La Secretaría de Tránsito y Transporte de Girón aseguró que no se cometieron irregularidades en el procedimiento de inmovilización de un vehículo de alta gama, luego de las denuncias del empresario Álvaro Jany Barbosa, quien señaló a un agente de tránsito de utilizar el automotor después de que fuera retenido durante un puesto de control.Según la entidad, el vehículo fue inmovilizado porque tenía vencido el SOAT y no contaba con la revisión técnico-mecánica, por lo que se impuso el comparendo correspondiente, conforme a la Ley 769 de 2002.Frente a los cuestionamientos por el hecho de que el funcionario condujera el automotor, Tránsito explicó que inicialmente intentaron subirlo a una grúa, pero, debido a su baja altura, existía el riesgo de ocasionarle daños. Por esta razón, y luego de que el propietario se retirara del lugar, el agente decidió conducirlo directamente hasta los patios autorizados.La Secretaría negó que se tratara de recorridos personales y sostuvo que el desplazamiento correspondió exclusivamente al traslado del vehículo desde el puesto de control hasta las instalaciones de la entidad.Además, aseguró que cuenta con registros audiovisuales del estado del automotor durante el procedimiento y fotografías tomadas al momento de su ingreso a patios.Finalmente, anunció una revisión interna, con acompañamiento de las instancias competentes, para verificar las condiciones del traslado y el cumplimiento de los protocolos. La aclaración se conoce luego de que el empresario denunciara un presunto daño en una de las puertas del vehículo y anunciara acciones legales contra el funcionario.
Un total de 136 personas capturadas y 70 diligencias de allanamiento dejó la denominada Operación Mano de Hierro, un megaoperativo contra estructuras delincuenciales que se desarrolló durante la madrugada en Bucaramanga y otros municipios de Santander, con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella.La ofensiva, en la que participaron la Policía, el Ejército y la Fiscalía, estuvo dirigida contra organizaciones señaladas de participar en delitos como homicidio, sicariato, hurto, extorsión, secuestro y tráfico de estupefacientes. Los procedimientos se concentraron, entre otros sectores, en el norte de Bucaramanga y en el municipio de Girón.Durante los operativos, el presidente acompañó a la Fuerza Pública y recibió del general Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, un reporte sobre algunos de los capturados y las estructuras delincuenciales que estarían detrás de hechos criminales en el área metropolitana.“Vamos por las bandas que desde hace muchísimos años han azotado a la población con fenómenos criminales como el sicariato, el hurto, la extorsión y el microtráfico”, manifestó De La Espriella, quien aseguró que esta ofensiva busca devolver la tranquilidad a los ciudadanos.Entre los detenidos, el general Camelo señaló a presuntos expendedores de drogas que llevarían cerca de 17 años delinquiendo en sectores como Claverianos y 5 de Enero, en el norte de Bucaramanga. "Alias Rulos, el hijo de Lucrecia, alias Wilson, expendedores de estupefacientes, capturado varias veces por tráfico de estupefacientes, por porte ilegal de armas de fuego, de Los Claverianos, delincuentes que son los responsables del tráfico en el norte y parte del centro de la ciudad", dijo el gereal Camelo.“Se acabó la fiesta a estos bandidos”, contestó el presidente Abelardo.También reportó capturas de personas que estarían vinculadas con homicidios, sicariato, extorsiones y secuestros, así como integrantes de estructuras que operaban en Girón.Uno de los casos mencionados durante el recorrido fue el de un hombre que estaría involucrado en el homicidio de una adolescente de 15 años. Según el reporte del oficial, el capturado enfrentaría una condena de más de 40 años por este hecho. También se refirió a la captura de presuntos responsables de un secuestro en el que una familia habría sido intimidada para exigir 15 millones de pesos.“Lo importante del BOSUR es que trae una solución para la gente porque saca todos estos delincuentes de circulación que azotan con tanta criminalidad a nuestra población”, expresó el presidente durante el recorrido.De acuerdo con el balance publicado por De La Espriella en su cuenta de X, la ofensiva dejó además 12 armas de fuego incautadas, 27 celulares, 18.837 gramos de estupefacientes, 430 cartuchos, 1.800 gramos de explosivos y más de 4,6 millones de pesos en efectivo. También anunció la extinción de dominio de bienes avaluados en 1.541 millones de pesos.De las 136 capturas reportadas, 45 se realizaron mediante orden judicial y 91 en flagrancia, según el consolidado divulgado por el mandatario.“Los BOSUR seguirán desplegándose por las ciudades del país. No importa la hora ni el lugar: estaré donde tenga que estar para recuperar la seguridad”, afirmó el presidente, quien destacó el trabajo articulado entre la Gobernación de Santander, las alcaldías, la Fuerza Pública y la Fiscalía.La Operación Mano de Hierro hace parte de la estrategia del Gobierno para intervenir estructuras criminales y fortalecer la seguridad en las ciudades del país.
En un operativo conjunto entre la Alcaldía de Bucaramanga, Migración Colombia y la Policía Nacional, fueron expulsados del país 71 ciudadanos venezolanos que, según las autoridades, registraban comportamientos contrarios a la convivencia e infracciones relacionadas con diferentes conductas delictivas.De acuerdo con el reporte entregado por la administración municipal, entre las personas expulsadas sumaban más de 1.520 anotaciones por situaciones como porte de armas blancas, porte de estupefacientes, irrespeto a la autoridad, riñas callejeras y minería ilegal.Los extranjeros permanecían en las instalaciones de Migración Colombia. Durante la madrugada fueron trasladados en buses con destino a Cúcuta para su paso a territorio venezolado.El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, señaló que este es el procedimiento de expulsión más grande que se ha realizado en la ciudad y destacó el trabajo articulado con Migración Colombia y la fuerza pública para adelantar estos operativos.“Con esta expulsión de más de 70 personas completamos más de 230 a lo largo de este año 2026, una cifra totalmente récord para un año calendario que todavía no termina”, aseguró el mandatario.El mandatario reiteró que la Policía Nacional, Migración Colombia, el Ejército y las demás instituciones de la fuerza pública mantendrán los operativos de control en diferentes sectores de Bucaramanga.
El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, visitó a los militares que permanecen hospitalizados en el Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, luego de resultar heridos en el ataque con drones contra las instalaciones del Batallón de Selva N.º 48, ocurrido el pasado 7 de noviembre en Santa Rosa del Sur, Bolívar.Al centro asistencial fueron trasladados inicialmente 15 soldados. Sin embargo, ocho de ellos ya recibieron el alta médica, mientras que los otros siete continúan bajo atención del personal de salud, que acompaña su proceso de recuperación.Durante el recorrido, el ministro agradeció al equipo médico y asistencial del HUS por el trabajo realizado para atender a los uniformados y destacó el compromiso de la institución, del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y del gerente del hospital, Ricardo Arturo Hoyos Lanziano.“Sabemos el esfuerzo que ustedes han hecho para ayudarnos a sacar adelante a nuestros soldados. La patria y el pueblo colombiano no les dejará de agradecerles esto”, manifestó Mora López durante su visita.El funcionario también resaltó la calidad humana del personal médico y recordó las condiciones de vulnerabilidad de algunas de las familias de los militares heridos, quienes han recibido acompañamiento durante esta situación.La visita contó con la presencia de representantes del Ejército Nacional y se convirtió en un espacio para reconocer la labor del personal de salud que ha participado en la atención de los uniformados, mientras avanzan en su recuperación tras el ataque terrorista.
Más de 212.000 habitantes de Cundinamarca se beneficiarían de 12 proyectos de acueducto y alcantarillado que contarán con una inversión de $80.530 millones. La Gobernación y Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) formalizaron 11 convenios interadministrativos y un contrato directo para ejecutar las obras en varios municipios.Los recursos se destinarán a la construcción y el mejoramiento de redes de acueducto, tanques de almacenamiento, sistemas de alcantarillado y otras instalaciones para el suministro de agua potable y el manejo de aguas residuales y lluvias.Durante la firma de los acuerdos, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel pidió a los alcaldes socializar las intervenciones con las comunidades antes de iniciar los trabajos y hacer seguimiento a los cronogramas.“Hay que hacer un gran trabajo de socialización de estos proyectos. Yo les pido que hablen con las comunidades antes de arrancar”, expresó el mandatario.¿Qué municipios de Cundinamarca recibirán recursos para acueducto y alcantarillado?Entre las obras con mayor inversión se encuentran las de Zipaquirá, que recibirá $24.439 millones para la construcción de un tanque de compensación y almacenamiento; Pacho, con más de $13.000 millones para su Plan Maestro de Alcantarillado, y Sibaté, que contará con más de $11.285 millones para la primera fase de su Plan Maestro de Acueducto urbano.Por su parte, Silvania tendrá una intervención de $9.015 millones para la segunda fase de la construcción de su sistema de alcantarillado pluvial y sanitario.Los demás proyectos se distribuirán así:La Vega: $5.214 millones para el alcantarillado en el centro poblado El Vino.Tibacuy: $4.916 millones para un acueducto que beneficiará a San Vicente, Caracolí y Siberia.Junín: $2.963 millones para el alcantarillado de la vereda San Roque.Manta: $2.844 millones para infraestructura de abastecimiento.Arbeláez: $2.446 millones para el colector Mirolindo–Turín–PTAR Brasil.Medina: $1.951 millones para obras del Plan Maestro de Acueducto.La Mesa: $1.626 millones para el alcantarillado del barrio El Cucharal.Útica: $807 millones para mejorar el abastecimiento de agua en sectores rurales.¿Cómo se ejecutarán las 12 obras en Cundinamarca?La ejecución estará a cargo de las administraciones municipales, con el acompañamiento técnico de Empresas Públicas de Cundinamarca y la coordinación de la Gobernación.Rey señaló que los trabajos se desarrollarán tanto en los cascos urbanos como en centros poblados y zonas rurales. También reconoció que las obras pueden generar dificultades durante su construcción, pero indicó que buscan modernizar la infraestructura de servicios públicos y ampliar el acceso al agua y al saneamiento básico.Los proyectos beneficiarían a cerca de 212.872 personas mediante intervenciones en los sistemas de abastecimiento y disposición de aguas de los 12 municipios incluidos en los acuerdos.
Detrás de cada ramo de flores colombianas que llega a más de 100 países hay, en su mayoría, manos de mujeres. Blu Radio recorrió Flores La Conchita, una finca de 40 hectáreas ubicada en Bojacá, Cundinamarca, que lleva 59 años dedicada al cultivo de flores, para conocer las historias de quienes las siembran, cosechan, clasifican y arman.Actualmente, la empresa exporta sus flores a 20 países y cuenta con 650 colaboradores, de los cuales el 59 % son mujeres. Ellas están presentes en todos los niveles de la organización, desde las labores en los cultivos hasta los cargos de liderazgo. De hecho, ocupan el 64 % de las coordinaciones, el 75 % de los cargos del equipo administrativo y también el 75 % de los puestos directivos. Una de ellas es Geidy Bermúdez, coordinadora de cultivo. Llegó a la finca con 20 años y una bebé de seis meses en casa, y empezó como operaria. Desde entonces fue auxiliar de propagación y auxiliar de coordinadora, y se ha formado en diferentes diplomados. "No ha sido un crecimiento fácil, ha sido un crecimiento de esfuerzo, de metas, de propósitos, de lágrimas también, pero ha valido bastante la pena", afirmó Bermúdez.Para Geidy, que las mujeres sean mayoría en el sector tiene un valor que va más allá del empleo. "El que las mujeres representamos un gran número es muy valioso, ya que venimos de una sociedad bastante machista, donde las mujeres se han empezado a empoderar. Es muy bonito cómo te apoyas con otras mujeres y te solidarizas con las demás para que todas crezcamos".Después de la cosecha, las flores pasan a la clasificación. Por ejemplo, en el caso de las Alstroemerias, la finca participa en un programa de producción especializado de la calidad más exigente en mercados internacionales. Allí trabaja Katherine, que revisa la variedad de estas flores: en una mesa dentro del invernadero y los cultivos las mide en un calibrador, les quita los botones —la flor inmadura— y descarta las que tienen alguna enfermedad o maltrato. Lo que no cumple no sale como flor de exportación.La exigencia, según cuenta la floricultora, viene del comprador. "Para el cliente, la Alstroemeria tiene que ir perfecta. Debe ser recta, no tener ninguna torcedura, tener buen follaje, que no se le vea ninguna enfermedad y que no tenga botón", explicó. Por eso, este paso en el proceso de exportación es realizado en su mayoría por mujeres, debido a la alta delicadeza que exige este método. Más adelante en la línea están los ramos. Rocío lleva 23 años y, como sus compañeras, ha pasado por casi todos los puestos dentro del proceso, desde el cultivo hasta el empaque y la creación de ramos. Hoy arma buqués a pedido. Entró joven a la finca y reconoce que al comienzo el oficio le daba pereza, pero hoy dice que no se imagina haciendo otro oficio."El mayor aprendizaje es amar las flores. Se aprende de todo. Al principio, cuando uno empieza de joven, como que le da pereza, pero hoy en día no: amo las flores. Todo me gusta, lo que me manden a hacer, porque hay días que a uno le toca con rosa, otros con sólidos, otros con calas, otros con alstroemeria, con rosas", afirmó la floricultora.Otra de las mujeres que trabaja en el área de poscosecha es María Hortencia Moreno. Trabaja en el sector desde hace 20 años y, para ella, el empleo se tradujo en oportunidades para realizarse como mujer dentro de su oficio, pero también en oportunidades para su familia. "Gracias a mi trabajo y dedicación he podido adquirir mi propia vivienda, brindarles educación a mis hijos y ofrecerles mejores oportunidades para su futuro. También he logrado mejorar nuestra calidad de vida y cumplir metas que en algún momento fueron sueños", afirmó.Las cifras detrás de las historiasSegún la Asociación Nacional de Exportadores de Flores (Asocolflores), con datos de 2025, la floricultura genera 240.000 empleos, 150.000 directos y 90.000 indirectos, y todos son formales. El gremio calcula que el sector aporta el 28 % del empleo formal rural del país y el 70 % del empleo formal rural femenino. Es un contraste fuerte con el campo en general, ya que en las zonas rurales del país la informalidad supera el 83 %, según el DANE."La floricultura tiene cara de mujer, y eso nos enorgullece profundamente. De esos empleos, que todos son formales, 150.000 son directos y, de ellos, el 60 % están ocupados por mujeres (es decir, cerca de 90.000 colaboradoras). Somos el alma de esta actividad. Somos las que hacemos posible que estas flores lleguen a llevar bienestar a 100 mercados del mundo", afirmó Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores. De las mujeres que trabajan en el gremio, el 55 % es cabeza de familia.Tatiana de German-Ribon, gerente de Flores La Conchita, afirmó que un empleo formal es mucho más que un salario; representa acceso a salud, seguridad social, estabilidad económica, oportunidades de crecimiento y la posibilidad de construir un mejor futuro para los colaboradores. “Para muchas mujeres rurales, significa también autonomía económica, independencia y la oportunidad de asumir un papel de liderazgo dentro de sus familias y comunidades”, afirmó German-Ribon.Asocolflores trabaja con sus empresas afiliadas en cinco frentes para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Entre ellos están la autonomía económica, con capacitaciones en ahorro y manejo del crédito junto al Banco Agrario. En términos de salud, trabaja con un programa de prevención del cáncer de mama que ha llegado a más de 2.300 mujeres en Cundinamarca; y el liderazgo, a través de una escuela que forma a supervisores en comunicación y manejo de equipos.Los retos dentro del gremioValdivieso recordó que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerrar las brechas de género en el campo aportaría cerca de un billón de dólares a la economía mundial. "Tenemos desafíos enormes como país y como sociedad para cerrar las brechas de género, y esa es una obsesión en Asocolflores. Lo hacemos por convicción, porque creemos que no hay nada más transformacional en una sociedad que un empleo femenino", agregó la presidenta del gremio.Los retos también existen dentro de la finca. Geidy Bermúdez, coordinadora de cultivo en Flores La Conchita, señaló que hoy buena parte del empleo se está trasladando a las fábricas, hacia donde algunas personas prefieren irse, y que el desafío es adaptarse al cambio sin perder la cultura de trabajo que viene de atrás. Valdivieso, por su parte, reconoció que el sector atraviesa una coyuntura exigente, con varias presiones a la vez. Dijo que, como en otras ocasiones, el gremio mostrará su resiliencia y su competitividad para "salir fortalecido" y mantener a Colombia como el segundo exportador de flores del mundo.
Durante la Asamblea General de ANIF, celebrada en el Club El Nogal de Bogotá, el vicepresidente José Manuel Restrepo hizo una contundente advertencia a los congresistas y a la opinión pública sobre la necesidad urgente de sacar adelante la propuesta de reforma tributaria, denominada por el Gobierno como la ley de rescate fiscal. El alto dignatario señaló que, de no aprobarse la iniciativa durante el primer trimestre de 2027, el país enfrentará una severa crisis fiscal con un alto riesgo de impago (default), lo cual podría traducirse en un millón de colombianos adicionales en la pobreza y en un escenario de inflación o hiperinflación de la moneda.El costo de la inacción fiscal hacia 2030 y 2035En su intervención ante directivos y analistas del sector financiero, el vicepresidente expuso proyecciones alarmantes sobre lo que sucedería si se aplazan las decisiones de fondo sobre la estructura tributaria del Estado:"Si no hacemos nada en 2030 vamos a tener que pagar uno de cada 2 pesos de impuesto y en 2035 va a ser cuatro de cada 5 pesos de no hacer nada".Frente a este horizonte de deterioro de las cuentas públicas, Restrepo cuestionó las posturas evasivas de diversos sectores políticos y descartó las soluciones parciales: "Y aquí no se admiten pañitos de agua tibia. Aquí no se admite jugar a la politiquería con decisiones de esta naturaleza. Aquí no se admite ser irresponsable frente a algo de esta dimensión".El Ejecutivo asume el costo político y pide responsabilidadEl vicepresidente defendió la postura del Gobierno encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, asegurando que la administración está dispuesta a asumir el costo político de impulsar este proyecto: "El gobierno de Abelardo De La Espriella asumiendo al final un costo político pone la cara, se pone de frente y le habla de frente al país".Así mismo, Restrepo diferenció el debate democrático legítimo de la manipulación electoral: "Siempre se pueden encontrar alternativas pero no jueguen a la política... Me refiero a la burda politiquería del que pretende hacerlo de una manera en donde no va a ser simplemente viable". Añadió que la actual coyuntura sirve de parámetro para juzgar el compromiso institucional: "Este escenario es un escenario en donde se mide la responsabilidad de quienes nos gobiernan tanto en el ejecutivo como en el legislativo".A pesar del tono crítico del mensaje, el vicepresidente sostuvo que la administración mantiene abiertos los canales institucionales para concertar los ajustes necesarios: "El ejecutivo está listo en el diálogo con el legislativo... siempre con la posibilidad de construir colectivamente porque la capacidad de escucha y de construir de la mano del ejecutivo y del legislativo siempre será posible con ese sentido naturalmente de responsabilidad"
Roberto Prieto Uribe no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con la financiación de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, luego de que la juez avalara la imputación presentada por el ente acusador y rechazara los argumentos de la defensa contra su vinculación formal al proceso.Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso señaló que Prieto, quien se desempeñó como gerente de la campaña de Santos, habría incurrido en irregularidades relacionadas con la presentación de los informes de ingresos y gastos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con la Fiscalía, en esos documentos se habría omitido información sobre recursos y gastos relacionados con la financiación de la campaña. La Fiscalía también señaló que la campaña recibió ingresos provenientes de fuentes prohibidas, entre ellos recursos relacionados con la multinacional brasileña Odebrecht, pese a lo cual recibió la reposición de votos correspondiente a las dos vueltas de las elecciones presidenciales de 2014.Posteriormente, explicó los hechos que atribuye directamente a Prieto Uribe y señaló: “Se le reprocha, señor José Roberto Prieto Uribe, que en Bogotá el 26 de diciembre de 2014, como gerente de la campaña Juan Manuel Santos a la Presidencia (2014-2018) de manera directa obtuvo para el Partido de La U incremento patrimonial no justificado en cuantía de 13.461.287.446 para la cual se soportó en documentos falaces en los que se omitió registrar ingresos y gastos de la campaña, particularmente los provenientes de la multinacional brasilera Odebrecht, la cual pagó los servicios prestados por la empresa panameña Paddington Venture Ltd. y también omitió reportar la donación en especie de esa misma multinacional en los valores pagados a Paddington Venture Ltd.”.De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, en el informe Prieto reportó ante el organismo electoral gastos de campaña por aproximadamente 13.000 millones de pesos, pero habría dejado por fuera los recursos utilizados para pagar los servicios contratados con Paddington Venture Ltd.Los hechos investigados están relacionados con el envío de un millón de dólares por parte de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. De acuerdo con la información expuesta durante la audiencia, esos recursos fueron utilizados para financiar un estudio de opinión y estrategia en un momento de la campaña en el que Santos se enfrentaba a Óscar Iván Zuluaga y las encuestas ubicaban a este último en una posición favorable.Para la realización de esos estudios, la campaña presidencial suscribió en febrero de 2014 un contrato con la sociedad panameña Paddington Ventures. El objeto incluía actividades relacionadas con la evaluación de piezas publicitarias, la medición de la percepción ciudadana, el análisis del comportamiento electoral y la elaboración de recomendaciones estratégicas para la campaña.Según la Fiscalía, los recursos relacionados con esos servicios no fueron incluidos en los informes oficiales presentados ante el CNE, tanto en los ingresos como en los gastos de la campaña. El ente acusador sostiene que esa omisión tuvo consecuencias frente a los recursos que posteriormente recibió la campaña por concepto de reposición de votos.La Fiscalía afirmó que, como consecuencia de la información presentada ante las autoridades electorales, la campaña pudo acceder a la reposición de votos de primera y segunda vuelta y habría recibido del Estado un total de 13.461 millones de pesos.Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a Roberto Prieto Uribe los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Tras escuchar la formulación de cargos y la decisión de la juez de avalar la imputación, Prieto no aceptó responsabilidad por las conductas atribuidas.
Un cargamento de 1.100 toneladas de nitrato de amonio fue incautado en Santa Marta durante un operativo adelantado por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), como parte de los controles contra el contrabando en la región Caribe.De acuerdo con la información entregada por la Policía, la sustancia era de procedencia extranjera y fue ubicada durante una diligencia de registro y allanamiento, después de labores de investigación y perfilación que permitieron identificar la mercancía.El nitrato de amonio requiere controles especiales por parte de las autoridades debido a sus características y a los posibles usos que puede tener. Según la Polfa, esta sustancia puede ser empleada como materia prima para la elaboración de ANFO, un compuesto utilizado en la fabricación de artefactos explosivos improvisados.La coronel Luliana Jiménez, directora de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, explicó que el procedimiento hace parte de las acciones para evitar que sustancias químicas controladas sean desviadas hacia actividades ilícitas.Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer la procedencia, documentación y destino final del cargamento incautado, para establecer si esta sustancia química tenía como punto final algún grupo criminal como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o el Clan del Golfo que operan en el departamento del Magdalena.
Un amplio operativo contra organizaciones criminales se desarrolló durante la madrugada de este jueves en Bucaramanga, bajo la coordinación del presidente Abelardo De La Espriella, quien estuvo de manera sorpresiva en la capital santandereana para acompañar las acciones de las autoridades.El despliegue se concentró principalmente en el norte de la ciudad y contó con el apoyo de dos helicópteros de la Policía Nacional. En los procedimientos participaron unidades de la Policía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el Ejército Nacional y el Gaula.De acuerdo con la información preliminar, las acciones estuvieron dirigidas contra estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Entre las organizaciones intervenidas estarían las conocidas como Los del Sur y San Rafa, esta última relacionada con alias Pichi, quien permanece privado de la libertad desde hace varios años.También fueron objeto de los operativos otras organizaciones criminales que, según las autoridades, tendrían nexos y alianzas con grupos como el Tren de Aragua, el Clan del Golfo y el ELN.Por el momento, no se conoce el número de personas capturadas ni si entre los resultados del operativo están algunos de los principales cabecillas de estas estructuras criminales.Se espera que las autoridades entreguen un balance oficial con los resultados de las intervenciones, los elementos incautados y las organizaciones afectadas.
Ocho de los militares que resultaron heridos durante el ataque con drones contra un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, ya recibieron el alta médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga. Así lo confirmó la institución de salud en un comunicado divulgado este miércoles 11 de noviembre.De acuerdo con el reporte médico, el hospital recibió a 15 soldados que fueron trasladados a Bucaramanga luego de resultar afectados en el ataque perpetrado el pasado 7 de noviembre. De ese grupo, siete permanecen bajo atención médica: dos se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y cinco continúan en hospitalización, con seguimiento de equipos especializados.La institución confirmó que los ocho pacientes que evolucionaron favorablemente ya pudieron regresar a sus hogares, mientras que los siete militares restantes continúan recibiendo atención médica.El ataque ocurrió hacia el mediodía del sábado 7 de noviembre contra las instalaciones del Batallón de Selva N.º 48, en Santa Rosa del Sur. La acción, perpetrada mediante drones cargados con explosivos, dejó tres militares muertos y decenas de personas heridas, según los reportes conocidos tras la emergencia.Tras el atentado, varios de los uniformados tuvieron que ser evacuados hacia centros asistenciales de Santander y otras regiones, debido a la gravedad de las lesiones. En el caso de Bucaramanga, el Hospital Universitario de Santander recibió a los militares que requerían atención de mayor complejidad.De hecho, el balance conocido el 10 de noviembre por BLU Radio daba cuenta de 46 militares atendidos en diferentes instituciones médicas, de los cuales 18 ya habían recibido el alta. Otros uniformados permanecían hospitalizados en Bucaramanga, Barrancabermeja, Aguachica y Santa Rosa del Sur.El Hospital Universitario de Santander informó que, en coordinación con la Gobernación de Santander, mantiene disponible un equipo multidisciplinario para garantizar la atención integral de los militares que continúan hospitalizados, así como el acompañamiento a sus familiares.
Las autoridades de salud encendieron las alarmas por el incremento de casos de tuberculosis en los establecimientos penitenciarios de Santander. La situación genera especial preocupación en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, ubicada en Girón, donde se adelantan acciones de vigilancia epidemiológica y atención a las personas privadas de la libertad que han sido diagnosticadas con esta enfermedad.De acuerdo con el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, durante 2026 se han reportado 346 casos de tuberculosis en centros penitenciarios del departamento, principalmente en establecimientos de Bucaramanga, Girón y San Gil.El funcionario explicó que una de las posibles causas del incremento estaría relacionada con el traslado de internos entre diferentes establecimientos carcelarios, algunos de los cuales llegan con síntomas de la enfermedad y posteriormente resultan positivos en las pruebas diagnósticas."Posiblemente ha habido un incremento que se debe a los traslados de algunos presos que están en reclusión de unas cárceles a otras, que vienen con algunos signos y síntomas de tuberculosis y cuando se les hace el respectivo diagnóstico salen positivos. Se han venido dando el manejo en conjunto con las secretarías y los protocolos para atender a esta población que se diagnostica, como aislarlos y darles manejo", explicó Edwin Prada.La Secretaría de Salud señaló que se trabaja de manera articulada con las autoridades sanitarias municipales y los establecimientos penitenciarios para garantizar la atención de los pacientes, implementar los protocolos de aislamiento y evitar que se sigan presentando nuevos contagios.La situación de Palogordo no es nueva. En agosto de 2025 se reportó un brote de tuberculosis en este establecimiento penitenciario, con 29 internos contagiados, según información conocida por medios de comunicación. En ese momento, se solicitó el acompañamiento de las secretarías de Salud de Santander y Girón para implementar medidas de control.Posteriormente, en mayo de 2026, también se conoció un brote en la cárcel de San Gil, donde fueron confirmados cerca de 29 casos entre personas privadas de la libertad y funcionarios del Inpec. La situación motivó la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó información sobre el número de afectados, las condiciones de aislamiento y los protocolos de atención médica implementados.Además, un informe de gestión del Inpec correspondiente al primer trimestre de 2026 identificó 108 personas privadas de la libertad con tuberculosis activas en el programa de atención en Palogordo y 75 en la cárcel de Bucaramanga.El panorama también se enmarca en el comportamiento de la enfermedad en el departamento. En mayo pasado, Santander registraba 504 casos de tuberculosis en la población general durante 2026, de acuerdo con cifras de Sivigila citadas por las autoridades sanitarias.
Ante los recientes atentados terroristas registrados en diferentes regiones de Colombia, la Gobernación de Santander anunció el fortalecimiento de las operaciones de seguridad, los controles y las acciones de inteligencia para prevenir hechos que afecten al departamento.Según el secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, las zonas que concentran mayor atención son el Magdalena Medio y los corredores limítrofes entre Santander y los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Boyacá, donde se han reforzado los dispositivos de seguridad.“Es muy importante invitar a toda la comunidad y a los componentes de seguridad de los santandereanos a estar muy atentos y alertas frente a los eventos que se están presentando a nivel nacional”, manifestó Hernández.El secretario también destacó los resultados de recientes operaciones contra estructuras criminales que han intentado ingresar al departamento. Entre ellas mencionó las acciones contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en el sector de Puerto Wilches y los operativos contra el grupo armado organizado Conquistadores de la Sierra, en límites con Cesar, que, según indicó, han dejado más de 20 capturas e incautaciones de armas.A estos resultados se suma un operativo de la Policía Nacional en el que fueron incautados cuatro fusiles, cuatro pistolas, dos subametralladoras y municiones. De acuerdo con Hernández, las investigaciones continúan para evitar que este armamento llegue a territorio santandereano."Para reforzar la capacidad de respuesta, también se han dispuesto mayores recursos operativos de la Quinta Brigada del Ejército y de la Policía Nacional, incluidos grupos especiales como el GOES, el GAULA, unidades de la Sijín y equipos de inteligencia policial", aseguró Hernández.El funcionario señaló que estas capacidades permitirán ampliar los controles y las acciones de prevención en diferentes municipios y corredores estratégicos del departamento.Finalmente, la Gobernación reiteró el llamado a la ciudadanía para que permanezca alerta y reporte oportunamente cualquier situación sospechosa.
El estratega político y experto en marketing Ancízar Casanova obtuvo siete reconocimientos internacionales en los premios Napolitan Victory Awards y Reed Latino, dos de los certámenes más importantes de la industria de la comunicación política en América Latina, por su trabajo en campañas electorales desarrolladas en Colombia.Entre las distinciones recibidas se destacan categorías como mejor manejo de crisis, mejor eslogan y mejor estratega general, reconocimientos que resaltan su trabajo en la construcción de mensajes, estrategias de comunicación y posicionamiento de candidatos durante las campañas parlamentarias de comienzos de 2026.Casanova, quien recibió uno de estos reconocimientos en Panamá, asesoró a siete candidatos en Santander y otras regiones del país. Entre las campañas en las que participó mencionó las desarrolladas en Floridablanca, Piedecuesta, Facatativá y Barrancabermeja, además de la campaña a la Gobernación de Santander de Juvenal Díaz Mateus, quien resultó elegido en 2023. “Todas fueron campañas exitosas y todas dejan aprendizajes. También resalto la labor de Carlos Suárez y su empresa, Estrategia y Poder, para el triunfo de Abelardo De La Espriella", señaló Casanova. Más allá de los reconocimientos internacionales, el consultor aseguró que los resultados electorales dependen de la capacidad de los candidatos para transformar sus formas de hacer política y conectarse con las nuevas dinámicas de comunicación con los ciudadanos.“Los políticos deben cambiar su forma de actuar para alcanzar triunfos importantes. Es necesario gobernar de una forma moderna y no como lo hacían en el pasado”, manifestó.Los Napolitan Victory Awards y los Reed Latino reconocen diferentes especialidades de la comunicación política, entre ellas estrategia electoral, creatividad, publicidad, manejo de crisis y comunicación digital. Sus distinciones buscan visibilizar el trabajo de consultores, estrategas y equipos que están detrás de las campañas electorales. Con siete premios en estos dos escenarios internacionales, Ancízar Casanova suma reconocimientos a su trayectoria como asesor de campañas políticas en Santander y otras regiones de Colombia.
Un nuevo requerimiento judicial al Ministerio de Ambiente reavivó la controversia por el proceso de delimitación y declaratoria de la Reserva de Recursos Naturales Renovables La Baja, en el páramo de Santurbán. El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga le dio un plazo de tres días a la cartera ministerial para informar qué actuaciones ha adelantado para cumplir la orden de reiniciar integralmente la etapa de consulta pública del proyecto.La decisión hace parte de una acción de tutela y está relacionada con el cumplimiento de la sentencia del 10 de agosto de 2026, que estableció seis condiciones específicas para reanudar este procedimiento ambiental.Además, el despacho judicial solicitó al Ministerio identificar plenamente al funcionario responsable de cumplir la orden, incluyendo su nombre, cargo, número de identificación y correo electrónico de notificación. También pidió precisar quién es su superior jerárquico y aportar los documentos que acrediten las facultades para asumir esa responsabilidad.Tras conocerse la decisión, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán cuestionó el cumplimiento de la sentencia por parte del Ministerio de Ambiente y señaló que el ministro Fabio Arjona, habría incumplido la misma decisión judicial que, según el Comité, fue utilizada para favorecer a la empresa minera Aris Mining.La organización ambiental también advirtió que el ministro de Ambiente ad hoc, Indalecio Dangond, podría enfrentar consecuencias legales si no se cumple la orden judicial. Sin embargo, el auto del Juzgado Octavo Administrativo aclara expresamente que este requerimiento no constituye, por sí mismo, la apertura de un incidente de desacato ni un juicio anticipado de responsabilidad sancionatoria.En medio de esta controversia, el Comité anunció una jornada de protesta para este viernes 13 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, frente a la sede del Ministerio de Ambiente, en Bogotá, en la que exigirá garantías para la protección del páramo de Santurbán y el cumplimiento de las decisiones judiciales.La discusión sobre la reserva La Baja se suma a las tensiones que persisten alrededor de la delimitación de Santurbán y los procesos de participación ciudadana y el futuro de los proyectos mineros en esta zona estratégica para el abastecimiento de agua de Santander.
La Alcaldía de Bucaramanga retiró del Concejo el proyecto de acuerdo 067, con el que busca comprometer vigencias futuras excepcionales por cerca de $500.000 millones para financiar diferentes obras y proyectos en la ciudad. La decisión se tomó después de un comité de análisis en el que los concejales formularon observaciones sobre la iniciativa, que serán revisadas e incorporadas por la administración municipal antes de presentarla nuevamente.El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, explicó que el retiro responde a la disposición de atender los planteamientos de los concejales, que consideró razonables y oportunos. Según anunció, el proyecto será radicado nuevamente en los próximos días con los ajustes correspondientes.“Algunos concejales manifestaron observaciones que consideramos razonables, oportunas y racionales. Por eso, atendimos a su llamado y procederemos en los próximos días a radicarla nuevamente con estas subsanaciones”, señaló el mandatario.La iniciativa contempla recursos para diferentes intervenciones, entre ellas la construcción de una planta de tratamiento de lixiviados en el sitio de disposición final de residuos El Carrasco, trabajos de reparcheo y recuperación de la malla vial, mejoramiento de andenes, parques y espacio público, así como proyectos de distintas secretarías.Le puede interesar: Condenan a 5 años y 4 meses de prisión a exgerente del Acueducto de BucaramangaEl concejal José David Cavanzo aclaró que este proyecto de vigencias futuras no tiene relación con el empréstito que también se ha discutido en el Concejo y que actualmente se encuentra suspendido por decisión de un juez de la República.“Esto nada tiene que ver con el empréstito. Esto no es un crédito, no es un préstamo, sino que es comprometer parte del presupuesto de los años siguientes”, explicó el corporado.Cavanzo también advirtió que el Concejo deberá revisar con rigurosidad la destinación de los recursos y verificar que las iniciativas tengan un verdadero carácter estratégico para la ciudad. Señaló que no se trata simplemente de dejar compromisos presupuestales para la próxima administración, sino de garantizar que las obras y proyectos respondan a necesidades importantes de Bucaramanga.“Esto no puede ser un acto de simplemente querer disfrazar algo como estratégico para sencillamente dejar un contrato en ejecución. Por eso, ahí tiene que venir la rigurosidad de nosotros en el Concejo de hacer un buen estudio”, agregó.Por su parte, el concejal Luis Ávila, quien actúa como ponente del proyecto de acuerdo 067, confirmó la decisión de retirar la iniciativa luego del trabajo de análisis con la administración municipal y los demás integrantes de la corporación.Entre tanto, la secretaria de Planeación de Bucaramanga, Laura Otero Pilonieta, indicó que la Alcaldía volverá a presentar el proyecto una vez incorpore las recomendaciones recibidas durante la mesa de trabajo, con el propósito de fortalecer su justificación técnica.“La administración municipal radicará nuevamente el proyecto de acuerdo para que los aportes constructivos que recibimos en esta mesa de trabajo sean incorporados y así mejoremos y complementemos el sustento técnico de este importante proyecto de acuerdo”, manifestó la funcionaria.Con el retiro temporal de la iniciativa, el proyecto de vigencias futuras excepcionales deberá regresar al Concejo para un nuevo estudio y debate. Allí se analizará la pertinencia de las obras propuestas, su alcance y los compromisos que asumiría el municipio sobre sus presupuestos de los próximos años.
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga anunció la suspensión del servicio de agua potable durante 48 horas en sectores del centro, norte, occidente y suroccidente de la ciudad. La medida comenzará el viernes 13 de noviembre, a las 8:00 de la noche, y se extenderá hasta el domingo 15 de noviembre, a las 8:00 de la noche.De acuerdo con la empresa, la interrupción del servicio obedece a trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema de bombeo Bosconia-Morro, ubicado en la planta de tratamiento Bosconia, así como en cinco tanques que abastecen diferentes sectores del norte y centro de Bucaramanga.La suspensión afectará a cerca de 70.000 suscriptores. Entre las zonas cobijadas se encuentra el cuadrante comprendido entre la carrera 22 y la escarpa occidental, y entre la calle 45 y la escarpa norte, además de otros sectores del norte, occidente y suroccidente de la capital santandereana.Estos son los barrios que tendrán suspensión del servicio:Distrito Estadio: Gaitán, Girardot, Granada, La Feria, La Gloria, La Independencia, Modelo, Mutualidad, Nápoles, Nariño, Bosque Norte Alto y Bajo, Nueva Colombia, Pío XII, San Francisco, San Rafael, Santander, Villa Mercedes, Zarabanda, 23 de Junio, Comuneros, Centro, Chapinero, Transición, García Rovira, Regadero Norte, Olas II, El Cinal, San Cristóbal, Camilo Torres, La Cuyanita y la totalidad de las pilas públicas de la zona de escarpa.Distrito Regadero: El Plan, La Esperanza I, II y III, José María Córdoba, La Juventud, Lizcano I y II, Paisajes del Norte, Regadero Norte, Los Ángeles, Mirador, Olas Altas, Olas Bajas, San Cristóbal, Transición, Villa Helena, Villa María, Villa Rosa y Altos del Progreso.Distrito Colorados: Colorados, Villa Patricia, Pablón Alto, La Torre, El Rosal, Rosa Alta, Los Palos, Limoncito, Getsemaní, Campestre Norte, Portal de los Ángeles, Barrio Nuevo, La Fortuna, Rosal Norte y El Nogal, además de las pilas públicas del sector.Distrito Bienestar: Colseguros Norte, Minuto de Dios, 23 de Junio, Altos del Kennedy, Altos del Progreso, Balcones del Kennedy, Barrio Kennedy, Miramar, Las Hamacas, María Paz, Miradores del Kennedy, Omaga I y II, Hospital del Norte y Tejar Norte.Distrito Ferrovías: Campo Madrid, Café Madrid, Ciudadela Café Madrid, Villas de San Ignacio, Claveriano, Balcones del Kennedy, San Valentín, Villa Alegría II, Olas Bajas, Villa Alegría I, Omaga, Mirador del Kennedy, Viveros de Provenza y Las Hamacas.Distrito Betania: Bavaria, San Ignacio Real y Betania.Distrito Centro: Campo Hermoso, Alfonso López, La Joya, San Miguel, Chorreras de Don Juan, García Rovira, Primero de Mayo, Centro, Santander, 23 de Junio, Candiles, Pantanos I, II y III, Don Bosco, Villa Esmeralda, La Palma, Quinta Estrella, Urbanización Villa del Prado, Urbanización Los Búcaros, Cárcel Modelo, Hospital Psiquiátrico San Camilo e Instituto de Medicina Legal.Distrito Puerta del Sol y La Iglesia: Ciudadela Real de Minas, Mutis, Ciudad Bolívar, Estoraques, Los Canelos, Prados del Mutis, Los Héroes, Monterredondo, Bucaramanga, San Gerardo I, Brisas del Mutis, Manzanares, Metrópolis I, Balconcitos, San Gerardo II, Punta Estrella, Conalvivienda, Centauros, Colombia, La Gran Ladera, El Angelino, Nueva Foresta, Ciudadela Verde y Planta Coca Cola.Para atender a la población durante las 48 horas de suspensión, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga anunció la activación de un plan de contingencia que contempla el abastecimiento mediante carrotanques, especialmente para usuarios de atención especial, en puntos estratégicos de la meseta.Además, estarán habilitados tres puntos para el suministro de agua potable en la calle 9 con carrera 25, frente al Colegio Santander, la carrera 27 con calle 32, frente a Garcillantas, en el Parque de los Niños y la planta Morrorrico, ubicada en la bahía del Parque del Agua, sobre la vía a Cúcuta.La empresa hizo un llamado a los habitantes de los sectores afectados para que almacenen agua con anticipación y hagan un uso racional del recurso, con el propósito de reducir las dificultades durante la interrupción.El amb señaló que estas labores son necesarias para mantener la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de agua potable en Bucaramanga.
Una persona herida dejó un incendio registrado en un establecimiento comercial de Bucaramanga, en la carrera 22 entre calles 36 y 37. La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, que lograron controlar las llamas y evitar que se propagaran a otros inmuebles.La persona lesionada recibió atención médica tras el incidente. Hasta el momento, no se han establecido las causas que originaron la conflagración ni el monto de las pérdidas materiales. El negocio afectado es de reparación de aparatos electrónicos. Las autoridades de la capital santandereana adelantan las verificaciones para determinar qué provocó el incendio y establecer las afectaciones que dejó la emergencia.Los organismos de socorro reiteraron el llamado a reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para la comunidad.
Dos personas muertas y dos más heridas es el saldo de tres ataques sicariales registrados en menos de 24 horas en Barrancabermeja. La seguidilla de hechos violentos, ocurridos entre la tarde del martes 10 de noviembre y la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, encendió nuevamente las alarmas por la situación de seguridad en el puerto petrolero.Los ataques con arma de fuego se presentaron en tres sectores del distrito: los barrios San Martín, en la comuna 6; El Progreso, en la comuna 5, y el sector de Bendición de Dios, en la comuna 7.El primer hecho ocurrió en el barrio San Martín, donde fue atacado con arma de fuego Brayan Andrés Rojas, de 22 años. El joven resultó gravemente herido y permanece bajo pronóstico reservado en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Horas después, en el barrio El Progreso, fue asesinado Andrés Felipe González Díaz, de 32 años, quien residía en el barrio Danubio.El tercer ataque se registró hacia la 1:30 de la madrugada de este miércoles en el sector Bendición de Dios. Dos hombres de nacionalidad venezolana fueron atacados a bala. En el hecho murió Daniel Alexander Sánchez Muñoz, mientras que William José Rosales Sánchez, de 48 años, recibió tres impactos de bala y fue trasladado a la Clínica Magdalena.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de los tres ataques. Entre las hipótesis que se analizan está una posible relación con disputas entre estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico local de estupefacientes.La ocurrencia de estos tres hechos en diferentes comunas, en un periodo inferior a 24 horas, vuelve a poner sobre la mesa la preocupación ciudadana por el deterioro de las condiciones de seguridad en Barrancabermeja y la necesidad de acciones para contener los homicidios y los ataques sicariales.La Policía informó que una mujer fue capturada en Barrancabermeja cuando tenía en su poder un arsenal que pertenecería a las disidencias de las Farc del Magdalena Medio. Según las autoridades, el armamento presuntamente sería comercializado con as Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.Horas antes en Floridablanca dos hombres y una mujer resultaron heridos en un ataque de sicarios. El violento hecho ocurrió frente a un negocio de comidas rápidas en el barrio El Carmen. Las autoridades de Santander buscan establecer si existe conexión entre los hechos y quiénes estarían detrás de esta cadena de ataques armados en Barrancabermeja.
La ratificación de los acuerdos sobre la delimitación del páramo de Santurbán generó una reacción de celebración entre los líderes sociales, el sector minero y las autoridades de Vetas, Santander. Tras más de cuatro años de incertidumbre, el Ministerio de Ambiente reconoció los compromisos alcanzados con las comunidades en 2021 y 2022 y confirmó que se mantiene la línea de delimitación concertada durante ese proceso.El anuncio se conoció durante una jornada realizada en Vetas, en cumplimiento de una orden del Tribunal Administrativo de Santander. Allí, el Gobierno Nacional manifestó que reconoce los componentes de las tres actas de mediación y sus anexos, incluida la línea de páramo acordada con el municipio, cuya discusión no será reabierta.Para Ivonne González, presidenta de Asomineros y vocera de Dignidad Minera, la decisión representa el reconocimiento de un trabajo técnico, jurídico y social que, según indicó, las comunidades habían defendido durante años.“Hoy es un día histórico porque aunque hace 4 años estábamos celebrando porque sabíamos que habíamos hecho un trabajo perfecto, pero con ideología y politiquería quisieron dañar este trabajo. Hoy hemos probado técnica, jurídica y socialmente, que los acuerdos estaban bien”, expresó.La dirigente también agradeció al actual Gobierno por revisar los documentos y estudios presentados por las comunidades y ratificar los compromisos. Además, anunció que próximamente comenzarán mesas de trabajo para avanzar en su implementación.“Santurbán en Vetas va tener su mejor protección con nosotros, las comunidades que vivimos aquí y lo hemos protegido desde siempre. Hoy Vetas celebra lleno de alegría, porque el pueblo siempre triunfa, y la voz del pueblo es la voz de Dios”, manifestó González.Por su parte, la alcaldesa Angélica García aseguró que la ratificación representa un triunfo para el municipio, sus habitantes y el sector minero de la provincia de Soto Norte, luego de varios años de espera por una definición del Gobierno Nacional.“El municipio de Vetas está muy feliz porque después de 4 años de sufrir el olvido del Gobierno Nacional, hoy el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella llega aquí a ratificar los acuerdos firmados por la comunidad y el Ministerio de Ambiente en 2021 y 2022, manifiesta que no tiene reparo alguno. Esto es un gran triunfo para el municipio, la comunidad, y el sector minero de todo Soto Norte”, señaló la mandataria.El proceso de concertación con Vetas se desarrolló entre 2020 y 2022 e incluyó más de 29 reuniones, nueve mesas de concertación y aportes técnicos y jurídicos de las comunidades. También contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control.Los acuerdos abordaron los seis temas ineludibles establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017, que ordenó adelantar una nueva delimitación participativa del páramo de Santurbán.Con la decisión anunciada por el Ministerio de Ambiente, las comunidades de Vetas esperan avanzar ahora en la implementación de los compromisos, con participación de las autoridades locales y los diferentes sectores del municipio.
Continúa la atención médica a los militares heridos durante el atentado terrorista ocurrido el pasado 7 de noviembre en Santa Rosa del Sur, Bolívar. De acuerdo con el más reciente reporte, 28 uniformados permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales, la gran mayoría, en Santander y otros en Cesar. 18 uniformados ya recibieron el alta médica.En Bucaramanga, en el Hospital Universitario de Santander (HUS) actualmente son atendidos 15 soldados, así lo confirmó Orlando Quintero, subgerente de la institución."Dos pacientes permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con pronóstico reservado, mientras que los demás continúan en proceso de recuperación y bajo seguimiento especializado".Posterior a pasar esta etapa serán valorados en las diferentes especialidades, dado que varios de ellos presentan fracturas, afectaciones en sus ojos, lesiones en sus cuerpos, además de atención por audición debido a las detonaciones.Le puede interesar: Ofrecen $3.200 millones por alias ‘Casinga’, por atentado contra militares en Santa RosaEl HUS también informó que ocho de los pacientes han requerido intervenciones quirúrgicas, algunos de ellos en varias oportunidades, debido a lesiones abdominales, vasculares, óseas y de tejidos blandos.Los demás militares reciben atención en otros centros hospitalarios. La distribución de los uniformados que permanecen bajo atención médica es la siguiente:En Bucaramanga: permanecen 21 militares, 15 de ellos en el HUS y los demás en el Hospital Militar de la Segunda División.En Barrancabermeja: permanecen cuatro militares.En Aguachica, Cesar: dos militares.En Santa Rosa del Sur, Bolivar: se encuentra un militar.En total, 28 uniformados continúan hospitalizados y 18 han recibido el alta médica, luego de resultar heridos en el ataque atribuido a grupos armados ilegales en el sur de Bolívar.La Gobernación de Santander y los equipos médicos mantienen el acompañamiento a los militares y sus familias, mientras avanza la recuperación de los afectados.
Una denuncia por presuntas irregularidades en un procedimiento de tránsito involucra a un agente de la Dirección de Tránsito de Girón, Santander. El empresario Álvaro Jany Barbosa aseguró que el funcionario habría utilizado un vehículo de alta gama que dos horas antes había sido inmovilizado y subido a una grúa en la autopista que comunica a Bucaramanga con Girón.De acuerdo con el relato del empresario, el automotor fue inmovilizado por tener vencido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Sin embargo, aproximadamente dos horas y media después del procedimiento, habría ocurrido una situación que ahora es objeto de denuncia.Barbosa señaló que el agente de tránsito habría bajado el vehículo de la grúa y lo habría conducido, en una acción que calificó como irregular. Incluso aseguró que el funcionario "quiso dar una vueltica en el carro".La situación fue registrada en video por un hijo del empresario, quien transitaba por el sector y habría captado el momento en que el funcionario manipulaba el automotor.El propietario aseguró que, después de lo ocurrido, encontró un golpe en una de las puertas del vehículo, por lo que anunció que emprenderá acciones legales por el presunto delito de daño en bien ajeno y buscará establecer quién debe responder por los daños ocasionados.Hasta el momento, la Dirección de Tránsito de Girón no se ha pronunciado sobre los hechos denunciados ni ha entregado una explicación sobre el procedimiento realizado por el funcionario.¿Qué dice la ley sobre los vehículos inmovilizados y los posibles daños?El Código Nacional de Tránsito, establecido mediante la Ley 769 de 2002, contempla reglas para la inmovilización y custodia de los vehículos. El artículo 125 establece que los automotores deben ser trasladados a parqueaderos autorizados y que su ingreso debe quedar respaldado por un inventario de los elementos y una descripción de su estado exterior. Este procedimiento también debe realizarse al momento de la salida.La norma establece que, cuando existen diferencias entre el inventario de recibo y el de entrega, el administrador del parqueadero autorizado puede tener que responder por los elementos extraviados, dañados o averiados del vehículo, además de las sanciones correspondientes. Por otra parte, el artículo 265 del Código Penal colombiano contempla el delito de daño en bien ajeno. La norma sanciona a quien destruya, inutilice o cause daños a un bien mueble o inmueble de otra persona. La eventual responsabilidad penal dependerá de la investigación y de que se acrediten los elementos del delito. En este caso, si se demuestra que el vehículo sufrió daños durante la custodia o como consecuencia de una actuación irregular de un funcionario, podrían existir responsabilidades que deberán establecer las autoridades competentes.
La difícil situación financiera que atraviesa la Clínica Foscal de Floridablanca, encendió las alarmas en el sector empresarial de Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga advirtió sobre las consecuencias que podría tener esta crisis para el sistema de salud en el departamento y pidió al Gobierno Nacional intervenir para garantizar la continuidad de los servicios médicos. La preocupación se conoció luego de que la propia organización de salud Foscal enviara una comunicación al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y al Ministerio de Salud, en la que solicitó una intervención urgente ante el incumplimiento y los retrasos en los pagos de las entidades responsables de financiar la atención de los pacientes.La institución reveló que tiene una cartera pendiente de recaudo cercana a los $600.000 millones, de los cuales aproximadamente el 90 % corresponde a obligaciones de Nueva EPS, FOMAG y Famisanar.Frente a este panorama, la Cámara de Comercio de Bucaramanga manifestó que lo que está en juego trasciende la sostenibilidad financiera de una institución médica y compromete la atención de miles de ciudadanos, la generación de empleo y la capacidad de Santander para ofrecer servicios especializados de salud.La entidad destacó que la Foscal se ha consolidado como un referente médico para la región, Colombia y el mundo, gracias a su infraestructura, talento humano especializado y trayectoria de 50 años.Por esta razón, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las entidades responsables de los pagos para que, de manera articulada, establezcan soluciones que permitan normalizar la cartera, definir compromisos con plazos concretos y garantizar la continuidad de los servicios.La Cámara advirtió que una eventual interrupción de los servicios de la institución "tendría repercusiones que irían más allá del sector hospitalario, con efectos sobre el empleo, los proveedores, la confianza empresarial y la atención de pacientes de Santander y otros departamentos".La preocupación ahora está centrada en las respuestas del Gobierno Nacional y de las EPS deudoras, ante una situación financiera que amenaza la sostenibilidad de una de las instituciones de salud más importantes del nororiente colombiano.La clínica advirtió que esta situación ha afectado directamente su flujo de caja y ha dificultado el cumplimiento oportuno de compromisos esenciales para su funcionamiento, entre ellos el pago de la nómina de trabajadores y profesionales de la salud, las obligaciones con proveedores de medicamentos e insumos y la adquisición de los recursos. Según las cifras entregadas por la FOSCAL, anualmente atiende cerca de 664.423 consultas, 28.706 egresos hospitalarios y 21.081 procedimientos quirúrgicos. A esto se suman 321.069 actividades de promoción y mantenimiento de la salud, 27.832 consultas oncológicas y 6.583 tratamientos de quimioterapia y radioterapia.
Bucaramanga contará por primera vez con un Observatorio del Delito, una herramienta tecnológica que permitirá monitorear el comportamiento de la criminalidad en la ciudad y orientar las acciones de las autoridades para prevenir y combatir los hechos delictivos.El anuncio lo hizo el alcalde Cristian Portilla, quien explicó que este centro funcionará en el tercer piso de la Alcaldía, en las instalaciones de la Secretaría del Interior, y tendrá operación permanente, las 24 horas del día, durante los 365 días del año.El observatorio contará con un equipo interdisciplinario que analizará en tiempo real la información sobre los delitos, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial y un sistema de monitoreo de gran formato. Además, estará articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ejército, las unidades de inteligencia y la Policía Judicial, para coordinar las acciones frente a las diferentes modalidades delictivas.Según explicó el mandatario, "esta tecnología permitirá identificar los sectores con mayor incidencia de delitos y los horarios en los que se presentan, con el propósito de orientar los patrullajes y operativos de la fuerza pública".La puesta en funcionamiento del observatorio estará acompañada de la renovación del sistema de videovigilancia de la ciudad. El alcalde anunció la incorporación de más de 200 cámaras nuevas, entre ellas dispositivos de reconocimiento facial y lectura automática de placas vehiculares (LPR), además de la reposición de 93 equipos que actualmente están fuera de servicio por fallas en el circuito cerrado de televisión.A esta estrategia se sumará la llegada, prevista para diciembre, de tres torres móviles de vigilancia que podrán instalarse de manera itinerante en puntos estratégicos de Bucaramanga. Estos equipos tendrán cámaras con movimiento y acercamiento (PTZ), reconocimiento facial, lectura de placas y sistemas de perifoneo. También estarán conectados con el comando de la Policía y el Observatorio del Delito.El alcalde señaló que: "estas medidas buscan fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades. Como parte de los resultados recientes, durante septiembre se registró una reducción del 50 % en los homicidios y en octubre la disminución fue del 33 %".Además de los homicidios, la Administración Municipal busca concentrar esfuerzos en combatir el hurto, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar, problemáticas que también representan retos para la seguridad de la capital santandereana.