la información a nivel nacional sobre los registros de vehículos automotores de carga con obligación de cumplir con el proceso de chatarrización para modernizar el parque automotor de este tipo de vehículos.
Así lo ratificó el Consejo de Estado al confirmar una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que concedió una acción popular a unos particulares que denunciaron un supuesto detrimento patrimonial a las arcas oficiales por procedimientos ilegales como la chatarrización ficticia de vehículos o la expedición de certificados falsos, encontrándose que un mismo vehículo aparecía varias veces chatarrizado.
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La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, revisó el fallo de segunda instancia y encontró evidencia de acciones encaminadas a evadir el cumplimiento de las políticas de modernización del parque automotor de carga del país.
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El Ministerio de Transporte también deberá llevar un control de pago de las cauciones que se impongan por incumplir con la chatarrización de los vehículos y revisar que el dinero ingrese a las arcas del Estado, además de ordenar las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar, si se encuentran registros contrarios a las disposiciones legales.
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