Durante la tarde de este jueves se registró un nuevo atentado terrorista que sacudió a la población de Tibú, Norte de Santander, donde a 500 metros del batallón de ingenieros número 30 fue activado un carro bomba. Se conoció que el carro bomba estalló antes de lo previsto, evitando así una tragedia mayor dentro del batallón. En el sector se escucharon cuatro fuertes estruendos que generaron pánico entre los habitantes y alertaron a las tropas acantonadas en la base militar.Dos de los artefactos cayeron en el área del batallón, uno de ellos impactando en la zona del gimnasio y otro cerca de la entrada principal sin dejar militares heridos. Tras este hecho, el Ejército activó un plan de reacción y contraataque para asegurar el área y dar con los responsables de este hecho.Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de este nuevo ataque en el Catatumbo, una región donde delinquen estructuras como el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc.Inicialmente, las autoridades no reportan heridos, pero están en la verificación de una menor que habría resultado afectada. Además, a raíz de este atentado se conocen las primeras imágenes de los daños causados por el carro bomba.Vea las imágenes aquí: En desarrollo.
Un grupo de veedores ciudadanos, líderes sociales, ambientales, ediles y representantes de juntas de acción comunal de Bucaramanga solicitó aplazar la jornada de concertación para la nueva delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín, programada para este 18 de julio en la Universidad Industrial de Santander (UIS), al considerar que el proceso no ofrece las garantías de participación ordenadas por la Corte Constitucional.La petición fue presentada mediante un derecho de petición dirigido al gobernador de Santander, Juvenal Díaz; al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla; a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería, el Tribunal Administrativo de Santander y el Ministerio de Ambiente. En el documento, los firmantes respaldan la solicitud que previamente hizo la Gobernación para aplazar la jornada hasta que se cumplan las condiciones de publicidad, pluralidad, igualdad y seguridad para todos los participantes.El veedor ciudadano Ramiro Vásquez aseguró que la solicitud surgió luego de que, según afirmó, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, sostuviera una reunión privada con integrantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán antes de la nueva jornada de concertación."Lo que pedimos es que se suspenda esa reunión mientras no existan garantías para todos los ciudadanos interesados en participar. La Constitución establece que cualquier persona que pueda verse beneficiada o afectada por una decisión tiene derecho a intervenir en este tipo de procesos", manifestó Vásquez.Los veedores también recordaron los incidentes registrados el pasado 4 de julio durante la jornada de concertación realizada en Neomundo, donde se presentaron enfrentamientos entre asistentes que obligaron a suspender la sesión sin alcanzar acuerdos. Según los firmantes, esos hechos evidenciaron la necesidad de adoptar protocolos de seguridad y mecanismos que garanticen una participación amplia y ordenada.En el documento, los líderes sostienen que la convocatoria para la reunión del 18 de julio no fue publicada oportunamente en el micrositio oficial "Santurbán Avanza" y que tampoco se ha divulgado la hoja de ruta ni el cronograma actualizado que el Tribunal Administrativo de Santander ordenó al Ministerio de Ambiente publicar dentro del proceso de delimitación.Además, solicitaron al Ministerio de Ambiente reprogramar la jornada hasta que se publique oficialmente la convocatoria, el cronograma del proceso y un protocolo de garantías y seguridad para los asistentes, así como un informe sobre las reuniones sostenidas con los distintos actores involucrados en la delimitación. También pidieron que se garantice igualdad de trato para todos los sectores y que el proceso permanezca al margen de intereses políticos.Los firmantes aclararon que su petición no busca frenar la delimitación del páramo de Santurbán, sino asegurar que el proceso de concertación se realice con las garantías de participación ciudadana ordenadas por la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, con el fin de evitar que la decisión final pueda ser cuestionada por presuntas irregularidades en el procedimiento.Los veedores se unieron igualmente al llamado del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aplazar la segunda jornada de la mesa de trabajo y deliberación de la fase de concertación para la delimitación participativa del páramo de Santurbán.La petición fue elevada mediante una carta dirigida a la ministra de Ambiente (e) Irene Vélez Torres, en la que el mandatario departamental argumenta que el objetivo es garantizar un proceso con mayores condiciones de participación ciudadana, coordinación institucional y diálogo efectivo entre las comunidades, las autoridades territoriales y el Gobierno Nacional.
Organizaciones sociales, comunales y mineras de la provincia de Soto Norte cuestionaron las recientes resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el Páramo de Santurbán y anunciaron que emprenderán acciones legales al considerar que las decisiones vulneran los derechos de participación de las comunidades y afectan el futuro de la minería legal en la región.En un pronunciamiento, los representantes de las organizaciones aseguraron que las medidas adoptadas por el Ministerio, encabezado por la ministra encargada Irene Vélez, favorecen la expansión de la minería ilegal al limitar el desarrollo de la minería formal y tradicional en municipios como California y Vetas."El Gobierno prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Los pequeños mineros que queremos trabajar de manera formal estamos siendo desplazados, mientras la ilegalidad gana terreno", afirmó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y representante de organizaciones del POMCA Alto Lebrija.Uno de los principales cuestionamientos se centra en la denominada delimitación progresiva del Páramo de Santurbán. Según las organizaciones, este mecanismo fue considerado por el propio Ministerio de Ambiente, en un concepto presentado al Tribunal Administrativo de Santander en 2023, como una alternativa jurídicamente inviable e incompatible con lo ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que exige una delimitación integral con participación de los municipios involucrados.Asimismo, rechazaron la creación de una Zona de Reserva Permanente en jurisdicción de California, Santander, al señalar que fue adoptada sin un proceso de participación ciudadana suficiente, lo que, en su criterio, desconoce los principios del Acuerdo de Escazú y afecta directamente a comunidades que históricamente han desarrollado actividades mineras por fuera del ecosistema de páramo.Las organizaciones también cuestionaron la intención del Ministerio de prorrogar hasta 2029 la Zona de Reserva Temporal establecida en 2024, argumentando que la medida mantiene en incertidumbre a municipios cuya economía depende de la minería legal y que, desde su creación, ha sido objeto de observaciones por parte de organismos de control y autoridades regionales.Los voceros anunciaron que presentarán denuncias por presuntos delitos como fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra la ministra y los funcionarios que participaron en la expedición de las resoluciones.Además, hicieron un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander y al Tribunal Administrativo de Santander para que intervengan en el proceso y garanticen el respeto por el debido proceso y el derecho a la participación de las comunidades de Soto Norte.Las declaraciones se conocen un día después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la realización de nuevos estudios técnicos internacionales sobre Santurbán, con el propósito de buscar una solución definitiva al proceso de delimitación del páramo.El proceso de delimitación del Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín ha generado un amplio debate durante la última década entre autoridades ambientales, comunidades campesinas, pequeños mineros, organizaciones sociales y empresas del sector minero. En los últimos días, el Ministerio de Ambiente anunció nuevas medidas para fortalecer la protección del ecosistema, mientras distintos sectores de Santander mantienen posiciones encontradas sobre el alcance jurídico, ambiental y social de las decisiones adoptadas.
El negocio del chance ilegal en Bucaramanga y su área metropolitana se convirtió en una de las fuentes de financiación de estructuras criminales que operan en la región. Las autoridades estiman que esta actividad ilícita mueve entre 7.000 y 10.000 millones de pesos y avanza una investigación para identificar a los responsables de la red que obtiene ganancias mediante esta modalidad.De acuerdo con el coronel Héctor Daniel García Acevedo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, las investigaciones de inteligencia han permitido establecer que las bandas delincuenciales 'Los del Sur' y el 'Tren de Aragua' estarían detrás de este negocio, del que obtienen recursos para fortalecer otras actividades ilegales.Según explicó el oficial, el chance ilegal consiste en la venta de apuestas por fuera de los operadores autorizados. Los vendedores utilizan talonarios o formatos improvisados en los que registran el número apostado y la lotería elegida, sin ningún control legal ni tributario."La venta de chance ilegal constituye un delito y representa una fuente de ingresos para organizaciones delincuenciales", advirtió el coronel García, quien señaló que este dinero deja de ingresar a las rentas departamentales que financian sectores como la salud.Las autoridades indicaron que 'Los del Sur', estructura señalada de participar en el tráfico de estupefacientes y en homicidios selectivos en el área metropolitana, también habría incursionado en el negocio del chance ilegal como mecanismo para incrementar sus rentas ilícitas. A esta investigación se suma el seguimiento a presuntos integrantes del 'Tren de Aragua' que tendrían participación en esta actividad.La Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta investigaciones para establecer la ruta del dinero, identificar a quienes administran estas redes y judicializar tanto a los vendedores como a las personas que se benefician económicamente de este negocio.Las autoridades también investigan si el homicidio de un comerciante, propietario de un billar en el centro de Bucaramanga, y el reciente atentado contra un hombre en el barrio Kennedy, al norte de la ciudad, estarían relacionados con disputas por el control del chance ilegal.
La nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, llega al cargo con un desafío claro: hacer que la transformación digital llegue a todo el país y no solo a las grandes ciudades. Aunque Colombia ya tiene más del 82 % de su población conectada a internet, 16,79 millones de personas siguen en pobreza digital, es decir, casi cuatro de cada diez mayores de 11 años.Andesco advirtió que el crecimiento del sector no se está traduciendo en igualdad de acceso. En 2025, las TIC aportaron $58,1 billones a la economía, equivalentes al 3,47 % del valor agregado nacional, y el país alcanzó cerca de 50 millones de accesos a internet móvil y más de 10 millones de conexiones fijas. Sin embargo, las regiones apartadas continúan con mayores dificultades de conectividad. Para el gremio, la primera tarea del nuevo Gobierno debe ser construir una política digital de largo plazo que se mantenga hasta 2030. La idea es pasar de una estrategia enfocada solo en ampliar cobertura a otra que garantice redes sostenibles, mejor calidad del servicio y más inversión en infraestructura.Otro de los puntos clave es actualizar las reglas del sector. Andesco considera necesario facilitar el despliegue de tecnologías 4G y 5G, reducir cargas que encarecen las inversiones y ofrecer mayor estabilidad para las empresas que construyen redes de telecomunicaciones.El gremio también pidió bajar los costos de operación de la infraestructura digital. Entre las propuestas están simplificar trámites, facilitar el acceso a energías renovables y crear mecanismos más ágiles para enfrentar situaciones extraordinarias que afecten el funcionamiento de las redes. Además, Andesco insistió en fortalecer la coordinación entre las entidades del sector y en impulsar la formación de talento digital. Según la organización, Colombia necesita más personas capacitadas en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad para aprovechar plenamente la economía digital.AmCham Colombia señaló que la conectividad, la innovación y la adopción de nuevas tecnologías serán fundamentales para mejorar la productividad y la competitividad del país, y reiteró su disposición para trabajar con el Gobierno en esa agenda. La frase que deja el debate es contundente: Colombia ya está conectada, pero el verdadero reto de la nueva ministra será evitar que millones de ciudadanos sigan desconectados de las oportunidades que ofrece el mundo digital.
La Superintendencia Nacional de Salud anunció que expedirá una circular para establecer que los tiempos de atención en los dispensarios médicos del país no podrán superar una hora. La decisión fue dada a conocer por el superintendente Daniel Quintero Calle durante una visita de inspección al punto de dispensación del gestor farmacéutico Ladmedis, en Chapinero, Bogotá, donde se registraron filas extensas y usuarios, en su mayoría adultos mayores, con esperas superiores a cuatro horas para reclamar sus medicamentos.La visita hizo parte del denominado Plan 100, estrategia con la que la entidad adelanta jornadas de inspección, vigilancia y seguimiento a gestores farmacéuticos y dispensarios para verificar las condiciones de atención, los tiempos de espera, la entrega efectiva de medicamentos, la disponibilidad de tecnologías en salud y el cumplimiento de las obligaciones de las entidades responsables de la dispensación.Durante la inspección, los equipos de la Superintendencia también revisaron las condiciones locativas del establecimiento, como la ventilación y la disponibilidad de sanitarios, además de comprobar que la entrega de medicamentos se realizara conforme a las fórmulas médicas expedidas. La entidad identificó aspectos susceptibles de mejora que serán objeto de seguimiento.El superintendente indicó que, cuando no sea posible entregar los medicamentos dentro del tiempo establecido, las entidades deberán fortalecer mecanismos alternativos, como la entrega a domicilio, con el fin de evitar barreras de acceso para los pacientes.La Superintendencia Nacional de Salud señaló que continuará intensificando las acciones de inspección y vigilancia en todo el país para verificar el cumplimiento de la nueva directriz y mejorar la oportunidad en la prestación del servicio de dispensación de medicamentos.
Tras la aplicación definitiva de la jornada laboral de 42 horas semanales, el sector gastronómico en Colombia asume un nuevo reto para mantener su sostenibilidad. Restaurantes, panaderías, cafeterías y negocios de alimentos suelen operar entre 14 y 16 horas al día, incluidos fines de semana y horarios nocturnos, por lo que la reducción de dos horas semanales obliga a reorganizar turnos y mantener la misma atención con menos disponibilidad de jornada por trabajador.Desde este 15 de julio entró en vigor la última etapa de la Ley 2101 de 2021, que culmina el proceso gradual iniciado en 2023. La norma establece que la disminución de horas no puede afectar el salario ni las prestaciones sociales, de modo que el valor de la hora aumenta proporcionalmente y las empresas deben ajustar sus esquemas operativos. La preocupación surge con los diferentes restaurantes, por ejemplo, un negocio gastronómico que necesita cubrir alrededor de 420 horas de operación a la semana ahora requiere más personal o un mayor uso de horas extras para mantener el mismo nivel de servicio. Aunque las ventas no cambien, el costo laboral por cada hora de operación se incrementa, lo que representa una presión adicional para miles de establecimientos.La situación es especialmente sensible porque la gastronomía es una actividad intensiva en mano de obra. En un restaurante, los costos laborales suelen representar entre 25 % y 40 % de los gastos operativos, dependiendo del modelo de negocio. Ante este escenario, muchos empresarios podrían verse obligados a absorber el aumento de costos, ajustar precios al consumidor, reducir horarios de atención, aplazar inversiones o avanzar en procesos de automatización.Brany Prado, presidente ejecutivo de Gastronómica Colombia, afirmó que el sector reconoce la importancia de mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores. “Sin estos mecanismos, existe el riesgo de que el incremento de los costos laborales termine afectando la generación de empleo formal, la inversión y la competitividad de una industria que genera cientos de miles de puestos de trabajo y constituye uno de los principales dinamizadores de la economía y del turismo en Colombia”, añadió el presidente ejecutivo de Gastronómica Colombia.Sin embargo, advirtió que el éxito de la transición dependerá de medidas que impulsen la productividad, incentivos para la formalización y estrategias que permitan proteger la sostenibilidad financiera de miles de pequeños y medianos negocios del país.
Tras más de 10 años, Luis Fernando Díaz fue el primero de siete hermanos que logró graduarse como profesional. En honor a su padre, recibió el diploma de médico veterinario de la Universidad de Antioquia vestido de payaso para honrar un oficio subvalorado por muchos. Una ceremonia de graduación en la Universidad de Antioquia no solo marcó el final de una carrera profesional para Luis Fernando Díaz, sino que se convirtió en el escenario de uno de los homenajes más conmovedores vistos en la historia de la alma máter.Al recibir su título como médico veterinario, el primero en su familia, Luis Fernando decidió dejar de lado la toga y el birrete tradicionales para vestirse de payaso, rindiendo así tributo a su padre, Fernando Díaz, un hombre que ha dedicado su vida al arte circense y al rebusque en las calles de Medellín.La historia de este reconocimiento comenzó mucho antes de obtener el título. Mientras cursaba su carrera, que inició en 2013, Luis Fernando veía en su padre un ejemplo de lucha constante.Fernando Díaz ha dedicado su vida al arte, pasando de ser payaso de circo y mago a recorrer los buses de la ciudad como vendedor ambulante y cantante, siempre con el propósito de sacar adelante a sus siete hijos en el barrio El Rosario, de Itagüí.Más allá del trabajo diario, Fernando se destacó también como un líder social en Medellín, defendiendo los derechos de los artistas circenses y promoviendo la formalización de los vendedores ambulantes. Luis Fernando creció viendo cómo su padre, incluso dentro del Concejo de Medellín, utilizaba su arte para visibilizar las necesidades de su gremio, enseñándole que el éxito también reside en ayudar a los demás.“Mi papá ha estado muy involucrado en la idea de crear una asociación de usuarios de un hospital en San Antonio para defender los derechos de los usuarios y de los trabajadores informales. Él ha sido vendedor ambulante en los buses, lo que a menudo conlleva ciertos riesgos en términos de seguridad. Además, ha estado intentando ayudar a formalizar a los vendedores informales en los buses”, contó.Tras una pausa académica obligada por la pandemia y la necesidad de trabajar, Luis Fernando retomó sus estudios en 2024 para finalizar sus prácticas en el municipio de Caicedo, occidente de Antioquia.“Hoy, a mis 35 años, puedo afirmar que tengo un gran orgullo de ser el hombre que soy, de ser quien soy, de formar parte de la sociedad de la manera en que lo hago, y nada de esto sería posible sin el ejemplo de mi padre, sin su fuerza, sin sus sacrificios, sin esa disciplina que lo impulsó a entregar cada gota de energía por cada uno de sus hijos. Esto me llena de orgullo, y en cada momento de mi vida, estarán conmigo mi papá, mi mamá y mis hermanos. Gracias a ellos, hoy puedo decir que me siento muy contento de ser la persona que soy”, añadió.Al alcanzar su grado, el nuevo médico veterinario cerró un círculo de gratitud. Este título no es solo un diploma; es el homenaje de un hijo que reconoce en el esfuerzo, la magia y el rebusque de su padre los cimientos indestructibles de su propia superación profesional.
Tras identificarse que está en desnutrición aguda, la Gobernación de Antioquia alertó que no logran dar con el paradero de un bebé indígena de 9 meses. Solicitaron a las comisarías de familia del municipio de Apartadó que inicien la búsqueda de su padre, quien no autorizó su remisión a un centro asistencialPreocupación mostró la Gobernación de Antioquia por el estado de salud de un bebé que no tiene ni un año de nacido y pertenece al resguardo indígena La Playas del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, pues se identificó que está en condiciones que ponen en riesgo su vida.Durante una jornada de tamizaje del programa Arrullos Antioquia, profesionales de la Secretaria de Salud identificaron que el bebé indígena tenía desnutrición aguda, por que ordenaron su traslado a un centro asistencial, decisión con la que no estuvo de acuerdo su padre.Según alertó el propio gobernador Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta en la red social X, es urgente que las dos comisarías de familia con las que cuenta esa localidad inicien la búsqueda del menor de edad, para que le sean restablecidos sus derechos. “Es su misión emprender esa tarea y, además, un mandato”, indicó el mandatario.Ante la negativa de la familia del menor de edad, las autoridades departamentales pidieron que se activen las rutas de protección para que finalmente pueda recibir la atención médica que requiere, esto para evitar que su estado de salud continúe deteriorándose.“La secretaria de salud del municipio también instó al resguardo y recibió la misma respuesta. Urge encontrar el bebé, salvarle la vida y protegerle sus derechos. También es menester del gobernador indígena acompañar este proceso”, expuso Rendón.
La movilidad por la vía Bucaramanga–San Gil continúa afectada debido a los daños ocasionados por una creciente súbita del río Chicamocha en el sector de Pescadero, jurisdicción de Aratoca. El paso permanece habilitado únicamente a un carril en el kilómetro 53, mientras avanzan las evaluaciones técnicas para atender la emergencia.El Instituto Nacional de Vías informó que la creciente agravó la pérdida de banca y comprometió parte de la calzada, razón por la cual se implementó un cierre parcial del corredor y se mantiene la restricción para el tránsito de vehículos articulados y camiones con un peso superior a las 50 toneladas. La circulación en la zona se realiza con apoyo de señalización, controladores de tránsito y monitoreo permanente.De manera paralela, Invías y la Alcaldía de Aratoca adelantan la evaluación de alternativas que permitan mejorar las condiciones de tránsito y garantizar la seguridad de los usuarios mientras se ejecutan las obras necesarias para estabilizar el sector afectado.El director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez, aseguró que la entidad mantiene su compromiso con la atención de la emergencia y la conectividad del corredor vial. "Seguiremos respondiendo con hechos para mantener este corredor al servicio de los colombianos", manifestó.Para los vehículos con restricción de paso, el Instituto recomendó utilizar como rutas alternas el corredor Tunja – Duitama – Málaga – Pamplona – Bucaramanga y, para automotores hasta categoría C3, la vía Socorro – Zapatoca – Girón.La vía Bucaramanga–San Gil hace parte de la Troncal Central (Ruta Nacional 45A), uno de los principales corredores viales del oriente colombiano, utilizado para la conexión entre Bogotá, Santander y la Costa Caribe. Invías ejecuta una inversión cercana a 63.000 millones de pesos en labores de mantenimiento y atención de puntos críticos del corredor, donde actualmente mantiene seis frentes de trabajo activos para mejorar la infraestructura y garantizar la movilidad de los usuarios.
Las autoridades de Santander activaron un plan especial de seguridad para las provincias Comunera y Guanentá ante el inicio de la temporada de cosecha cafetera, con el propósito de proteger a los productores, reforzar la presencia de la Fuerza Pública y evitar el ingreso de grupos armados ilegales al territorio.Las medidas fueron definidas durante un encuentro de seguridad realizado en el municipio de El Páramo, donde participaron mandatarios locales, productores, Fiscalía y representantes de la Fuerza Pública para evaluar el panorama de orden público y coordinar las acciones que se implementarán durante los próximos meses, cuando aumenta la movilidad de productores, trabajadores y compradores de café.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que uno de los principales objetivos es "impedir que estructuras armadas ilegales intenten ingresar al territorio desde el oriente del departamento, especialmente por la región guanentina, además de fortalecer las estrategias contra la delincuencia organizada"El funcionario señaló que el plan contempla una mayor articulación entre las autoridades municipales, la Gobernación, el Ejército, la Policía y la Fiscalía para fortalecer el control territorial y consolidar acciones preventivas con participación activa de la ciudadanía.Asimismo, indicó que este trabajo busca dar continuidad al Plan Cosecha Segura, estrategia que pretende ofrecer condiciones de tranquilidad a los caficultores y garantizar que puedan desarrollar sus actividades sin riesgos durante la recolección del grano.Por su parte, el comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, informó que durante la reunión también fueron escuchadas las inquietudes de los productores de café, quienes expusieron sus principales necesidades en materia de seguridad para esta temporada.El oficial aseguró que ya fue dispuesto un dispositivo especial para acompañar el desarrollo de la cosecha en la región e hizo un llamado a la comunidad para denunciar de manera inmediata cualquier hecho sospechoso o delictivo a través de la línea 123, con el fin de facilitar una respuesta oportuna de las autoridades.
Las autoridades de Bucaramanga y el área metropolitana encendieron las alarmas tras la publicación de la Alerta Temprana 015 de la Defensoría del Pueblo, un informe que revela el fortalecimiento y la presencia de múltiples estructuras criminales dedicadas al microtráfico, las extorsiones, los homicidios y otras economías ilegales que hoy disputan el control de varios sectores de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.En el documento de 108 páginas, la Defensoría de Pueblo advierte que Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta atraviesan un escenario de riesgo alto por la consolidación de organizaciones criminales que ya no solo buscan controlar el negocio del microtráfico, sino ejercer dominio sobre comunidades enteras.El informe señala que, tras las capturas y judicializaciones de varios cabecillas en los últimos años, las organizaciones no desaparecieron. Por el contrario, se fragmentaron, hicieron alianzas y dieron paso a nuevas estructuras que hoy disputan corredores para el tráfico de drogas, rentas ilegales y el control de sectores estratégicos del área metropolitana.Entre las organizaciones con mayor incidencia aparecen Los del Sur, Los del Norte o San Rafael, Los Claverianos, Villas de Girardot, Choricaldas, Los Manchados, Los Paparotes y remanentes de La Cordillera, además de células del Tren de Aragua, dedicadas principalmente al sicariato por encargo y al microtráfico.La Defensoría también advierte que grupos armados como el ELN y del Clan del Golfo utilizan el área metropolitana como corredor logístico para el tránsito de drogas, el lavado de activos y el refugio de integrantes, aunque sin ejercer un control territorial permanente.El documento describe una realidad que, según la entidad, ya se refleja en numerosos barrios de Bucaramanga y su área metropolitana: organizaciones que vigilan quién entra y quién sale de determinados sectores, intimidan a comerciantes, cobran extorsiones, controlan economías informales e incluso restringen la movilidad de los habitantes mediante amenazas y fronteras invisibles. En algunas zonas, advierte la Defensoría, estas estructuras han llegado a reemplazar funciones que tradicionalmente corresponden al Estado, imponiendo reglas de convivencia a través del miedo.Uno de los aspectos que más preocupa es la utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La alerta señala que varias organizaciones están reclutando menores para desempeñar labores de vigilancia, transporte de droga, distribución de estupefacientes y apoyo logístico. En algunos sectores incluso se estaría incentivando el consumo de sustancias psicoactivas desde edades tempranas para facilitar su vinculación con estas redes criminales.A este panorama se suma el crecimiento del mercado de drogas sintéticas. La Defensoría advierte que sustancias como tusi, MDMA, LSD y ketamina están ganando espacio en el área metropolitana y son comercializadas mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y servicios a domicilio, ampliando el consumo entre adolescentes y jóvenes y convirtiéndose en una nueva fuente de ingresos para las organizaciones ilegales.La alerta también pone la mirada sobre los establecimientos penitenciarios. Según el documento, algunos cabecillas continúan coordinando desde prisión actividades relacionadas con el microtráfico, las extorsiones, las retaliaciones e incluso homicidios, manteniendo comunicación con integrantes que permanecen en libertad y permitiendo que varias estructuras conserven capacidad operativa pese a las capturas de sus líderes.La Defensoría identifica como puntos de mayor riesgo el norte de Bucaramanga, las comunas 11 y 14, sectores como Villas de Girardot, Claverianos y Café Madrid, además de barrios de Floridablanca como Caldas y El Carmen y diferentes zonas de Piedecuesta, donde persisten disputas por el control territorial y las economías ilegales.Otro de los elementos que explica la creciente presencia de estas organizaciones es la ubicación geográfica del área metropolitana. Bucaramanga se ha convertido en un corredor estratégico que conecta el Catatumbo, la frontera con Venezuela, el Magdalena Medio y el interior del país, lo que facilita el movimiento de estupefacientes, dinero y otros negocios ilícitos.Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo concluye que la respuesta no puede limitarse a operativos policiales o capturas. La entidad insiste en la necesidad de una estrategia integral que combine seguridad, investigación judicial, prevención del reclutamiento de menores, fortalecimiento de la presencia institucional e inversión social en los sectores más vulnerables para impedir que estas organizaciones continúen consolidando su poder sobre la población civil.
Una vela permanece encendida en una casa del barrio La Victoria, en la ciudad de Bucaramanga, como un homenaje silencioso de vecinos y familiares a Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven que fue asesinado el lunes en una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Biddeford, estado de Maine (EE.UU.).El joven, de 26 años, es recordado en su barrio como un muchacho ejemplar, disciplinado y con un profundo amor por los animales."Era un joven muy juicioso y trabajador. Amaba a su familia y adoraba a los animales", dijo con nostalgia a EFE Teo Guerra, un vecino que lo vio crecer y que hoy no puede asimilar la tragedia que vive su familia.Durán Guerrero había emigrado a Estados Unidos hace dos años y medio en busca de oportunidades laborales y residía en Biddeford, donde sus residentes han salido a las calles para protestar por su muerte con consignas contra la agencia federal.Quienes lo conocieron de cerca recuerdan con orgullo que el joven hizo el servicio militar en el Batallón de Infantería Guardia Presidencial, en Bogotá, y después se capacitó en enfermería.En su casa natal permanece solo su perro, llamado Drako, ya que sus padres viajaron a Bogotá para hacer los trámites de repatriación del cuerpo.Como miles de colombianos, Durán Guerrero decidió emigrar en 2023 a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades, movido por la necesidad de buscar el bienestar de su esposa y su hija de solo tres años, quien estaba con él cuando fue tiroteado."Allá trabajaba en una veterinaria realizando labores de aseo por las mañanas y en las tardes se desempeñaba como repartidor a domicilio", relató Nayibe Ayala, otra vecina que lo conoció desde niño.El asesinato de Durán Guerrero es un incidente que está siendo investigado por la Policía de Maine, el Departamento de Seguridad Pública estatal y el FBI, y ha provocado conmoción en Colombia, donde sus vecinos y autoridades piden justicia.El Gobierno del presidente Gustavo Petro exigió este miércoles a las autoridades estadounidenses que investiguen el asesinato."La Cancillería hace un llamado y exige a las autoridades estadounidenses competentes que adelanten las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer de manera pronta y exhaustiva las circunstancias de este lamentable hecho", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.Por su parte, la ministra encargada de Justicia, Cielo Rusinque, pidió "una investigación pronta y rigurosa para esclarecer el asesinato del colombiano"."Expresamos nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de nuestro connacional Johan Durán y hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten una investigación pronta, transparente e imparcial", manifestó Rusinque en un comunicado.La funcionaria añadió que "la protección de la vida, la dignidad humana y las garantías del debido proceso deben orientar toda actuación de las autoridades, sin distinción de nacionalidad ni condición migratoria", un clamor con el cual coinciden los vecinos del joven colombiano.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aplazar la segunda jornada de la mesa de trabajo y deliberación de la fase de concertación para la delimitación participativa del páramo de Santurbán, programada para el próximo 18 de julio en Bucaramanga.La petición fue elevada mediante una carta dirigida a la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, en la que el mandatario departamental argumenta que el objetivo es garantizar un proceso con mayores condiciones de participación ciudadana, coordinación institucional y diálogo efectivo entre las comunidades, las autoridades territoriales y el Gobierno Nacional.En el documento, la Gobernación señala que la delimitación del páramo de Santurbán representa una decisión de gran trascendencia jurídica, ambiental, económica y social, por lo que considera indispensable que la concertación se desarrolle bajo los principios constitucionales de participación, buena fe, coordinación y colaboración entre las entidades públicas.El gobernador de Santander sostiene que el tiempo con el que fue convocada la jornada resulta insuficiente para analizar asuntos de alta complejidad técnica, jurídica y ambiental, y advierte que una sola sesión no permitiría una deliberación amplia e informada sobre aspectos como la delimitación del páramo, la reconversión de actividades productivas, la protección de las fuentes hídricas y los mecanismos de financiación y coordinación institucional.Asimismo, plantea que antes de avanzar en la concertación es necesario socializar de manera oportuna la información técnica, jurídica y cartográfica del proceso, además de definir conjuntamente una metodología entre el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para garantizar transparencia y una participación efectiva de todos los sectores involucrados.En su solicitud, el mandatario propone aplazar la mesa del 18 de julio, convocar una reunión preparatoria entre las autoridades nacionales y territoriales para acordar la metodología y el cronograma del proceso, socializar previamente la información con las comunidades y fortalecer los espacios de pedagogía antes de la fase definitiva de concertación.La delimitación del Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín se desarrolla en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó realizar un nuevo proceso de delimitación con una participación amplia, informada, deliberativa e incidente de las comunidades y autoridades de los municipios involucrados. El páramo constituye uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país por ser fuente de abastecimiento de agua para millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. En las últimas semanas, el proceso ha generado un intenso debate entre el Gobierno Nacional, autoridades regionales, organizaciones sociales, ambientalistas y comunidades de Soto Norte sobre las garantías de participación y el alcance de la nueva delimitación.
La presidenta de la Asociación de Mineros de Santander (Asomineros), Ivonne González, lanzó duras críticas contra el nuevo modelo de delimitación progresiva del Páramo de Santurbán anunciado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al asegurar que la medida terminaría favoreciendo a la minería ilegal y afectando a los pequeños mineros tradicionales de la región.La dirigente gremial afirmó que las tres resoluciones dadas a conocer por la cartera ambiental representan, a su juicio, una decisión que dejaría el ecosistema en manos de estructuras criminales mientras desplaza a las comunidades mineras que históricamente han trabajado en la zona."Con estas tres resoluciones que acaba de sacar el Ministerio del presidente Gustavo Petro le están entregando oficialmente el Páramo de Santurbán a la minería criminal. Los quieren desplazar para dejarles el camino libre", aseguró González.La presidenta de Asomineros cuestionó especialmente la resolución que plantea una delimitación progresiva del páramo y sostuvo que esta desconoce el proceso de concertación adelantado durante los últimos años, así como los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017.Según González, la decisión fue adoptada de manera apresurada y podría derivar en acciones judiciales contra funcionarios del Gobierno Nacional. Además, anunció que el gremio continuará promoviendo denuncias e iniciará las acciones legales correspondientes para buscar la nulidad de las resoluciones.La dirigente también rechazó las resoluciones mediante las cuales el Ministerio creó una reserva temporal y otra reserva definitiva en zonas del municipio de California (Santander), al considerar que están sustentadas en estudios que calificó como "amañados". En ese sentido, afirmó que ya presentó denuncias contra funcionarios y profesionales que participaron en la elaboración de dichos estudios."Seguiremos en pie de lucha defendiendo a Colombia, a Bucaramanga y a Santander de decisiones que consideramos ilegales y arbitrarias", manifestó.El origen de la controversiaLas declaraciones de Asomineros se producen luego de que el Ministerio de Ambiente anunciara la implementación de la metodología nacional de delimitación progresiva para los páramos de Colombia, cuya primera aplicación será en Santurbán.La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, explicó que la medida busca fortalecer la protección del sistema hídrico que abastece de agua a más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Como parte de la estrategia también fueron anunciadas nuevas áreas de reserva para enfrentar la minería ilegal y proteger ecosistemas estratégicos.Sin embargo, más de 20 organizaciones campesinas, 136 juntas de acción comunal y siete asociaciones mineras de Soto Norte expresaron su rechazo a la decisión, al considerar que una delimitación parcial del territorio contradice la posición jurídica que anteriormente había sostenido el propio Ministerio ante el Tribunal Administrativo de Santander y podría incumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017.Por su parte, organizaciones ambientalistas respaldaron la iniciativa del Gobierno Nacional al considerar que permitirá avanzar en la protección del páramo y del recurso hídrico, aunque insistieron en que debe ir acompañada de acciones contundentes contra la minería ilegal y de inversiones sociales para las comunidades de Soto Norte.El debate sobre la delimitación de Santurbán continúa abierto y se espera que en los próximos días se desarrollen nuevas jornadas de concertación y pronunciamientos tanto de las comunidades como del Gobierno Nacional, en medio de un proceso que sigue generando profundas divisiones entre sectores ambientales, campesinos y mineros.
Habitantes de siete comunidades del Bajo Rionegro, en Santander, mantienen un bloqueo indefinido sobre la vía La Lizama – San Alberto (antigua Ruta del Sol), a la altura del sector conocido como El Taladro, para exigir el cumplimiento de compromisos relacionados con infraestructura vial y servicios públicos.La protesta afecta el corredor que comunica el Magdalena Medio con el sur del Cesar. Los manifestantes anunciaron que el cierre será por tiempo indefinido y que únicamente permitirán el paso de vehículos cada hora durante 10 minutos, lo que ya genera afectaciones en la movilidad de transportadores y viajeros.Las comunidades de San José de los Chorros, Montañitas, Los Socorranos, Papayal, San Rafael, Salinas y 20 de Julio aseguran que no levantarán el bloqueo hasta obtener respuestas concretas por parte de la Gobernación de Santander.Entre las principales exigencias se encuentran la aplicación de dos kilómetros de cemento asfáltico natural, la construcción de 500 metros de placa huella para cinco comunidades, la ejecución del proyecto de acueducto para Papayal, el restablecimiento del servicio de gas domiciliario en cuatro sectores, la inclusión de cinco comunidades de San Rafael en el proyecto de alcantarillado y la implementación de una recolección semanal de residuos sólidos en Papayal y San Rafael.Los líderes de la movilización señalaron que recientemente fueron informados de que las obras comenzarían solo en diciembre del próximo año, un plazo que consideran inaceptable porque, aseguran, representa un nuevo incumplimiento y podría incluso superar el actual periodo de Gobierno.Además, manifestaron sentirse "engañados, utilizados y manipulados" por la Gobernación de Santander, liderada por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, y afirmaron que también han sido olvidados por las administraciones municipales, los concejos y otras entidades gubernamentales.Mientras no se instale una mesa de diálogo con compromisos concretos, las comunidades advirtieron que mantendrán el cierre sobre este importante corredor vial, permitiendo únicamente aperturas parciales para el paso de vehículos.
Una mujer de 84 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras resultar gravemente herida durante un violento intento de raponazo ocurrido en el barrio La Universidad de Bucaramanga.La víctima fue identificada como Raquel Guerrero, madre del brigadier general (r) José Luis Esparza, recordado por su participación en la Operación Jaque.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la adulta mayor llegaba a su vivienda cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta intentó arrebatarle el bolso. En medio del forcejeo, el agresor la empujó violentamente, provocando que cayera contra el pavimento.El golpe le ocasionó un trauma craneoencefálico severo con hemorragia intracraneal, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica especializada en la UCI.A pesar de que el hecho ocurrió en una zona con poca presencia de personas a esa hora, el delincuente no logró llevarse el bolso. Vecinos del sector auxiliaron a la mujer y alertaron a las autoridades.La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que, tras la denuncia, investigadores de la Sijín realizaron un análisis de cámaras de seguridad del sector y lograron reconstruir el recorrido del presunto responsable.Las imágenes permitieron identificar la motocicleta utilizada en el ataque y seguir su desplazamiento hasta el barrio Bavaria II, donde unidades del grupo Contra Atracos capturaron al sospechoso.Durante el procedimiento, los uniformados le encontraron una pistola con dos cartuchos, por lo que fue capturado en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego. Además, fueron incautados la motocicleta y un teléfono celular que será analizado dentro de la investigación.Según las verificaciones de la Policía, el detenido registra más de 11 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas, utilización de menores para la comisión de delitos, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. También había sido condenado por hurto calificado y agravado por hechos ocurridos en 2024.Con los elementos recopilados por los investigadores, la Fiscalía presentó al capturado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.El caso ha generado gran conmoción en Bucaramanga debido al delicado estado de salud de la víctima, quien continúa luchando por su recuperación en la Unidad de Cuidados Intensivos.
El Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Industrial de Santander anunciaron la ampliación hasta el próximo 17 de julio de 2026 del plazo de inscripciones para el Concurso Nacional de Escritura 2026: Historias de Paz, con el propósito de que más estudiantes, docentes, familias y ciudadanos de todo el país puedan participar con relatos que promuevan la memoria, la reconciliación y la construcción de paz.La convocatoria busca incentivar la creación de cuentos y ensayos inéditos, de hasta 1.000 palabras, inspirados en vivencias familiares, historias de los territorios, experiencias cotidianas o situaciones que reflejen valores como la solidaridad, la convivencia y la esperanza."La ampliación del plazo permitirá que las instituciones educativas y los docentes dispongan de más tiempo para motivar la participación de niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo la escritura como una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico y la formación ciudadana", dijo Camilo Ocazionez, Coordinador del Concurso Nacional de Escritura. La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, directivos, familias y demás integrantes de la comunidad educativa, quienes podrán concursar en las modalidades de cuento y ensayo con textos inéditos centrados en las Historias de Paz.Como apoyo al proceso creativo, los participantes cuentan con una Caja de Herramientas que reúne videos, pódcast, guías pedagógicas y otros recursos para fortalecer la escritura creativa y argumentativa, desde la generación de ideas hasta la revisión final de los textos.Además, durante la etapa final de la convocatoria se desarrollará un ciclo extraordinario de seis "escribatones", encuentros virtuales de 90 minutos en los que el equipo pedagógico del concurso orientará a los participantes tanto en la elaboración de sus escritos como en el diligenciamiento del formulario de inscripción.El Ministerio de Educación y la UIS recomendaron asistir a estas jornadas con una idea definida del cuento o ensayo que se desea presentar, escribir de manera continua para permitir el flujo de las ideas y revisar cuidadosamente el texto antes de completar el proceso de inscripción.Las bases del concurso, los requisitos para cada categoría —desde educación inicial hasta educación para jóvenes y adultos—, así como el formulario de inscripción, se encuentran disponibles en el sitio oficial del Concurso Nacional de Escritura.El Concurso Nacional de Escritura: Historias de Paz hace parte de la estrategia del Ministerio de Educación Nacional para fomentar la lectura, la escritura y la reflexión sobre la paz en Colombia. En esta edición, la Universidad Industrial de Santander (UIS) acompaña la organización de la iniciativa, que busca convertir las aulas y los hogares en espacios para narrar historias que fortalezcan la memoria colectiva, promuevan la reconciliación y resalten las experiencias que contribuyen a la construcción de una cultura de paz en los territorios.
En la reunión entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y los mandatarios locales de Santander comenzó a tomar forma la hoja de ruta que tendrá el departamento con el nuevo Gobierno. Infraestructura, vivienda, agua potable y el futuro del páramo de Santurbán fueron algunos de los temas centrales del encuentro realizado en Bucaramanga.El gobernador Juvenal Díaz aseguró que la reunión marcó un cambio en la relación entre la Nación y las regiones. Según explicó, el nuevo equipo de gobierno escuchó las prioridades del departamento, revisó proyectos listos para ejecutarse y dejó la tarea de avanzar para que varias obras puedan comenzar durante los primeros 100 días de la próxima administración.Santander presentó 215 proyectos al presidente electoEl mandatario departamental explicó que fueron consolidados 215 proyectos tras un trabajo conjunto entre la Gobernación, la Secretaría de Planeación y los alcaldes de los 87 municipios."El presidente Abelardo con su equipo escuchó los proyectos prioritarios de una forma metódica muy rápida, tomó decisiones y nos puso a trabajar en 215 proyectos", afirmó Díaz.De acuerdo con el gobernador, se priorizaron tres iniciativas estratégicas para el departamento y tres adicionales para cada provincia. Además, se incluyeron proyectos municipales que ya cuentan con estudios o fase tres de estructuración y que no habían recibido atención del Gobierno saliente.El objetivo es que, una vez inicie la nueva administración nacional, las obras más urgentes puedan entrar en etapa de ejecución.Santurbán, uno de los temas centrales de la reuniónUno de los asuntos que ocupó parte del encuentro fue la situación del páramo de Santurbán y el proceso de delimitación que preocupa a las comunidades de la provincia de Soto Norte.Según Díaz, durante la reunión se expresó la inquietud de los habitantes frente a una delimitación que, aseguran, no ha contado con suficiente participación ciudadana.En ese contexto, el gobernador destacó el mensaje del presidente electo: "No iba a permitir que se siguiera utilizando el tema del páramo y del agua para politiquería y que iba a traer los mejores expertos del mundo para hacer los estudios que corresponden".El mandatario aclaró que todavía no se entregaron detalles sobre cómo se realizará ese proceso, pero indicó que el compromiso fue desarrollar estudios técnicos que permitan definir el futuro de la zona.Agua, vivienda y seguridad, entre las prioridadesLa reunión también permitió revisar proyectos relacionados con el ciclo del agua, saneamiento básico y vivienda.Díaz aseguró que el ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, manifestó que buscará reactivar programas de construcción de vivienda y avanzar en proyectos de acueducto y tratamiento de aguas que ya cuentan con estudios.Además, el gobernador se refirió al anuncio del presidente electo sobre los cabecillas del ELN conocidos con los alias de "Volkswagen" y "Zorrillo", señalando que se trata de estructuras que generan extorsión e inseguridad en distintas zonas de Santander.Finalmente, destacó que el nuevo esquema de trabajo con el Gobierno Nacional permitirá mantener una interlocución directa con los territorios para acelerar la ejecución de proyectos considerados prioritarios para el departamento.
La adopción de una metodología de delimitación progresiva para el Páramo de Santurbán por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desató una fuerte controversia entre el Gobierno Nacional y organizaciones sociales, campesinas y mineras de Santander, que cuestionan la legalidad de la medida.La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, anunció la implementación de la metodología nacional de delimitación progresiva para los páramos de Colombia y presentó su primera aplicación en Santurbán, acompañada de dos medidas orientadas a fortalecer la protección del sistema hídrico de la región.Según el Gobierno, el objetivo de la decisión es proteger el agua que abastece a más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Además, destacó la creación de áreas de reserva definitiva en la subcuenca La Baja, una zona donde, según el Ministerio, existen afectaciones por la minería ilegal y amenazas derivadas de proyectos de extracción de oro."El agua no se negocia y seguimos insistiendo en que Santurbán no debe ser explotado ni por la minería ilegal ni por grandes empresas multinacionales. Asimismo, solicitamos que la medida esté acompañada de una mayor presencia del Estado para combatir la minería ilegal, impulsar inversiones sociales en Soto Norte, fortalecer la producción agrícola y promover alternativas económicas para las comunidades tradicionalmente dedicadas a la minería", dijo Mayerlín López, vocera del Comité por la Defensa de Santurbán. En contraste, más de 20 organizaciones campesinas, 136 juntas de acción comunal y siete asociaciones mineras de Soto Norte rechazaron el anuncio del Ministerio de Ambiente al considerar que contradice la posición jurídica que la misma cartera había expuesto ante el Tribunal Administrativo de Santander en 2023.De acuerdo con un documento divulgado por estas organizaciones, el Ministerio había manifestado anteriormente que una delimitación parcial del Páramo de Santurbán era jurídicamente inviable y contraria a la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó adelantar un proceso integral de delimitación con participación de los 40 municipios involucrados en Santander y Norte de Santander.Las organizaciones sostienen que expedir una resolución sobre solo el 70 % del territorio, mientras continúa la concertación con los municipios restantes, podría dar lugar a acciones judiciales para solicitar la nulidad del acto administrativo e investigaciones por presuntas irregularidades, al considerar que la medida desconocería el procedimiento fijado por la Corte Constitucional.Los defensores de la iniciativa también advirtieron sobre una eventual campaña de desinformación en torno al proceso de delimitación e hicieron un llamado a la ciudadanía para participar este 18 de julio en una jornada de concertación convocada en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga.El Páramo de Santurbán es uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país por su capacidad para abastecer de agua a más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Desde hace más de una década, su delimitación ha estado en el centro de un intenso debate entre autoridades ambientales, comunidades campesinas, pequeños mineros, organizaciones sociales y empresas interesadas en desarrollar proyectos de extracción de minerales.La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-361 de 2017, dejó sin efectos la delimitación expedida en 2014 y ordenó realizar un nuevo proceso con amplia participación ciudadana antes de adoptar una decisión definitiva. El anuncio del Ministerio de implementar una delimitación progresiva reabre el debate jurídico, ambiental y social sobre el futuro de Santurbán y la protección de uno de los principales complejos de páramo del país.
Casi un año después del asesinato de un menor de 13 años en el barrio Brisas de Provenza de Bucaramanga, la Policía capturó a un adolescente señalado del homicidio. El presunto agresor fue aprehendido en medio de un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en Bogotá, tras una orden judicial emitida por un juez de la capital santandereana.La aprehensión corresponde a la investigación por el crimen ocurrido el 18 de agosto de 2025 en una cancha de microfútbol del barrio Brisas de Provenza, donde el niño fue atacado con un arma cortopunzante durante un hecho de violencia en el que, según las autoridades, participaron dos adolescentes.De acuerdo con la investigación, la víctima recibió una herida en el costado izquierdo del cuerpo y, pese a ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Santander, falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras el homicidio, investigadores de la Unidad Básica de Investigación Criminal adelantaron durante varios meses la recolección de pruebas, entrevistas y otras diligencias judiciales que permitieron identificar al presunto responsable y solicitar la orden de aprehensión ante un juez especializado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.Las labores investigativas establecieron que el joven, hoy de 17 años, se encontraba en Bogotá. Con esa información se coordinó un operativo entre unidades de la Policía de Bucaramanga y de la capital del país que permitió ubicarlo en el barrio San Martín de Loba, en la localidad de San Cristóbal, donde se hizo efectiva la orden judicial.El adolescente fue puesto a disposición del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA) en Bogotá y en las próximas horas deberá comparecer ante el juez que lo requiere, quien definirá su situación jurídica por el delito de homicidio agravado.Las autoridades señalaron que la investigación continúa para esclarecer por completo la participación de las personas involucradas en este caso.
El secretario Distrital de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados Cárdenas, anunció acciones legales tras denunciar un presunto daño ambiental ocasionado por vertimientos de aguas residuales que, según indicó, estarían afectando las quebradas Las Margaritas y El Zarzal, con posible impacto sobre la ciénaga San Silvestre, principal fuente de abastecimiento de agua potable del distrito.El pronunciamiento se produjo luego de una denuncia presentada por habitantes de la vereda El Cucharo, quienes alertaron sobre una presunta contaminación en la zona. En respuesta, el funcionario rechazó la Resolución No. 000877 del 16 de diciembre de 2024, mediante la cual la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) autorizó un permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas hacia la quebrada Las Margaritas.Leonardo Granados calificó la decisión como "indignante y éticamente inaceptable" y aseguró que solicitará a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y la Contaduría General de la Nación investigar las presuntas irregularidades en la expedición de la licencia ambiental. Además, anunció que presentará una denuncia penal por el supuesto daño ambiental y pedirá la suspensión inmediata de los vertimientos autorizados.De igual manera, informó que ordenó el despliegue de una comisión técnica de la Secretaría de Ambiente y Transición Energética para inspeccionar la zona y evaluar los posibles impactos sobre los cuerpos de agua y el ecosistema.En el comunicado, el secretario sostiene que los vertimientos provenientes de la planta de beneficio avícola que estarían llegando hasta la ciénaga San Silvestre, situación que, de comprobarse, representaría un riesgo para el suministro de agua potable de más de 250.000 habitantes de Barrancabermeja. Estas afirmaciones hacen parte de la denuncia pública presentada por el funcionario y deberán ser objeto de las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes.La ciénaga San Silvestre es el principal cuerpo de agua que abastece el acueducto de Barrancabermeja, por lo que cualquier posible afectación ambiental genera preocupación entre las autoridades y la comunidad. Tras la denuncia de la Secretaría de Ambiente, se espera que los organismos de control y las autoridades ambientales adelanten las investigaciones para establecer si existieron irregularidades en la expedición de la licencia de vertimientos y determinar si hubo impactos sobre los recursos hídricos del distrito.
Habitantes de siete comunidades del Bajo Rionegro en Santander iniciaron una protesta con bloqueo indefinido sobre la vía La Lizama – San Alberto, a la altura del sector conocido como El Taladro, para exigir el cumplimiento de varios compromisos relacionados con infraestructura vial, acueducto, gas domiciliario, alcantarillado y recolección de basuras.La manifestación afecta la movilidad en el corredor que comunica a Sabana de Torres con San Alberto. El cierre se realiza de manera intermitente, los manifestantes bloquean totalmente el paso durante una hora y posteriormente habilitan la circulación de vehículos durante diez minutos en ambos sentidos, esquema que se repite de forma continua.En la protesta participan habitantes de las veredas San José de los Chorros, Montañitas, Los Socorranos, Papayal, San Rafael, Salinas y 20 de Julio, quienes anunciaron que permanecerán en el lugar hasta obtener respuestas concretas por parte de la Gobernación de Santander.Entre las principales exigencias se encuentra la pavimentación de dos kilómetros con cemento asfáltico natural, la construcción de 500 metros de placa huella para cinco comunidades, la ejecución del proyecto de acueducto para Papayal, el restablecimiento del servicio de gas para cuatro sectores, la inclusión de cinco comunidades de San Rafael en el proyecto de alcantarillado y la implementación de la recolección semanal de residuos sólidos en Papayal y San Rafael.Los líderes de la movilización señalaron que recientemente fueron informados de que las obras comenzarían solo hasta diciembre del próximo año, plazo que consideran inaceptable por representar un nuevo aplazamiento de los compromisos adquiridos con la comunidad.Durante la jornada, los manifestantes expresaron su inconformidad con la administración departamental y que, pese a los compromisos asumidos en diferentes reuniones, no han visto avances en las obras solicitadas.
Decenas de familiares, amigos y vecinos de Johan Sebastián Durán Guerrero se reunieron la noche de este lunes en el barrio donde creció, en Bucaramanga, para realizar una velatón en memoria del joven santandereano, quien fue asesinado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).Con velas encendidas, mensajes de solidaridad y oraciones, los asistentes rindieron homenaje a Johan Sebastián y elevaron un llamado para que se esclarezcan las circunstancias en las que perdió la vida. Durante la jornada también exigieron verdad y justicia frente a los hechos ocurridos en territorio estadounidense.En medio del dolor, Angi Durán, hermana menor de la víctima, pidió al Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, agilizar los trámites necesarios para la repatriación del cuerpo, con el fin de que su familia pueda darle el último adiós en Bucaramanga."Lo único que queremos es traerlo de regreso a casa y conocer toda la verdad sobre lo que ocurrió", manifestó la joven entre lágrimas durante la velatón.La familia recordó que apenas unas horas antes de su asesinato, Johan Sebastián sostuvo una videollamada con la mayoría de sus seres queridos. Ese fue el último momento en que pudieron verlo con vida."Compartimos con él por videollamada. Nadie imaginó que sería la última vez que lo veríamos", relató José Guerrero, tío del joven, quien aseguró que la noticia tomó por sorpresa a toda la familia.Mientras las autoridades de Estados Unidos adelantan la investigación para establecer las circunstancias del operativo en el que murió Johan Sebastián Durán, sus familiares continúan gestionando recursos económicos para cubrir los costos de la repatriación y poder realizar sus exequias en la capital santandereana.El caso ha generado conmoción tanto en Bucaramanga como entre la comunidad colombiana en Estados Unidos. Los familiares insisten en que las autoridades estadounidenses esclarezcan plenamente los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.Paralelamente, esperan el acompañamiento del Gobierno colombiano para facilitar el proceso consular y acelerar el traslado del cuerpo al país, permitiendo que Johan Sebastián Durán Guerrero reciba una despedida junto a sus seres queridos en la ciudad donde creció.