El exministro Néstor Humberto Martínez, abogado del gremio de los azucareros dijo en BLU Radio que la multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por cerca de 320 mil millones de multa a Asocaña, Ciamsa, Dicsa y doce ingenios azucareros por el presunto ‘cartel del azúcar’ “es una pena de muerte por resolución contra esa industria”.
"Las multas son de tal tamaño que de un solo tajo se impone una sanción que se lleva las utilidades de toda la industria azucarera nacional que se obtuvieron en el año 2014, en 2013 y más del 50 % de las utilidades en el año 2012", manifestó.
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Incluso, dijo que en el caso de Ciamsa, la multa equivale al 50 por ciento de su patrimonio y en el caso de Asocaña, tiene un patrimonio de 7.000 millones de pesos y la sanción que se le impuso es de 30.445 millones de pesos.
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Asimismo, el apoderado del sector azucarero se declaró confiado en que el superintendente, quién deberá resolver en un término de dos meses el recurso de reposición que interpongan los sancionados, reconsidere la multimillonaria sanción que les fue impuesta a sus representados por parte de la SIC.
“Son señalamientos que caen en el vacío y que carecen de prueba, lo cual lleva a que apelemos a la sensatez, al buen juicio y al sentido de responsabilidad de la autoridad que debe revisar esta decisión”, también el exministro dijo que, “no hay antecedentes en Colombia de una multa de esta naturaleza”.
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De otro lado, el experto en derecho de la competencia Juan David Gutiérrez, analizó desde la Universidad de Oxford, Inglaterra, la decisión de la SIC.
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“Se trata de un acuerdo para obstruir importaciones de azúcar, ese acuerdo entre competidores es un acuerdo que de probarse sería anticompetitivo, sería una forma de cartel prohibida por la ley colombiana”.
El experto aclaró que la sanción impuesta a los azucareros nada tiene que ver con la comisión de un delito ni conlleva responsabilidad penal.
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“Se está violando una norma de orden público, se juzga bajo el derecho administrativo y por eso se impone una sanción pecuniaria, no es penal, porque para que fuera penal tenía que haber incurrido en un acuerdo en relación con licitaciones públicas y ésta se trató de actos de mercados privados”, explicó.
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Gutiérrez también se refirió a los recursos jurídicos que podrían interponer los azucareros contra esta decisión de la SIC.
“Las partes pueden acudir a las jurisdicciones contenciosas, a la interposición de una demanda de nulidad contra los actos administrativos proferidos por el superintendente”.
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Los sancionados tienen cinco días a partir de hoy para que interpongan el recurso de reposición contra esta decisión ante el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.
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Los ingenios sancionados son:
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-Asocaña ($30.445 millones)
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-Ciamsa ($36.470 millones)
-Dicsa ($900 millones)
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-Ingenio Riopaila Castilla ($40.157 millones)
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-Ingenio del Cauca ($49.059 millones)
-Manuelita ($32.854 millones)
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-Ingenio Providencia ($35.399 millones)
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-Mayagüez ($28.732 millones)
-Ingenio La Cabaña ($18.419 millones)
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-Ingenio Pichichí ($13.399 millones)
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-Ingenio Risaralda ($16.687 millones)
-Carlos Sarmiento L. & Cia. Ingenio Sancarlos ($5.361 millones)
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-Ingenio Carmelita ($7.492 millones)
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-Central Tumaco en liquidación ($1.794 millones)
-Ingenio Maria Luisa ($2.223 millones)
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Por otra parte, las personas naturales sancionadas son:
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-Luis Fernando Londoño Capurro ($61 millones)
-Clemente Carlos Mira Velásquez ($91 millones)
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-Harold Antonio Cerón Rodríguez ($120 millones)
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-Juan José Lülle Suárez ($275 millones)
-Adolfo León Vélez Vélez ($409 millones)
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-Rodrigo Belalcázar Hernández ($60 millones)
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-Gonzalo Ortiz Aristizábal ($875 millones)
-Mauricio Iragorri Rizo ($492 millones)
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-Juan Cristóbal Romero Rengifo ($51 millones)
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-Andrés Rebolledo Cobo ($98 millones)
-César Augusto Arango Isaza ($998 millones)
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-Carlos Alberto Martínez Cruz ($210 millones)
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-Jaime Vargas López ($206 millones)
-Santiago Salcedo Borrero ($ 1.089 millones)
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