipopótamos en las ciénagas de Barrancabermeja volvió a encender las alarmas entre las comunidades y las autoridades ambientales. En las últimas horas, habitantes de la vereda Cuatro Bocas reportaron el avistamiento de un nuevo ejemplar en la ciénaga La Cira, donde incluso quedó registrado en video el comportamiento agresivo y territorial del animal frente a pobladores de la zona.El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, advirtió que la situación representa un alto riesgo para las comunidades cercanas, especialmente porque el hipopótamo se moviliza durante la noche por sectores donde hay presencia de taladros de Ecopetrol y áreas próximas a instituciones educativas.“El comportamiento del animal muestra señales de advertencia y territorialidad, lo que implica un espacio de peligro para las comunidades”, señaló el funcionario, quien además aseguró que el municipio solicitó al Ministerio de Ambiente priorizar a Barrancabermeja dentro de las medidas de control anunciadas por el Gobierno Nacional.Según Granados, ya son cuatro los hipopótamos avistados en las ciénagas San Silvestre, Opón y La Cira, situación que estaría generando graves afectaciones ambientales y económicas en la región.El secretario explicó que pescadores de la zona han dejado de ingresar a las ciénagas por temor a encontrarse con estos animales, mientras que especies nativas como chigüiros, nutrias y babillas han comenzado a desplazarse debido a la presencia de esta especie invasora.“Ya hay una alteración al ecosistema fruto de la presencia de esta especie invasora”, afirmó Granados, quien insistió en la necesidad de acelerar las decisiones frente a la captura o aplicación de medidas de “caza control”, mecanismo planteado recientemente por el Ministerio de Ambiente para controlar la expansión de estos animales en el país.Además, indicó que pescadores de la ciénaga del Opón reportaron hace más de 20 días el ingreso de otro hipopótamo por el sector de La Candelaria, lo que aumenta la preocupación de las autoridades ante la posibilidad de que más ejemplares lleguen a la zona de La Cira-Infantas.El funcionario aseguró que ya ofició al Ministerio de Ambiente, a la Corporación Autónoma Regional y a la Procuraduría Ambiental y Agraria solicitando acciones urgentes para evitar un accidente.“No podemos esperar a que haya una víctima. El principio de prevención y precaución busca evitar el daño y proteger la vida de nuestros niños y nuestras comunidades”, manifestó el funcionario.
A través de un comunicado oficial, Venezuela lamentó los hechos violentos de los últimos días que han dejado víctimas mortales y graves afectaciones para la población civil en el Catatumbo, según indican en el texto,En el documento, difundido por el canciller Yván Gil en su cuenta de la red social X, el país vecino asegura haber sido “sorprendido” por los recientes acontecimientos y rechazó cualquier acción armada que ponga en riesgo la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas.El pronunciamiento se conoce en medio del deterioro de la situación de orden público en el Catatumbo colombiano, después de que el ELN incendiara un bus en la vía Málaga–Pamplona, un ataque que se suma a otros dos casos registrados durante el último mes en corredores viales estratégicos que conectan a los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander.Hay que recordar que esta es una región estratégica, considerada uno de los principales corredores del narcotráfico y de operaciones de grupos armados ilegales.“El país ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano y observa con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera”, señala el comunicado.El Gobierno venezolano insistió además en que la paz y la estabilidad regional solo podrán preservarse mediante “mecanismos de entendimiento y respeto mutuo”, evitando acciones que puedan profundizar las tensiones o aumentar los riesgos para las poblaciones fronterizas.
Tropas del Ejército Nacional capturaron en el casco urbano de Yondó, Antioquia, a alias Tatú, señalado presunto cabecilla de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo.La operación fue adelantada por uniformados del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea N.° 2 Nueva Granada, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional.Según información de inteligencia militar, el capturado, de 35 años y con cerca de una década dentro de la organización ilegal, tendría injerencia criminal en Yondó y en las veredas Puerto Matilde y Cuatro Bocas. Además, frecuentaría municipios del Magdalena Medio como Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres.De acuerdo con el reporte oficial, alias Tatú sería el responsable de coordinar acciones armadas y dirigir sicarios al servicio de esa estructura criminal, además de estar vinculado con varios homicidios ocurridos en esa región del país.Las autoridades también lo señalan de liderar actividades de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en municipios del sur de Bolívar como San Pablo, Santa Rosa y Cantagallo, así como en Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja y Yondó.El Ejército aseguró que con esta captura se afectan las capacidades criminales y financieras del grupo armado ilegal, especialmente en actividades relacionadas con la adquisición de material de guerra y el reclutamiento forzado de menores en el Magdalena Medio.
Las autoridades de Santander intensificaron los operativos de seguridad en la vía que comunica a Málaga con Pamplona, luego de la quema de tres buses de una misma empresa de transporte de pasajeros en hechos atribuidos al ELN y que, según las primeras hipótesis, estarían relacionados con extorsiones contra la compañía transportadora.El más reciente ataque ocurrió en las últimas horas en el corredor vial entre la provincia de García Rovira y Norte de Santander, donde un bus de la empresa Concorde fue interceptado por hombres armados que obligaron a los pasajeros y al conductor a descender antes de prenderle fuego al vehículo.Aunque no se reportaron personas lesionadas, el hecho generó temor entre viajeros y transportadores que utilizan esta carretera estratégica para la conexión entre el oriente del país y la región del Catatumbo.Este nuevo caso se suma a otros dos ataques registrados durante la última semana en zonas limítrofes entre Santander y Norte de Santander, donde vehículos de servicio público y carga han sido incinerados en medio del recrudecimiento de las acciones armadas del ELN en el nororiente colombiano.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que las Fuerzas Militares ya adelantan operaciones para ubicar a los responsables.“Son dos hechos, dos situaciones. Una primera que sucede el 6 de mayo en Norte de Santander, frontera con Santander, donde queman dos vehículos. Y otra que sucede el día de ayer, donde queman un bus acá en Santander. Ya está reforzada, el comandante de la brigada nos informó que están realizando operaciones”, señaló el mandatario departamental.Según explicó el gobernador, las autoridades tienen información sobre la posible participación de cuatro hombres armados que se movilizan en dos motocicletas.“Tenemos la información que son cuatro bandidos que andan en dos motos y esperamos que los puedan capturar lo más pronto posible”, agregó.Frente a las hipótesis sobre un posible caso de extorsión contra la empresa afectada, Díaz indicó que ese tipo de acciones corresponden al modus operandi de esa guerrilla.“Seguramente es lo que ellos hacen. Ese es el modus operandi. Dejan extorsionar cuando no acceden a sus pretensiones. Entonces cometen actos terroristas para que estas personas tengan que pagar alguna cuota o como ellos lo llaman, impuesto revolucionario”, afirmó.El gobernador también advirtió que los recursos entregados a estructuras ilegales terminan financiando nuevas acciones violentas.“Dinero que se les dé a ellos es dinero que se utiliza para más actividades terroristas”, puntualizó.Ante el aumento de estos hechos, las autoridades reforzaron las alertas de seguridad en corredores estratégicos y en municipios con presencia histórica del ELN, especialmente en Barrancabermeja, la provincia de García Rovira y Coromoro.Además, la Gobernación de Santander mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a cabecillas de esa organización armada ilegal que delinquen en Santander.
En operativos realizados en Bucaramanga y Girón, unidades del GAULA de la Policía capturaron a dos hombres señalados de integrar una banda criminal dedicada a intimidar, torturar y desplazar a sus víctimas para obligarlas a entregar predios rurales en el área metropolitana.Las capturas se realizaron en el marco de la macrooperación 'Quarzo', adelantada por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, luego de un proceso investigativo que permitió recopilar pruebas sobre presuntos casos de secuestro extorsivo, desplazamiento forzado, tentativa de homicidio, tortura y porte ilegal de armas.De acuerdo con las autoridades, los detenidos estarían vinculados al menos a cinco casos de amenazas y presión violenta contra propietarios de terrenos, especialmente en la vereda Acapulco de Floridablanca, donde las víctimas eran obligadas a firmar escrituras o abandonar sus tierras bajo intimidaciones.El primer procedimiento judicial se llevó a cabo en el centro de Bucaramanga, donde fue capturado un hombre señalado de amenazar a un ciudadano para obligarlo a salir de su vivienda y entregar un terreno. Según la investigación, el hoy capturado utilizaba falsas referencias de pertenecer a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para generar temor entre las víctimas.De manera paralela, otro hombre fue detenido en zona rural de Girón. Las investigaciones indican que habría participado en agresiones físicas, amenazas y hechos de tortura contra personas que se negaban a entregar predios ubicados en la misma zona rural de Floridablanca.La Policía informó que el capturado registra antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de tortura y otros hechos violentos.El brigadier general William Quintero Salazar aseguró que las capturas hacen parte de las acciones para frenar estructuras dedicadas al despojo de tierras y a la intimidación de comunidades rurales del área metropolitana de Bucaramanga.
La Alcaldía de Bucaramanga manifestó su preocupación luego de que Findeter informara, durante una mesa de diálogo realizada con autoridades y comunidades del norte de la ciudad, que el proyecto de doble calzada La Virgen – La Cemento no sería considerado una vía nacional sino municipal, situación que, según el gobierno local, cambiaría las condiciones bajo las cuales se había planteado la financiación de la obra.La discusión se desarrolló en el colegio Maiporé, en el barrio Kennedy, donde participaron representantes de la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, comunidades del área de influencia y delegados de Findeter para revisar el estado del proyecto vial que busca mejorar la conexión entre Bucaramanga y Rionegro.El jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Jhon Manuel Delgado, aseguró que la nueva postura de Findeter tomó por sorpresa al municipio debido a que, según indicó, durante las mesas técnicas previas nunca se había planteado que el tramo fuera considerado una vía municipal.“Findeter ha anunciado y notificado que este tramo vial no es considerado como parte de una vía nacional, sino una vía municipal. Esto genera preocupación para el municipio de Bucaramanga porque hacemos parte de un comité técnico en el que esta consideración nunca se había planteado”, afirmó el funcionario.Delgado señaló que esta interpretación podría modificar la forma en que se espera financiar el proyecto y afectar el cierre financiero necesario para ejecutar la obra.“Pareciera que se busca generar una recomposición de la forma como se espera financiar el proyecto. Nosotros esperamos que al final logremos encontrar puntos de acuerdo para garantizar cómo le damos cierre financiero a la obra”, añadió.Desde la administración municipal insistieron en que la prioridad es sacar adelante una infraestructura considerada estratégica para mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las comunidades del norte de Bucaramanga y del municipio de Rionegro.“Si no encontramos puntos de acuerdo para la solución definitiva, definitivamente no vamos a lograr que las comunidades del norte de Bucaramanga y Rionegro estén conectadas y mejoren su calidad de vida”, puntualizó Delgado.Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que la reunión permitió avanzar en el diálogo institucional alrededor de una obra considerada clave para el área metropolitana.“Participamos en una mesa de diálogo para revisar el estado del proyecto vial La Virgen – La Cemento, una obra estratégica para el norte de Bucaramanga y el área metropolitana. Seguimos promoviendo el diálogo, la claridad y la gestión para sacar adelante los proyectos que necesita Santander”, expresó el mandatario departamental.Las declaraciones de Findeter también generaron críticas desde sectores ciudadanos. El veedor de contratación estatal, Rodrigo Fernández, calificó como “inaceptable” la posición de la entidad y aseguró que el tramo hace parte del Convenio 1113 de 2016, surgido tras el fracaso de la antigua concesión vial adjudicada por el entonces INCO, hoy ANI.Según Fernández, el proyecto incluso alcanzó a ser licitado antes de que el proceso fuera declarado desierto por presuntas irregularidades.“Findeter, como operador, no es competente para modificar el convenio ni disminuir las metas físicas del proyecto inicial”, afirmó el veedor, quien además recordó que otras obras urbanas como el tramo La Salle – El Palenque también hicieron parte de la concesión fallida.
La Alcaldía de Bucaramanga declaró la calamidad pública en el barrio Kennedy ante el riesgo inminente de colapso de varias viviendas afectadas por problemas estructurales y movimientos del terreno, situación que obligará a la evacuación de varias familias del sector.La decisión fue tomada luego de los informes técnicos realizados por la Oficina de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Infraestructura y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, en los que se advierte sobre el grave deterioro de algunas edificaciones y el peligro para sus habitantes.Didier Rodríguez, funcionario de Gestión del Riesgo, confirmó que la zona se encuentra en emergencia y que las familias afectadas deberán abandonar sus viviendas mientras se adelantan estudios y obras de mitigación.“Estamos en emergencia y las familias damnificadas deben desalojar los predios. Van a recibir subsidio de arriendo”, señaló el funcionario.Según explicó Rodríguez, la declaratoria busca atender de manera inmediata a 13 familias cuyas viviendas presentan afectaciones estructurales que podrían derivar en un colapso.“Esta declaratoria tiene como propósito poder brindar un apoyo a las 13 familias que tienen afectaciones en las estructuras de su vivienda, puntualmente con la entrega de unos subsidios transitorios de arriendo para que estas personas puedan evacuar y puedan encontrar otro lugar donde puedan habitar mientras se adelantan los estudios para determinar las causas y cuáles son las obras de mitigación que se requieren”, indicó.Las autoridades adelantan inspecciones técnicas para establecer el origen de las fallas en el terreno y definir las intervenciones necesarias para estabilizar la zona y evitar una tragedia.La emergencia vuelve a poner sobre la mesa la problemática de varios sectores de Bucaramanga construidos en áreas de alta vulnerabilidad geológica, especialmente durante temporadas de lluvias, cuando aumentan los riesgos de deslizamientos y afectaciones estructurales en viviendas ubicadas sobre laderas y terrenos inestables.Mientras avanzan los estudios, la Alcaldía reiteró el llamado a los habitantes del sector a acatar las recomendaciones de evacuación y priorizar la protección de la vida ante cualquier eventualidad.
Un bebé de apenas 40 días de nacido, diagnosticado con síndrome de Down y una cardiopatía congénita, murió el pasado 11 de mayo en el Hospital Universitario de Santander mientras esperaba ser trasladado a una clínica especializada para recibir atención de alta complejidad.La muerte del menor ha generado conmoción luego de que sus padres, Elio Cervantes y Ángela Quiroga, difundieran un video el pasado 9 de mayo en el que pedían ayuda urgente para lograr la remisión del bebé a una institución, donde pudieran practicarle un procedimiento ECMO, requerido debido al delicado estado de salud del niño.Según relataron los padres, el menor había sido remitido desde Málaga hasta Bucaramanga tras presentar una bronquiolitis severa. Una vez en el Hospital Universitario de Santander, los médicos le practicaron un ecocardiograma que evidenció una hipertensión pulmonar asociada a una cardiopatía congénita.“Llegando aquí al Hospital Universitario nos hacen un eco donde nos dan a conocer que el niño tiene una hipertensión pulmonar. El niño requiere un traslado urgente a la clínica cardiovascular de Bucaramanga”, manifestó el padre del menor en el video grabado dos días antes de su fallecimiento.La familia aseguró que el Hospital Universitario ya había gestionado la remisión y que existía un preaprobado por parte de la institución receptora, pero estaban a la espera de la autorización definitiva por parte de la Nueva EPS.“Estamos esperando que la Nueva EPS dé por finalizada la solicitud dando un visto bueno. El niño se está debatiendo entre la vida y la muerte y requiere de un procedimiento que se llama ECMO”, expresó Cervantes en el video.En el mismo mensaje, la madre del bebé aseguró que la negativa para recibir al menor estaría relacionada con temas económicos.“Dicen que no lo aceptan por cuestiones económicas. Entonces, por favor, ayúdenos a difundir este video para que mi hijo pueda recibir ese tratamiento y me lo puedan salvar porque si no le hacen ese procedimiento, el niño se puede morir”, afirmó entre lágrimas.De acuerdo con la familia, la clínica a la que inicialmente se solicitó el traslado habría pedido un anticipo económico para recibir al paciente. Posteriormente, se habría gestionado una remisión hacia Medellín el 10 de mayo; sin embargo, el estado de salud del bebé se agravó y finalmente falleció un día después.Frente a este caso, el interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, confirmó que existe una investigación en curso para esclarecer lo ocurrido y cuestionó que una institución médica condicionara la atención del menor a un pago anticipado.“Una malformación congénita cardiovascular no tiene por qué ser remitida a otra ciudad muy lejos del lugar de residencia y esto demanda una sensibilidad especial. Una institución de la propia Bucaramanga no lo atendió por falta de pago, pero no quisiera ponerlo en duda. Lo que quiero decir es que debe existir una sensibilidad de corazón”, afirmó.Ospina agregó que el caso será evaluado “hasta las últimas consecuencias” para determinar responsabilidades y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.“Todo bebé debe tener prioridad, incluso, por encima de los propios pagos”, puntualizó.
Las autoridades de Santander activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) ante el incremento de actos de violencia y alteraciones del orden público registrados durante actividades políticas en municipios del departamento, especialmente en Charalá y Guadalupe.La medida fue adoptada luego de los enfrentamientos, bloqueos y agresiones denunciadas por integrantes de la campaña política de Iván Cepeda, cuyos simpatizantes aseguraron haber sido atacados durante recorridos proselitistas realizados en la provincia Guanentina.En Charalá, ciudadanos bloquearon el paso de la denominada “Chiva por la Vida” y, según denuncias de la campaña, algunos participantes lanzaron piedras y portaban palos para impedir el ingreso de la caravana al municipio. Situaciones similares fueron reportadas en Guadalupe, donde también se presentaron hostigamientos contra vehículos y seguidores del movimiento político.La congresista electa por Santander del Pacto Histórico, Yolanda Silva, rechazó lo ocurrido en Charalá y aseguró que la situación es reflejo de la polarización política que vive el país.“Hoy fuimos víctimas en Charalá de la polarización política que ha generado la derecha en nuestro país. Hoy decimos: ¡basta ya!”, manifestó Silva, quien también afirmó que “la violencia política no puede seguir siendo noticia” y sostuvo que este tipo de acciones “no podrán parar este proyecto político”.La dirigente también denunció que la “Chiva por la Vida” fue detenida arbitrariamente, vulnerando, según indicó, el derecho al ejercicio democrático y a la participación política.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó que las autoridades ya adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido y establecer posibles responsables.“Estamos investigando la situación para tomar acciones”, señaló el funcionario, quien indicó que el PMU reúne a organismos de seguridad, autoridades locales y entidades del Estado con el fin de evaluar riesgos y garantizar la seguridad durante las actividades políticas en el departamento.La Gobernación de Santander manifestó preocupación por el aumento de episodios de intolerancia y confrontación en medio del ambiente preelectoral, por lo que hizo un llamado a respetar las garantías democráticas y evitar hechos que puedan derivar en nuevos actos de violencia.Los recientes incidentes ocurren en medio de una creciente polarización política en varias regiones del país, situación que ha llevado a las autoridades a reforzar los esquemas de seguridad y el monitoreo de actividades públicas y concentraciones políticas en Santander.Organismos como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fuerza Pública participan en el seguimiento de los hechos para evitar nuevas alteraciones del orden público y garantizar el desarrollo pacífico de las campañas políticas en el departamento.
La Policía capturó a 23 presuntos integrantes de la estructura delincuencial ‘Los Vetri’, señalada de dedicarse al tráfico de estupefacientes en la provincia Guanentina. Según las autoridades, la organización operaba principalmente en los municipios de San Gil, Valle de San José y Charalá, y era coordinada desde la cárcel de Puerto Triunfo, Antioquia, por alias ‘Savier’, considerado el cabecilla principal.El operativo fue desarrollado entre la Policía de Santander, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Tras una investigación que se extendió durante un año y cuatro meses, las autoridades realizaron 17 diligencias de registro y allanamiento simultáneas que permitieron la captura de 22 personas por orden judicial, la aprehensión en flagrancia de otra persona y la notificación de nuevos cargos a alias ‘Savier’, quien ya se encontraba privado de la libertad.De acuerdo con la Policía, la investigación incluyó labores de inteligencia, seguimientos, agentes encubiertos y recopilación de pruebas que permitieron identificar la forma de operación de la banda y sus redes de distribución de droga en San Gil y otros municipios de la región.AllanamientosDurante los allanamientos fueron incautados más de 470 gramos de marihuana y bazuco listos para el expendio, 10 teléfonos celulares, dinero en efectivo y 33 comprobantes de consignaciones realizadas a través de plataformas digitales como Nequi, elementos que, según las autoridades, evidencian el manejo financiero del microtráfico.“Con esta operación le cumplimos a los santandereanos. Hemos propinado un golpe estructural a la cadena criminal de alias ‘Savier’, quien pretendía burlar la justicia coordinando la venta de estupefacientes desde un centro carcelario. No vamos a permitir que estos grupos afecten la tranquilidad de nuestras familias ni la seguridad de nuestros destinos turísticos”, afirmó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander.El oficial reveló, además, que la investigación tomó fuerza luego de conocerse un posible plan para atentar contra la vida de una persona en San Gil el pasado 18 de abril. A raíz de esa información, las autoridades adelantaron un allanamiento contra alias ‘La Central’, señalado como mano derecha de alias ‘Savier’.En esa diligencia fueron hallados un revólver calibre 38 con seis cartuchos, sustancias estupefacientes y un cuaderno con registros contables relacionados con las rentas ilícitas de la organización.Las autoridades también indicaron que antes de alias ‘La Central’, el negocio ilegal era manejado por alias ‘La Chile’, una mujer de nacionalidad venezolana que habría tenido diferencias con alias ‘Savier’ y posteriormente huyó hacia Venezuela. La Policía confirmó que ya solicitó circular internacional de Interpol para lograr su captura y extradición.Otro de los hechos incluidos dentro del expediente judicial corresponde a la aprehensión, el pasado 23 de octubre, de un menor de 14 años que fue sorprendido con armas y municiones cuando, presuntamente, pretendía cometer un atentado por órdenes de alias ‘Savier’.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, destacó el trabajo conjunto entre las autoridades y la comunidad para lograr este resultado.“Hoy podemos presentarle a toda la provincia Guanentina y a todos los sangileños este importante resultado que demuestra el trabajo de la acción unificada. Le estamos cumpliendo a los santandereanos con la seguridad y diciéndoles que no hay cabida para los delincuentes en Santander”, manifestó el funcionario.Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones para imputar a alias ‘Savier’ por otros delitos, entre ellos homicidio, debido a su presunta participación en hechos violentos registrados en San Gil.
El recrudecimiento de las acciones armadas del ELN en el nororiente del país mantiene en alerta a las autoridades y a los transportadores. Recientemente, un bus de la empresa Concorde fue incinerado en la vía que comunica a Málaga, en la provincia de García Rovira, con Pamplona, Norte de Santander, en un nuevo hecho violento atribuido a esa guerrilla.El ataque se suma a otros dos casos registrados durante el último mes en corredores viales estratégicos que conectan a los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander, donde vehículos de carga y de servicio público han sido blanco de acciones armadas e intimidaciones por parte del grupo insurgente.De acuerdo con información de las autoridades, hombres armados interceptaron el automotor y obligaron a los ocupantes a descender antes de prenderle fuego. Aunque no se reportaron personas heridas, el hecho generó temor entre viajeros y conductores que transitan por esta carretera, considerada clave para la comunicación entre el oriente del país y la región del Catatumbo.Ante el aumento de estos ataques, las autoridades de Santander reforzaron las alertas de seguridad y advirtieron sobre la posibilidad de nuevos hechos violentos, especialmente en zonas de influencia del ELN en Barrancabermeja, la provincia de García Rovira y el municipio de Coromoro.Asimismo, se confirmó una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a cabecillas de esa organización guerrillera que delinquen en el departamento.El secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández Durán, aseguró que "se mantiene un monitoreo permanente para anticiparse a cualquier amenaza contra la seguridad ciudadana y evitar la expansión de grupos armados en el territorio".La situación ha generado preocupación entre las empresas transportadoras y las comunidades de la región, que reclaman mayores garantías de seguridad en las vías nacionales. Transportadores advirtieron que los constantes ataques no solo ponen en riesgo la vida de conductores y pasajeros, sino que también afectan la movilidad, el comercio y el abastecimiento entre Santander y Norte de Santander.Las autoridades mantienen operativos militares y policiales en los corredores viales considerados de mayor riesgo, mientras organismos de inteligencia buscan establecer qué estructura del ELN estaría detrás de la quema de vehículos y las amenazas a empresas de transporte público.
El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, respondió públicamente a las declaraciones del interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, quien desde Bucaramanga defendió su continuidad al frente de la entidad y aseguró que solo el presidente Gustavo Petro puede pedirle la renuncia.A través de su cuenta de X, Quintero dejó claro que todos los interventores de EPS están bajo supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud y deberán responder por resultados concretos frente a la crisis del sistema.“En relación a Jorge Iván Ospina, interventor de Nueva EPS. Él acaba de llegar, sin embargo, debe presentar un plan de choque consistente. No hay en esta superintendencia ningún interventor con corona ni por encima del poder de inspección, vigilancia y control de la entidad”, escribió el funcionario.La respuesta se produjo, luego de las declaraciones entregadas por Ospina desde la Clínica Foscal Internacional, en el área metropolitana de Bucaramanga, donde sostuvo reuniones con prestadores de salud y operadores farmacéuticos para revisar la situación financiera y operativa de la EPS más grande del país.Durante su intervención ante medios de comunicación, Ospina cuestionó la posibilidad de nuevos cambios en la administración de la entidad y advirtió que la inestabilidad podría profundizar la crisis.“La renuncia me la pide Petro, no Quintero”, afirmó.El interventor insistió en que la Nueva EPS necesita estabilidad administrativa para enfrentar las millonarias deudas con hospitales y clínicas.“Ha tenido inestabilidad las intervenciones y no podríamos sacar adelante una entidad como la Nueva EPS si profundizamos esa inestabilidad”, sostuvo.Además, defendió su gestión con una frase que generó polémica:“Yo soy muy bueno y además muy responsable de mi trabajo”, dijo Ospina.La controversia ocurre en medio de la compleja situación que enfrenta la Nueva EPS por retrasos en pagos a clínicas y hospitales, problemas en la entrega de medicamentos y constantes quejas de usuarios en distintas regiones del país.Mientras tanto, desde la Superintendencia de Salud advirtieron que revisarán la continuidad de los agentes interventores y exigirán resultados frente a la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.
El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, reconoció desde Bucaramanga la grave crisis financiera que enfrenta la entidad y admitió que mantienen deudas con gran parte de la red hospitalaria y clínica del país.Durante una reunión en la Clínica Foscal Internacional con prestadores de salud y operadores farmacéuticos, Ospina aseguró que la prioridad es estabilizar la red de servicios en Santander y Norte de Santander, especialmente en clínicas privadas de Cúcuta que presentan dificultades por retrasos en los pagos.“Le debemos casi a todo el mundo”, afirmó el interventor.Según explicó, aunque algunas instituciones continúan prestando servicios, la mora en los pagos y los giros parciales han generado una fuerte afectación financiera.“El proveedor de servicios de salud tiene que pagar médicos, enfermeras, medicamentos, insumos, servicios públicos y generales. Si no recibe el pago oportuno, todo queda en inestabilidad”, sostuvo.Ospina indicó que una de las deudas más altas corresponde al Hospital Universitario de Santander, aunque aseguró que recientemente realizaron un pago cercano a los 22.000 millones de pesos.Además, pidió a clínicas y hospitales evitar embargos contra la EPS.“Cada vez que nos embargan, se agudiza la crisis”, señaló.El funcionario aseguró que actualmente adelanta mesas de trabajo y acuerdos de pago con diferentes prestadores para evitar el colapso de servicios médicos.En medio de su intervención, también lanzó una fuerte advertencia frente a casos en los que pacientes habrían sido rechazados por falta de pago, como ocurrió con un bebé que padecía una malformación congénita cardiovascular.“No se tiene que esperar un anticipo para atenderlo. Un bebé debe tener prioridad, incluso, por encima de los propios pagos”, afirmó.Incluso, advirtió que negar atención en una urgencia vital puede constituir un delito.“Si una entidad niega la atención a un paciente en riesgo de muerte, está incurriendo en un acto criminal”, aseguró.Sobre el desabastecimiento de medicamentos denunciado por usuarios en Santander, Ospina confirmó reuniones con Cafam, Ofimedical y Disfarma para mejorar la entrega de tratamientos.El compromiso, según dijo, es que en un plazo de ocho días los niveles de cumplimiento estén entre el 90 % y el 100 % en municipios como Bucaramanga, Lebrija y Socorro.Finalmente, el interventor insistió en que la Nueva EPS no será liquidada y afirmó que el Gobierno Nacional busca capitalizar la entidad para garantizar la atención de más de 10 millones de usuarios en el país.
El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, aseguró desde Bucaramanga que la entidad atraviesa una grave crisis financiera y operativa, aunque insistió en que la EPS no será liquidada y que actualmente trabaja para estabilizar la red hospitalaria y farmacéutica en Santander y Norte de Santander.Durante una extensa declaración a medios, Ospina habló sobre las millonarias deudas con clínicas y hospitales, las fallas en la entrega de medicamentos y la polémica por la solicitud de renuncia protocolaria realizada por el superintendente de Salud, Daniel Quintero.Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue su respuesta frente a la posibilidad de dejar el cargo.“La renuncia mía me la pide Petro, no Quintero”, afirmó Ospina, al señalar que los constantes cambios en las intervenciones han generado inestabilidad dentro del sistema.“Ha tenido inestabilidad las intervenciones y no podríamos sacar adelante una entidad como la Nueva EPS si profundizamos esa inestabilidad”, agregó.Incluso defendió su trabajo con una frase que generó controversia:“Yo soy muy bueno y, además, muy responsable de mi trabajo”, expresó el interventor.Ospina también reconoció que la Nueva EPS mantiene deudas con buena parte de la red prestadora de servicios de salud del país.“Le debemos casi a todo el mundo”, admitió.Explicó que, una de las obligaciones más altas, es con el Hospital Universitario de Santander, aunque aseguró que recientemente realizaron un pago cercano a los 22.000 millones de pesos.Según dijo, la falta de pagos oportunos ha provocado graves dificultades operativas en clínicas y hospitales, especialmente en Cúcuta, donde algunas instituciones privadas no estarían funcionando con la oportunidad requerida.“El proveedor de salud tiene que pagar médicos, enfermeras, medicamentos e insumos. Si no recibe el pago oportuno, todo entra en inestabilidad”, explicó.Además, pidió a las instituciones evitar embargos contra la EPS.“Cada vez que nos embargan, se agudiza la crisis”, sostuvo.Finalmente, insistió en que la crisis actual demuestra la necesidad de reformar el sistema de salud colombiano.“En los últimos 20 años se han liquidado cerca de 100 EPS. Si no se cambia el modelo de salud, volveremos a vivir este tipo de crisis cada pocos años”, concluyó.
El presidente Gustavo Petro defendió el bombardeo realizado por las Fuerzas Militares contra una comisión del frente Luis Enrique León Guerra del ELN en zona rural de Tibú, Norte de Santander, estructura señalada de hacer parte del esquema de seguridad del Comando Central, COCE, y de la Dirección Nacional de esa guerrilla.A través de su cuenta de X, el mandatario confirmó que dio la orden de la operación militar y aseguró que esta se realizó en coordinación con Venezuela. Agregó que las organizaciones armadas que continúan vinculadas al control de economías ilícitas y que al no aceptar desmontarlas no pueden estar dentro de un proceso de paz.También rechazó las versiones sobre supuestos incumplimientos del Gobierno frente a acuerdos parciales con el ELN y responsabilizó a esa guerrilla de romper la confianza en los diálogos tras la violencia registrada en el Catatumbo a comienzos del año pasado.“La fiscal general de la Nación no tiene razón en legitimar ese delito de lesa humanidad diciendo que otro grupo comenzó con el asesinato de una familia cercana al ELN. Nada justifica crímenes contra la humanidad”, concluyó el mandatario.Según lo que se conoce, el bombardeo habría dejado siete presuntos integrantes de esa estructura muertos. Cabe mencionar que esa comisión mantenía enfrentamientos con integrantes de la estructura 33 de las disidencias de las Farc y tendría como objetivo asegurar corredores estratégicos y rutas ilegales en esa región.