Una niña de 13 años perdió la vida en medio de un incendio registrado en una vivienda de la zona rural de Rionegro, Santander, hecho que ha generado conmoción entre los habitantes del municipio.La emergencia ocurrió en la madrugada de este lunes en una finca de la vereda Balsas Cría. Según la información entregada por las autoridades, la menor se encontraba dentro de la vivienda cuando se presentó el incendio."Tras conocerse la emergencia unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía se desplazaron hasta la vivienda para atender la situación. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los organismos de socorro, la menor falleció en el lugar de los hechos", dijo el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander.De manera preliminar, las autoridades señalaron que el incendio estaría relacionado con una falla en el sistema eléctrico de la vivienda, aunque serán las investigaciones las que determinen las causas exactas de la emergencia, el cuerpo de la menor fue remitido a Medicina Legal.La Policía expresó su solidaridad con la familia de la menor y confirmó que continúa recopilando información para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió esta tragedia.
La Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y cerca de 50 egresados de su programa de Comunicación Social rechazaron de manera contundente el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño, ocurrido el pasado sábado en la ciudad de Cúcuta. Exigieron a las autoridades esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.A través de un comunicado institucional, la UNAB expresó su profunda preocupación por este nuevo hecho de violencia contra el ejercicio periodístico en Colombia y advirtió que el asesinato de un comunicador constituye un atentado contra la libertad de expresión, el derecho de los ciudadanos a estar informados y los principios democráticos que sostienen la sociedad.De manera paralela, cerca de 50 comunicadores sociales egresados de la institución firmaron una carta pública en la que manifestaron su indignación y rechazo por el crimen de quien fuera su compañero de aulas durante nueve semestres en el programa de Comunicación Social.“Unimos nuestras voces en un grito de indignación, dolor y rechazo absoluto ante el cobarde asesinato del periodista y compañero de aulas Cristian Herrera”, señalaron los firmantes, quienes destacaron que el homicidio no solo apagó la voz de un periodista comprometido con la verdad, sino que representa un ataque directo a la democracia y al libre ejercicio de la prensa.La universidad resaltó el legado profesional de Herrera, a quien describió como un comunicador valiente y comprometido con la sociedad, reconocido por su trabajo periodístico y por denunciar hechos relacionados con corrupción y violencia en la región nororiental del país. Para la institución, su trayectoria debe servir de inspiración para las nuevas generaciones de periodistas.Tanto la UNAB como los egresados hicieron un llamado al Estado colombiano para fortalecer las garantías de protección a periodistas y comunicadores, especialmente en territorios donde informar continúa representando riesgos para la vida. Asimismo, solicitaron que las investigaciones avancen con celeridad para evitar que este crimen quede en la impunidad.En la carta, los profesionales también enviaron un mensaje de solidaridad a la esposa del periodista, Karla Gabriela Niño Claro; a sus hijos, Gabriela y Cristian; a sus familiares, amigos y colegas de Norte de Santander, quienes hoy lamentan la pérdida de uno de los comunicadores más reconocidos de la región.“Tenemos la convicción de que la palabra, la verdad y la justicia siempre deben prevalecer sobre la violencia”, concluye el pronunciamiento de los egresados de la UNAB, que se suma a las múltiples voces que exigen justicia por el asesinato de Cristian Herrera y garantías para el ejercicio libre del periodismo en Colombia.
Tres hombres fueron encontrados sin vida durante la mañana de este lunes, 8 de junio, en una zona rural de Cúcuta, cerca del corregimiento de Agua Clara.El hallazgo se produjo en una carretera destapada cercana al corregimiento. Los cuerpos de las tres víctimas fueron encontrados entre el pasto y el borde de la vía rural, a la vista de cualquier persona que transitara por el sector.Según la información preliminar, los hombres presentaban heridas causadas por arma de fuego. Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni mayores detalles sobre los motivos o las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.Una funeraria será la encargada de trasladar los cuerpos a Medicina Legal para los actos urgentes y los procedimientos de identificación. Mientras tanto, las investigaciones avanzan para establecer quiénes eran las víctimas y esclarecer las razones de este triple homicidio.
Las autoridades de Santander activaron un amplio dispositivo de seguridad para acompañar el plan retorno de este lunes festivo, jornada en la que se espera la movilización de más de 90.000 vehículos por los principales corredores del departamento. El mayor Iván Acosta, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander, recomendó a los conductores extremar las medidas de precaución durante el plan retorno, debido a las emergencias ocasionadas por las lluvias. El oficial advirtió que varias carreteras del departamento presentan riesgo por deslizamientos, desprendimiento de rocas y caída de árboles, por lo que pidió reducir la velocidad, respetar las señales de tránsito y verificar el estado de las vías antes de emprender el viaje.Más de 1.500 uniformados de la Policía y el Ejército permanecen desplegados en puntos estratégicos para garantizar la seguridad y la movilidad de los viajeros. A su vez, más de 100 integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte realizan controles de velocidad, embriaguez y acompañamiento en cinco corredores viales priorizados.Las autoridades mantienen especial vigilancia en la vía Bucaramanga–San Gil–Bogotá, donde se han reportado desprendimientos de rocas y caída de material sobre la calzada. De igual manera, en el corredor Los Curos–Málaga persisten restricciones y monitoreo permanente, debido a la inestabilidad del terreno tras el desbordamiento de la quebrada El Canelo y varios movimientos en masa registrados durante los últimos días.La Policía recomendó a los conductores realizar pausas activas antes y durante el viaje, respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y verificar el estado de las vías antes de emprender el regreso, con el fin de reducir el riesgo de siniestros viales y llegar seguros a sus destinos.
A más de 24 horas de haberse activado la búsqueda de cuatro personas que habían sido reportadas como secuestradas en Remedios, Antioquia, por parte del frente cuarto de las disidencias de las Farc, la última persona que permanecía sin información sobre su paradero fue hallada sin vida.Se trata de Efraín de Jesús Botero, de 62 años de edad, y quien se suma como víctima de la incursión del grupo armado en la finca El Bosque de la vereda Las Camelias, en Remedios, a su esposa, Rocío Silva, y otra pareja que también eran trabajadores del lugar.En las últimas horas se ha conocido una imagen de los cuatro campesinos retenidos por el grupo armado donde se les ve custodiados por uno de sus integrantes portando un fusil, y las víctimas con sus manos atadas.El coronel Ferley Puerto, comandante encargado de la Policía en Antioquia, aseguró que durante la acción violenta en la finca fueron incineradas dos viviendas y pintados varios grafitis."Fueron desplegadas capacidades especializadas de gaula, inteligencia e investigación criminal para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. La Policía Nacional rechaza de manera categórica cualquier actuación que atente contra la vida, la libertad y la integridad de los ciudadanos", aseguró el uniformado.Por ahora no son claras las razones que motivaron la acción violenta por parte de las disidencias, pues aunque hay versiones que indican que las víctimas habrían sido señaladas como colaboradoras de grupos que disputan el territorio y rentas ilegales con esa estructura, un familiar de estas personas reportó a las autoridades que recibió una llamada en la que le exigieron 60 millones de pesos a cambio de su liberación.Como responsable de esta situación el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló a Luis Antonio Montoya, alias ‘Jhon Fiera’, cabecilla de este frente de las disidencias que también tiene presencia en otras localidades del Nordeste de Antioquia como Segovia, Yalí, Vegachí y Yolombó.
Pese a haber sido capturado en flagrancia e incautado en su vivienda material relacionado con el ELN, la justicia dejó en libertad a Diego Manuel Guzmán, el hombre señalado de haber disparado un arma contra la policía el pasado 4 de junio en medio de disturbios ocurridos en la Universidad de Antioquia.Así lo reportó en las últimas horas la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien señaló que el hombre recuperó la libertad por decisión de un fiscal sin haber sido presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura.No obstante, lo más preocupante del caso es que las autoridades aún no han podido volver a establecer contacto con esta persona a partir de la información que suministró a las autoridades.Según Carrasquilla, hasta ahora han sido infructuosas acciones como llamadas telefónicas, comunicaciones electrónicas, visitas a direcciones asociadas a su entorno familiar y contactos con su defensa jurídica en medio de la investigación a la que quedó vinculado."Ahora el sujeto ha desaparecido, y andan con la narrativa que fue desaparecido por las autoridades. Lo que pretenden con esta narrativa es señalar que las autoridades están interviniendo en las marchas para desaparecer a quienes participan en ellas", advirtió la corporada.Alias ‘Cuervo’ fue capturado el mismo día de los desmanes en la Alma Mater cuando se movilizaba en un taxi, tras ser seguido por las autoridades a través de cámaras de seguridad.En el vehículo fue sorprendido con prendas de vestir que utilizaba para pasar encubierto, pero además durante un allanamiento a su vivienda encontraron banderas, material ideológico del ELN, chalecos, aerosoles y otros elementos con los que promovería disturbios y adoctrinamiento en favor del grupo armado en Medellín y el Valle de Aburrá.
La ciudad japonesa de Utsunomiya, al norte de Tokio, cerró este lunes sus 94 escuelas primarias y secundarias tras múltiples avistamientos de osos en las calles, mientras decenas de cazadores participaban en su búsqueda.Desde el sábado las autoridades recibieron más de una decena de avistamientos, uno de ellos dentro de un centro comercial."Hemos desplegado vehículos en las zonas donde se ha visto un oso para alertar a la población e instar a la gente a permanecer en el interior o dentro de sus vehículos", declaró a la AFP un responsable municipal.¿Qué está haciendo la ciudad japonesa con los osos?También explicó que decenas de cazadores, policías y funcionarios están buscando al animal o animales avistados.Japón ha registrado en los últimos años un aumento del número de avistamientos de osos y de ataques, sobre todo en las zonas urbanas.El año pasado, 13 personas, una cifra récord, murieron por ataques de osos en el país.Este año, los avistamientos también aumentaron, ya que los animales salen hambrientos de su hibernación.Desde abril del año pasado hasta marzo de este año, el número de avistamientos en el país superó los 50.000, más del doble del récord anterior, según cifras oficiales.Ataques de ososLos ataques de osos han aumentado en Japón durante los últimos años. De hecho, en el año fiscal que terminó en marzo se registró la cifra más alta de muertes y personas heridas relacionadas con estos animales. Ante esta situación, las autoridades locales están implementando nuevas estrategias de monitoreo, entre ellas sistemas de cámaras de vigilancia conectadas a inteligencia artificial para rastrear sus desplazamientos.Aunque no existen datos exactos sobre su población, se estima que en la isla principal de Honshu habitan entre 12.000 y 42.000 osos negros asiáticos. Los expertos consideran que su número ha crecido en paralelo al aumento de avistamientos. Estos animales pueden alcanzar hasta 1,5 metros de longitud y pesar alrededor de 120 kilogramos.Por otro lado, los osos pardos, de mayor tamaño, se encuentran exclusivamente en la isla septentrional de Hokkaido. Los machos suelen medir cerca de dos metros de largo y pueden llegar a pesar hasta 400 kilogramos. Su población se calcula en aproximadamente 12.000 ejemplares.Especialistas señalan que las variaciones en la producción de alimentos naturales de los osos, como las bellotas, los empujan con mayor frecuencia hacia pueblos y ciudades en busca de comida. Además, la disminución de la población rural, especialmente de jóvenes, ha dejado áreas residenciales más tranquilas y menos habitadas, una situación que favorecería la entrada de estos animales y, en consecuencia, el aumento de encuentros con seres humanos.
La construcción de una obra para la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, ubicada en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, estaría en riesgo debido a presuntas exigencias extorsivas y amenazas contra la rectora del plantel. Esta situación afectaría a por lo menos 500 estudiantes.La denuncia fue realizada por el defensor del Pueblo Regional Pacífico, Germán David Torres, quien manifestó su preocupación por la situación que enfrenta la comunidad educativa y advirtió que estos hechos estarían impidiendo el avance de una obra considerada prioritaria para la región." La extorsión no deja que podamos hacer una sede educativa de las niñas y niños de Praga, y en este momento tenemos a nuestra rectora amenazada porque le están pidiendo una vacuna, y están extorsionándola cuando la rectora no tiene absolutamente nada que ver con el tema infraestructura. Pero así tuviera que ver, o quien tenga que ver, pues no dejamos avanzar la inversión en materia de educación", dijo el defensor.El funcionario advirtió además que la situación podría afectar no solo a los directivos docentes, sino también a los contratistas encargados de ejecutar el proyecto, generando retrasos en una obra considerada fundamental para mejorar la calidad educativa. La iniciativa es financiada con recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE)."Ya le toca es a las autoridades en su caso tomar las acciones, nosotros por ejemplo ya hemos tenido reuniones con la secretaria de educación y hemos solicitado algunas medidas, y hemos notificado a las autoridades, pero también hemos venido acompañando a la rectora amenazada, y esperamos que esta situación se pueda resolver lo menos posible y que la sede educativa se pueda construir lo cuanto antes", manifestó Torres.Finalmente, el defensor pidió celeridad en las investigaciones para identificar a los responsables de las amenazas y de las presuntas exigencias económicas ilegales. Asimismo, insistió en la necesidad de garantizar la inversión pública destinada a fortalecer la educación en el Bajo Calima.
Organismos de rescate y gestión del riesgo en Dabeiba, Antioquia, están tras la búsqueda de una mujer que cayó a aguas del río Sucio tras sufrir un accidente cuando intentaba cruzar este afluente con otros dos familiares.Según el reporte oficial de la administración de esa localidad del Occidente de Antioquia, los hechos ocurrieron en un sector conocido como Alto Bonito cuando la joven de 18 años, identificada como Estefanía Sepúlveda, utilizaba este medio de transporte artesanal junto a otra mujer y un niño, de 45 y 3 años de edad, respectivamente.Según el relato de la mujer testigo de la situación, al iniciar el recorrido uno de los lazos de la garrucha se enredó, produjo el frenado repentino del cajón y Sepúlveda terminó cayendo al río.La Alcaldía de Dabeiba señaló que una vez conocida la emergencia llegó hasta la zona el Cuerpo de Bomberos y equipo técnico de Planeación, logrando rescatar a quienes habían quedado suspendidos en medio del recorrido, mientras que se activó la búsqueda de la desaparecida a lo largo del río con apoyo también de habitantes de la zona.Labores de inspección del terreno se mantendrán en las próximas horas mientras haya condiciones de seguridad para quienes participan de estas acciones.
Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en Santander provocaron una grave emergencia en el corregimiento de Berlín, municipio de Tona, donde el desbordamiento del río Jordán inundó viviendas, afectó cultivos y dejó a cientos de familias enfrentando pérdidas económicas.De acuerdo con líderes de la comunidad, de manera preliminar se reportan más de 200 familias afectadas y más de 100 hectáreas de cultivos de papa y cebolla dañadas por la creciente, situación que tiene en alerta a los habitantes del sector.Iván Orlando Peña Villamizar, líder campesino de Berlín, aseguró que las lluvias causaron graves “son más de 200 familias afectadas, gracias a Dios las lluvias fueron de día y alcanzamos a sacar electrodomésticos y a resguardarnos. El caudal del río fue demasiado fuerte, se metió a las huertas y a las casas. Desde el sector La Playa hasta la represa, en el casco urbano de Berlín, hubo inundaciones"manifestó.La emergencia dejó a numerosos campesinos sin la cosecha con la que esperaban responder a sus compromisos financieros. Ahora, además de las pérdidas en los cultivos, enfrentan deudas bancarias y piden el respaldo de los gobiernos nacional y departamental para superar la crisis. Por su parte, Herbin Rincón Camacho señaló que la comunidad atraviesa una de las semanas más difíciles debido a las constantes precipitaciones.“La comunidad de Berlín está afrontando una semana muy pesada por las lluvias, los desbordamientos de los ríos y los fuertes aguaceros. El agua ingresó a las casas y generó múltiples afectaciones. Le pedimos al Gobierno Nacional y al departamento que nos ayuden frente a esta emergencia”, indicó.A través de un comunicado oficial, la Administración Municipal de Tona informó que la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres realiza una evaluación preliminar de daños y un análisis de necesidades en el corregimiento de Berlín, con el fin de establecer la magnitud de las afectaciones ocasionadas por las lluvias.Mientras, recomendó a la comunidad mantenerse alerta ante posibles afectaciones en próximos días, como evitar transitar cerca de ríos, quebradas y zonas con riesgo de inundación o movimientos en masa, reportar cualquier situación de peligro a las autoridades y tener definidas rutas de evacuación.Las autoridades continúan monitoreando el comportamiento de las fuentes hídricas mientras avanza el proceso de evaluación de daños en una de las zonas más golpeadas por la actual temporada de lluvias en Santander.
Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en Santander continúan generando afectaciones en diferentes municipios del departamento. Aunque este domingo se reportó una disminución de las precipitaciones y cielos cubiertos en gran parte del territorio, las autoridades mantienen la alerta y el monitoreo permanente ante los eventos ocasionados por la temporada invernal.La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD) informó que mantiene comunicación constante con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) para consolidar información, verificar afectaciones y coordinar las acciones de prevención y respuesta necesarias.Uno de los puntos más críticos se presenta en el corredor vial Los Curos – Málaga, donde fue necesario cerrar la vía entre los sectores El Tope y Pozo Bravo debido al desbordamiento de la quebrada El Canelo y a varios fenómenos de remoción en masa. Las autoridades adelantan la evaluación de las condiciones del corredor para determinar cuándo podrá restablecerse la movilidad de manera segura.En el municipio de Tona, específicamente en el corregimiento de Berlín, se reportaron inundaciones en cultivos de cebolla tras el desbordamiento del río Jordán. Las autoridades locales realizan la verificación de los daños y el seguimiento a las condiciones de la zona.Entretanto, en Zapatoca se registraron inundaciones en la calle 10 con carrera 15 como consecuencia del colapso del sistema de alcantarillado, situación que generó afectaciones temporales en la movilidad y en sectores cercanos.Otro de los eventos reportados ocurrió en El Cerrito, donde se presentó una creciente súbita del río Servitá. Ante esta situación, los organismos de gestión del riesgo mantienen vigilancia permanente sobre el comportamiento de la fuente hídrica y las condiciones de las comunidades asentadas en áreas cercanas.La OGRD señaló que continúa monitoreando las condiciones meteorológicas e hidrológicas en todo el departamento y reiteró el llamado a las comunidades para mantenerse atentas a las recomendaciones de las autoridades, especialmente en zonas identificadas como vulnerables a inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa.Las autoridades mantienen seguimiento a los puntos críticos y no descartan nuevas afectaciones en caso de que se presenten más lluvias durante las próximas horas.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Chima, Santander, Sergio Alexander González Hernández, por una presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes legales durante su administración.Según informó la Procuraduría Provincial de San Gil, el exmandatario habría incumplido con la obligación de presentar y publicar la actualización de su declaración de bienes y rentas, así como la información relacionada con posibles conflictos de interés correspondiente al periodo 2021-2023, requisito establecido por la ley para los servidores públicos.El ente de control busca establecer si la conducta atribuida a González Hernández vulneró los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad que rigen la función administrativa.De acuerdo con la investigación disciplinaria, la presunta falta fue calificada provisionalmente como grave, a título de culpa grave, por lo que el proceso continuará para determinar si existió responsabilidad disciplinaria por parte del exalcalde.La Procuraduría señaló que la formulación de cargos no constituye una sanción, sino una etapa del proceso en la que se garantiza el derecho de defensa y contradicción del investigado.
Las intensas lluvias y fuertes vientos que se han registrado en San Gil durante los últimos días no solo han provocado inundaciones y afectaciones en distintos sectores del municipio, sino que también obligaron a modificar la logística electoral para las próximas elecciones del 21 de junio.Una de las emergencias más preocupantes ocurrió en una institución educativa que funciona como puesto de votación, donde la caída de un muro encendió las alarmas entre las autoridades por el riesgo que representaba para estudiantes, docentes y ciudadanos.Ante la situación, la Alcaldía de San Gil convocó un Puesto de Mando Unificado extraordinario, en el que se evaluaron las condiciones de seguridad del plantel y las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.Tras la reunión, las autoridades confirmaron que el puesto de votación permanecerá en la institución educativa, pero las 17 mesas habilitadas serán trasladadas a diferentes aulas de clase para proteger a los 5.666 ciudadanos que están inscritos para sufragar en este lugar.La emergencia también llevó a ordenar la demolición preventiva de otro muro que presenta características similares al que colapsó, con el propósito de evitar nuevos incidentes y reducir cualquier riesgo para la comunidad educativa y los votantes.Las fuertes precipitaciones han generado múltiples afectaciones en San Gil y otras zonas de Santander, donde los organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo de puntos críticos por posibles deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones.Mientras avanzan las labores de evaluación y adecuación en la institución, las autoridades aseguraron que las medidas adoptadas permitirán garantizar la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de la jornada democrática del próximo 21 de junio.
El asesinato del periodista Cristián Herrera, comunicador social y periodista egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), volvió a encender las alarmas sobre los riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico en Colombia.El crimen ha generado rechazo y preocupación en distintos sectores del gremio, que advierten sobre el aumento de la violencia y las amenazas contra quienes ejercen la labor de informar en las regiones del país.Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del director de Vanguardia, Juan Carlos Gutiérrez, quien calificó el crimen como un golpe para todo el periodismo colombiano y advirtió sobre las difíciles condiciones en las que trabajan muchos periodistas en las regiones.“No, este es un día doloroso para el periodismo. El asesinato de un periodista es algo que nos duele a todos. Conozcamos o no a Cristián, la muerte de un comunicador que busca llevar información a la audiencia es un hecho que debe conmover no solo a quienes ejercemos esta profesión, sino a todo el país”, expresó.Gutiérrez aseguró que los asesinatos de periodistas representan un grave ataque contra la democracia y la libertad de prensa, al tiempo que recordó que informar en varias zonas del país se ha convertido en una actividad de alto riesgo.“Están cayendo periodistas a punta de fuerza, violencia y balas. En una democracia esto es inadmisible”, afirmó.El director de Vanguardia también alertó sobre las presiones que enfrentan los medios y comunicadores en diferentes regiones del territorio nacional. Según explicó, muchos periodistas trabajan bajo amenazas constantes y otros terminan recurriendo a la autocensura por temor a represalias.“Hay comunicadores que, a pesar de las amenazas y dificultades, cumplen con su labor de informar. Otros viven en medio de la autocensura porque no pueden publicar o denunciar hechos que han corroborado, ya que su vida corre riesgo”, señaló.Las declaraciones se producen en un momento de especial preocupación para el gremio periodístico. De acuerdo con Gutiérrez, en las últimas semanas ya se han registrado dos periodistas asesinados en el país, una situación que considera alarmante y que requiere una respuesta contundente por parte de las autoridades.“El país no puede tomar este rumbo”, concluyó.El asesinato de Cristián Herrera ha generado una ola de solidaridad entre periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que exigen celeridad en las investigaciones y garantías para quienes ejercen el periodismo en las regiones más afectadas por la violencia.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó el asesinato del periodista Cristián Herrera en Cúcuta y lanzó un llamado al presidente Gustavo Petro para que asuma un papel más activo frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país.A través de sus redes sociales, el mandatario departamental expresó su preocupación por el incremento de la violencia en distintas regiones y aseguró que los colombianos esperan acciones contundentes para proteger la vida y recuperar la tranquilidad.“Presidente Petro, por lo menos en los cerca de 60 días que le quedan de mandato, asuma el liderazgo que le corresponde en la seguridad del país. Colombia no aguanta un asesinato más mientras la violencia sigue arrebatando vidas en nuestras regiones”, manifestó Díaz Mateus.El pronunciamiento se produjo luego de conocerse el asesinato del periodista Cristián Herrera en Cúcuta, hecho que ha generado rechazo entre organizaciones periodísticas, autoridades y diferentes sectores de la sociedad.El gobernador calificó el crimen como un ataque directo contra la libertad de prensa y la democracia, y expresó su solidaridad con la familia del comunicador, sus amigos y colegas.“Con profundo dolor rechazamos el asesinato del periodista Cristián Herrera en Cúcuta. Su muerte enluta al periodismo colombiano y constituye un ataque a la libertad de prensa y a la democracia”, señaló.Díaz Mateus también envió un mensaje de respaldo a los periodistas del país, especialmente a quienes ejercen su labor en regiones afectadas por la violencia y el conflicto armado.El asesinato de Herrera vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las condiciones de seguridad para los comunicadores en Colombia y el impacto que tienen las amenazas y los hechos violentos sobre el ejercicio de la libertad de prensa.Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen y capturar a los responsables, desde distintos sectores continúan los llamados al Gobierno Nacional para fortalecer las estrategias de seguridad y garantizar la protección de periodistas y líderes sociales en todo el territorio colombiano.
La Procuraduría General de la Nación confirmó en fallo de primera instancia sanciones contra el exalcalde de Mogotes, Santander, Édgar Rueda Triana, y seis concejales del municipio por presuntas irregularidades en la aprobación del acuerdo que declaró el Cañón del Río Mogoticos como zona de especial protección y utilidad pública.La decisión fue proferida por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de San Gil, que determinó que el entonces mandatario se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al sancionar el Acuerdo Municipal No. 005 del 31 de mayo de 2021, sin que se cumplieran los requisitos legales exigidos para este tipo de declaratorias.En el mismo sentido, el ente de control disciplinario estableció que varios integrantes del Concejo Municipal avalaron la iniciativa pese a la inexistencia de los presupuestos normativos necesarios, lo que derivó en sanciones de suspensión de tres meses.Entre los sancionados se encuentran los exconcejales Moisés Gutiérrez Corzo, Óscar Becerra Pinto y Gonzalo Galán Álvarez, así como los actuales cabildantes del periodo 2024–2027 Ernesto Calderón Blanco, Gerardo Sierra Argüello y Diomedes Vásquez Gómez.De acuerdo con la Procuraduría, las actuaciones de los servidores públicos vulneraron el principio de moralidad administrativa, al aprobar y sancionar una medida que no contaba con el sustento jurídico requerido para su expedición.En el caso del exalcalde Édgar Rueda Triana, la sanción impuesta corresponde a una suspensión de cuatro meses. Para los concejales, la suspensión fue fijada en tres meses, al determinarse que incurrieron en falta grave a título de culpa grave.La autoridad disciplinaria precisó que el proceso se originó a partir de la revisión de la actuación administrativa mediante la cual se pretendió declarar el Cañón del Río Mogoticos como área de utilidad pública, decisión que, según el fallo, no cumplía con los requisitos legales establecidos.La Procuraduría aclaró que la decisión es de primera instancia, por lo que los sancionados podrán interponer los recursos correspondientes para su defensa.En los casos de los funcionarios que actualmente no ejercen cargos públicos, la sanción será convertida en salarios, calculados con base en la remuneración devengada al momento de los hechos ocurridos en 2021.Con este pronunciamiento, el Ministerio Público reiteró su función de vigilancia sobre las actuaciones administrativas de los servidores públicos y la obligación de garantizar que las decisiones de las entidades territoriales se ajusten estrictamente al marco legal vigente.
La situación en los peajes de la vía Bucaramanga–Bogotá continúa sin una solución definitiva y ya habría generado pérdidas económicas superiores a los 60.000 millones de pesos, en medio de cerca de diez meses de protestas y suspensión parcial del recaudo en la Ruta Nacional 45A.De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Vías (Invías), por este corredor transitan en promedio más de 50.000 vehículos diarios, lo que refleja la alta importancia estratégica de este eje vial que conecta a Santander con el centro del país.El panorama sigue generando incertidumbre entre autoridades, concesionarios, transportadores y comunidades, debido a que las más recientes mesas de diálogo entre el Gobierno nacional y los líderes de las protestas no lograron alcanzar un acuerdo definitivo.Actualmente, el recaudo continúa suspendido en estaciones clave como Curití y Pescadero, donde las talanqueras permanecen levantadas desde hace varios meses como forma de protesta. Los manifestantes insisten en que las tarifas no se corresponden con el estado actual de la vía y exigen mayores inversiones en infraestructura y mantenimiento.En medio del estancamiento del diálogo, las autoridades han advertido sobre el impacto financiero que deja la prolongada suspensión del cobro, ya que los recursos provenientes de los peajes son fundamentales para la operación, el mantenimiento y la atención de emergencias en la red vial nacional.Sin embargo, en el municipio de Oiba se registró un avance parcial tras la reactivación del cobro en el peaje de obra, luego de varios meses de concertación entre el Gobierno, autoridades locales y comunidades.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, señaló que este punto representa un progreso dentro del proceso de diálogo, aunque reconoció que en otros sectores del corredor vial persisten las diferencias que impiden normalizar completamente la operación.Las comunidades insisten en que no están dispuestas a asumir el pago de peajes mientras no se evidencien obras visibles en la vía Bucaramanga–Bogotá, y reclaman transparencia en la ejecución de los recursos y mejoras urgentes en la infraestructura.A la espera de nuevas rondas de concertación, la controversia se mantiene abierta y sigue afectando la movilidad, la economía regional y la sostenibilidad de uno de los corredores viales más importantes del oriente colombiano.
La Fiscalía General de la Nación anunció la desarticulación del grupo delincuencial conocido como 'Polisombras', señalado de estar detrás de una serie de casos de piratería terrestre que afectaron el transporte de aceite de palma en corredores viales de Santander, Cesar y Norte de Santander.De acuerdo con la investigación, la estructura criminal habría participado en al menos nueve hechos delictivos ocurridos entre 2023 y 2025, apropiándose de cargamentos avaluados en más de 1.000 millones de pesos.Las autoridades establecieron que los integrantes del grupo interceptaban vehículos cisterna que transportaban aceite de palma en sectores como La Lizama, en Santander; Río de Oro y San Alberto, en Cesar; y Ocaña, en Norte de Santander. Posteriormente, intimidaban a los conductores, tomaban el control de los automotores y retenían a las víctimas mientras concretaban el hurto de la mercancía.Según la Fiscalía, la organización identificaba previamente los vehículos que iban a atacar y utilizaba automóviles estacionados sobre la vía para obligar a los conductores a detener la marcha y facilitar la acción delictiva.En diligencias de allanamiento realizadas en San Alberto y Aguachica, en Cesar; Ocaña, en Norte de Santander; y La Lizama, en Santander, fueron capturados siete presuntos integrantes de la estructura.Durante los operativos las autoridades incautaron un arma traumática, 600 galones de ACPM, 19 toneladas de aceite de palma, una tonelada de aceite de palmiste, 13 motobombas, tres plantas eléctricas, 42 recipientes para almacenamiento de líquidos, varias mangueras y un tractocamión.Los capturados fueron identificados como Jesion Alexander Mantilla, Miguel José León García, Johan Leonardo Ríos León, Ricardo Reyes Riaño, Carlos Martín Pinzón Ibáñez, Amyn Alberto Escobar Gutiérrez y Maikol Stiven Santiago Ríos.Un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, receptación y secuestro simple, de acuerdo con la presunta participación de cada uno en los hechos investigados. Ninguno aceptó los cargos.Por decisión de un juez de control de garantías, seis de los procesados fueron enviados a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Piedecuesta vuelve a ser escenario de la violencia. A plena luz del día, un menor de 17 años fue asesinado en un ataque sicarial perpetrado en el barrio San Pedro, mientras que una mujer que permanecía dentro de su vivienda resultó herida por una bala perdida, un hecho que ha generado indignación y preocupación entre los habitantes del municipio.El atentado ocurrió hacia la 1:30 de la tarde del viernes, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una zona de escaleras del sector y abrieron fuego contra el adolescente. Aunque la comunidad intentó auxiliarlo y fue trasladado a un centro asistencial, posteriormente tuvo que ser remitido al Hospital Internacional de Colombia, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Durante la balacera, un proyectil atravesó la puerta de una vivienda e impactó a Daisy Mayerly Ferreira Silva, quien se encontraba en el interior de su casa. La mujer fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.El caso ha reavivado las críticas de la comunidad hacia las autoridades, que desde hace meses vienen alertando sobre el incremento de los homicidios, los ataques sicariales y las disputas entre estructuras delincuenciales en distintos sectores del municipio. Los habitantes aseguran que la violencia se ha vuelto recurrente y que cada vez son más frecuentes los hechos relacionados con el control territorial y el microtráfico.La situación preocupa aún más porque, según denuncian residentes de varios barrios, persisten las denominadas fronteras invisibles, lo que ha limitado la movilidad de muchas personas y ha generado temor entre quienes deben desplazarse por sectores considerados de alto riesgo."Hoy no solo asesinaron a un menor de edad; también resultó herida una mujer que estaba dentro de su propia casa. Ni siquiera los hogares parecen ser lugares seguros", manifestaron habitantes del sector, quienes exigen mayor presencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y acciones contundentes por parte de la Administración Municipal para frenar la escalada de violencia.Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables del crimen, la comunidad insiste en que los operativos y anuncios no han sido suficientes para devolver la tranquilidad a un municipio que sigue viendo cómo la violencia cobra nuevas víctimas.Con este caso, ya son más de cinco los sicariatos contra menores y adolescentes registrados en lo corrido de 2026, sumado a el homicidio de un menor de 13 años que habría sido atacado por cruzar una frontera invisible.
La Procuraduría General de la Nación realizó un acompañamiento institucional al proyecto de acueducto de la quebrada Quitará, en el municipio de Landázuri, Santander, luego de las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias y los movimientos de tierra registrados en el sector de Zarandas, sobre la vía que comunica a esta localidad con Vélez.La emergencia provocó la desaparición de parte de la tubería que había sido instalada sobre el río, situación que comprometió el avance de esta obra de infraestructura, considerada fundamental para garantizar el suministro de agua potable a varias veredas de la región.Durante una visita técnica realizada junto a otras entidades, el Ministerio Público verificó el estado actual del proyecto y evaluó los componentes que podrían recuperarse tras la emergencia. Asimismo, promovió la articulación de esfuerzos institucionales y la búsqueda de alternativas que permitan culminar la ejecución de la obra.La Procuraduría destacó la importancia de avanzar en soluciones que garanticen la continuidad del proyecto, teniendo en cuenta el impacto que tendrá para cientos de familias rurales que esperan beneficiarse con el servicio de acueducto.Además, recordó que sobre esta iniciativa se adelanta una actuación preventiva liderada por la Procuraduría Provincial de Vélez, con el propósito de hacer seguimiento a las acciones de las entidades responsables y contribuir a la protección de los derechos e intereses de las comunidades beneficiadas.Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por las lluvias y trabajando en las medidas necesarias para recuperar la infraestructura afectada y evitar nuevos retrasos en la ejecución del proyecto.
Un integrante de la Policía Nacional perdió la vida en medio de una operación adelantada contra integrantes de la subestructura Ferney Antonio López del Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Ocaña, en Norte de Santander.De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró hacia las 6:40 de la mañana durante el desarrollo de la operación denominada “Gevurah”, que se ejecuta en el marco de la Operación Esparta, en la vereda Pueblo Nuevo.La víctima fue identificada como Francisco Javier Jaimes Angarita, integrante del Grupo de Operaciones Especiales Rurales (GOER), quien falleció mientras participaba en las maniobras operacionales dirigidas contra miembros de la estructura armada ilegal.En medio de este operativo, tres integrantes del grupo armado fueron dados de baja y las acciones continúan en ese territorio por parte de las autoridades.Jaimes Angarita era oriundo del corregimiento de Las Palmeras, Norte de Santander; llevaba cuatro años de servicio en la Institución y deja esposa y dos hijos. Las autoridades expresaron sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados del uniformado, mientras continúan las operaciones en la zona para contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales que delinquen en la región.
Las mesas de diálogo entre las comunidades, las autoridades regionales y el Gobierno nacional continúan sin arrojar un acuerdo definitivo frente a la situación de los peajes ubicados en la Ruta 45A o Ruta de los Comuneros, corredor estratégico que conecta a Bucaramanga con Bogotá.Aunque durante los últimos meses se han adelantado múltiples reuniones técnicas y espacios de concertación para buscar una salida al conflicto, los líderes de la protesta mantienen sus reparos frente al cumplimiento de varios compromisos y continúan exigiendo una mayor inversión del Gobierno nacional en infraestructura y proyectos para las comunidades ubicadas en la zona de influencia de la vía.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, informó que en el más reciente encuentro participaron representantes del Gobierno, autoridades departamentales y voceros de los manifestantes. Durante la reunión se presentaron avances institucionales y acciones que actualmente se encuentran en ejecución; sin embargo, las diferencias entre las partes impidieron alcanzar un consenso.La controversia gira en torno a los peajes instalados sobre la Ruta 45A, una de las principales conexiones entre Santander y el centro del país. Aunque el peaje de Oiba ya retomó operaciones, las manifestaciones continúan afectando estaciones como Pescadero y Curití, donde las comunidades han mantenido las talanqueras levantadas como medida de protesta.Ante la falta de acuerdos, las autoridades anunciaron que continuarán promoviendo espacios de diálogo con el propósito de construir soluciones concertadas que permitan superar el conflicto y restablecer plenamente la normalidad en este importante corredor vial que comunica a Bucaramanga con Bogotá.
Mientras Bucaramanga se prepara para recibir a empresarios y fabricantes del sector automotor en Expopartes Oriente 2026, la industria de autopartes en Colombia mantiene una preocupación creciente por el impacto del contrabando y otros delitos que afectan la competitividad y la formalidad del mercado.Así lo advirtió el presidente ejecutivo de la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes), Carlos Andrés Pineda, durante su visita a la capital santandereana para presentar la feria que se realizará entre el 19 y el 21 de junio y que reunirá a empresarios nacionales e internacionales del sector.Según el dirigente gremial, cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales indican que el contrabando impacta cerca del 10 % de la industria de autopartes, una situación que representa pérdidas económicas superiores a un billón de pesos cada año.Pineda explicó que el problema no se limita únicamente al ingreso ilegal de mercancías al país. A esta actividad se suman delitos como la falsificación de marcas, la usurpación de propiedad intelectual y otras prácticas ilícitas que afectan a fabricantes, distribuidores y comerciantes formales.“El sector motriz es altamente dinámico y genera miles de empleos en el país. Sin embargo, enfrenta amenazas permanentes derivadas del contrabando y de delitos conexos que afectan la competitividad y la sostenibilidad de las empresas”, señaló.El dirigente agregó que la industria requiere un mayor respaldo institucional para combatir estas prácticas ilegales y garantizar condiciones equitativas para quienes desarrollan su actividad dentro de la legalidad.Asimismo, advirtió que detrás de algunas operaciones ilegales relacionadas con el comercio de autopartes también se identifican conductas asociadas al lavado de activos, la extorsión y otras economías ilícitas que terminan afectando la cadena productiva.Las declaraciones se dieron en el marco de la presentación de Expopartes Oriente 2026, evento que espera convertirse en uno de los principales escenarios de negocios del sector durante este año. De acuerdo con las proyecciones de los organizadores, la feria podría generar más de 15 millones de dólares en oportunidades comerciales derivadas de ventas, alianzas estratégicas y ruedas de negocios.La muestra contará con la participación de 120 expositores nacionales e internacionales, delegaciones de cinco países y más de 4.100 visitantes profesionales, consolidando a Bucaramanga como un punto de encuentro para la industria automotriz y de autopartes.Actualmente, el sector motriz colombiano registra una facturación cercana a los 21 billones de pesos anuales y está conformado por más de 65.000 establecimientos dedicados a la fabricación, comercialización y prestación de servicios relacionados con vehículos y sus componentes.Desde Asopartes insistieron en que el crecimiento de la industria debe estar acompañado de acciones contundentes contra el contrabando y la informalidad, con el fin de proteger el empleo, la inversión y la competitividad de uno de los sectores más representativos de la economía nacional.
Las protestas que desde hace más de una semana se mantienen en inmediaciones del Campo Provincia empezó a tener consecuencias en el suministro de gas natural de los municipios de Sabana de Torres y Rionegro, Santander. Ecopetrol advirtió que la continuidad del servicio para estos dos municipios podría verse comprometida si persisten las restricciones de acceso a las instalaciones petroleras.La compañía informó que los bloqueos, que iniciaron el pasado 27 de mayo, han dificultado el funcionamiento normal de la operación al impedir el ingreso y relevo del personal encargado de los procesos productivos, así como el abastecimiento de alimentos, materiales e insumos necesarios para mantener la actividad en los pozos y en la planta de procesamiento.Como consecuencia, la producción de gas ha comenzado a disminuir de manera gradual, situación que ya impacta los volúmenes que recibe la Planta de Gas de Provincia, encargada de procesar el combustible que posteriormente es distribuido a los usuarios de la región.La preocupación radica en que la cadena de producción de gas natural requiere una operación ininterrumpida. Desde la extracción en los pozos hasta la entrega a los usuarios finales, cualquier afectación en alguno de sus eslabones puede comprometer el suministro.De acuerdo con Ecopetrol, si no se logra restablecer el acceso a las instalaciones en los próximos días, la reducción en la producción obligaría a suspender la entrega de gas a las empresas distribuidoras que atienden a los habitantes de Sabana de Torres y Rionegro.La situación también genera inquietud por los riesgos operativos y ambientales que pueden surgir cuando no es posible realizar labores técnicas consideradas esenciales para el funcionamiento seguro de los campos de producción.Las manifestaciones están relacionadas con solicitudes de empleo por parte de algunos sectores de la comunidad. Entre las exigencias figura la incorporación de un equipo adicional de reacondicionamiento de pozos, conocido en la industria como workover. Sin embargo, Ecopetrol aseguró que esa contratación no hace parte de las necesidades operativas actuales del proyecto.Mientras continúan las conversaciones para buscar una salida al conflicto, la compañía insistió en que la afectación al suministro no obedece a fallas técnicas ni a problemas de producción, sino a las dificultades para desarrollar normalmente las operaciones debido a los bloqueos.